El presidente del Consejo Consultivo destaca la labor de la institución como garantía del buen gobierno
- El Consejo Consultivo aprobó el pasado año 696 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 208 recursos
- S. de Vega subraya el papel fundamental de esta Institución Propia encargada de velar por los derechos de los castellanos y leoneses en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad
- El número de dictámenes emitidos ha aumentado en 2022 casi un 27 % con respecto al año anterior, que fueron 549 dictámenes, siendo los más numerosos los correspondientes a asuntos de responsabilidad patrimonial, concretamente el 76 % (530 dictámenes)
- El 68,75 % (143) de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 %)
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha destacado, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para presentar la Memoria del pasado año, que en 2022 se emitieron 696 dictámenes y se resolvieron 208 recursos.
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoLa institución, integrada por el presidente, Agustín S. de Vega, y los consejeros Valle Ares, Francisco Ramos, y Juan Vicente Herrera, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, particularidad única en España.
S. de Vega subraya el papel fundamental de esta Institución Propia encargada de velar por los derechos de los castellanos y leoneses en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad, a la vez que resalta el acierto en un diseño que compatibiliza dos funciones jurídicas.
El presidente del Consejo Consultivo destaca la labor de la institución como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública. Del mismo modo recuerda que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal, y explica que ambos ejercen sus funciones con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional.
Más consultas de la administración autonómica: COVID-19 y cotos de caza
En cuanto a la función consultiva, la Memoria recoge que de los 696 dictámenes aprobados en 2022, casi un 27% más que en 2021, el 56,03 % (390) han sido solicitados por la administración autonómica, el 43,83 % (305) por las administraciones locales y uno por las universidades públicas.
Tras siete años en que las consultas mayoritarias eran de entidades locales, en 2022 han sido superadas por las procedentes de la administración autonómica debido fundamentalmente a la existencia de dos bloques novedosos: por un lado, de la Consejería de Sanidad, que además de las consultas habituales, ha solicitado dictamen en 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la COVID-19; y por otro, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha tramitado 78 expedientes de responsabilidad patrimonial ante el Consejo por perjuicios a los cotos de caza a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo. En ambos casos, los dictámenes del Consejo Consultivo han resultado desestimatorios.
Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 696 dictámenes, el 76%, es decir 530, son de responsabilidad patrimonial.
Por materias, el mayor número de dictámenes (161) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial; a continuación se sitúan 94 expedientes relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente), 85 de ámbito sanitario y 78 expedientes relativos a los daños y perjuicios sufridos por no proceder a la caza del lobo en cotos de caza.
Si relacionamos las materias sobre las que versan los expedientes de responsabilidad patrimonial con las provincias donde se instruye el expediente, destacan los relacionados con la pandemia, especialmente en Salamanca, Burgos y León; los de ámbito sanitario en Valladolid, León y Salamanca; y los relativos al ámbito vial en Valladolid, Salamanca y León. Una mayor frecuencia de un tipo de asunto no puede llevar por sí sola a la conclusión de que en dicha materia la provincia afectada presente especiales problemas o déficits. Con frecuencia los datos que se registran están más relacionados con la diligencia y cumplimiento de las administraciones afectadas que con la propia realidad provincial.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial tienen como referencia el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman. De este modo, Zamora, Valladolid, Burgos y León encabezan la lista de provincias de las que proceden más consultas. Concretamente, la provincia de Zamora es la que más dictámenes ha generado (124) debido a expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con la prohibición de la caza del lobo.
Por otro lado, S. de Vega ha incidido en la auctoritas del Consejo ya que el 96% de las decisiones administrativas se han tomado de acuerdo con los dictámenes del Consultivo.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2022 se resolvieron 208 recursos.
El 68,75% (143) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 %), seguido del de pliegos (35,58 %).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 32 actos recurridos (el 15,38%). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 77 (37,02 %).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 5.434.564.603 euros.