Consejo Consultivo de Castilla y León

Naturaleza del informe preceptivo al recurso. El órgano de contratación no responde a las alegaciones realizadas en el recurso. Carga de la prueba. El órgano de contratación no realiza ninguna argumentación sobre la alegada parcialidad de las puntuaciones técnicas realizas en el procedimiento y su motivación. No se acredita que el plazo de garantía ofertado sea temerario.

Entre los aspectos a valorar como criterios sujetos a de juicio de valor, se advierte en el PCAP que se tendrá en cuenta el alcance del plan de instalación, configuración de equipamiento suministrado y retirada del equipamiento antiguo, explicitándose que serán valoradas las condiciones ofertadas en cuanto a la planificación del suministro, horarios, procedimientos y métodos de desmontaje y almacenaje y auditoría posterior a la implantación, por lo que, a pesar de que no conste expresamente recogido que el plazo de ejecución será evaluado, lo que resulta plenamente coherente con los conceptos de planificación, procedimientos y métodos descritos, así como con la naturaleza de este tipo de contrato.

"La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes estatal, ha reafirmado la vigencia de la categoría de los contratos administrativos especiales para los aprovechamiento forestales, por lo que encomienda al Gobierno de la Nación oídas las comunidades autónomas, su regulación básica (artículo 36.8). No obstante, el artículo 36.4 de la Ley de Montes mantiene que los aprovechamientos forestales podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación. Por todo lo expuesto, a falta de la aprobación del régimen jurídico básico de los contratos públicos de aprovechamientos forestales que prevé el artículo 36.8 de la Ley de Montes, el presente procedimiento se configura como un procedimiento patrimonial, que queda, por tanto, excluido del ámbito de aplicación de la LCSP(artículo 9.1)."

Discrecionalidad del órgano de contratación para definir las obligaciones o prescripciones técnicas que conforman el objeto del contrato. El órgano de contratación para garantizar la continuidad del servicio y evitar su paralización, favorece al puntuar el plazo de implantación, al actual adjudicatario del servicio , porque no precisará plazo alguno para la puesta en marcha efectiva del servicio, a diferencia de si llega uno nuevo. La atribución de puntuación por el conocimiento de los sistemas informáticos inherentes a la prestación del servicio sólamente podría otorgar alguna ventaja a anteriores adjudicatarios del servicio, si las aplicaciones informáticas fueran exclusivas del Ayuntamiento.

Pliegos ley de contrato. Falta de congruencia en la oferta del licitador, pues a pesar de que sí indica que ofertan lo exigido en los pliegos, esta declaración difiere del contenido de la proposición realizada.

Vista al expediente. La empresa recurrente no ha impugnado las declaraciones de confidencialidad y que no se contiene en el recurso argumentación suficiente de la que pudiera deducirse de qué manera la falta de acceso a la documentación declarada confidencial le ha podido producir indefensión. Es correcta la exclusión de la empresa recurrente al desvelar datos pertenecientes al sobre C en el sobre B, relativo a los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas.

El criterio de adjudicación del incremento del plazo de garantía no es discriminatorio.La recurrente desconoce las garantías de las luminarias indicadas en el proyecto y los incentivos existentes para su extensión, por lo que erróneamente considera que el plazo establecido es desproporcionado y solicita uno más reducido.

La recurrente funda su impugnación en motivo distinto al que determinó su exclusión. Solo es admisible el recurso interpuesto contra el acuerdo de adjudicación por la empresa excluida si el acuerdo de exclusión adoptado no es conforme a Derecho. No habiendo sido objeto de recurso los pliegos que rigen el contrato, han sido aceptados y el licitador debe sujetarse a lo establecido en ellos, por lo que su exclusión no es el momento procedimental oportuno para su impugnación.

Fuera de plazo.

La recurrente parece entender que cualquier incremento en los medios técnicos y personales sobre el mínimo exigido por las normas que autorizan los Servicios de Prevención es nulo. En apoyo de su pretensión, adjunta la Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 362/2019, de 18 de marzo, en la que se precisan los requisitos mínimos que han de tener los servicios de prevención para ser autorizados, interpretación que no supone que no se puedan licitar mejoras sobre estos. La valoración contenida en los pliegos de los costes salariales se ajusta al II convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos.

Motivación. El recurrente no ha acreditado que se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios, ni se aprecia que se haya incurrido en omisión o error material al efectuarla y están amparadas por la referida discrecionalidad técnica de la Administración.

Exclusión del recurrente sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Indefensión por no permitirsele justificar la viabilidad de su oferta.

Oferta en presunicón de anormalidad. Procedimiento.Se considera suficientemente justificada la viabilidad de la oferta del adjudicatario, ya que no se aprecia incumplimiento de los aspectos laborales ni los cálculos responden a hipótesis o prácticas inadecuadas.

Valor estimado inferior a la cuantía prevista para el recurso especial.

Problemas técnicos con el uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público no acreditados.

La empresa adjudicataria se encontraba en baja pero justificó la viabilidad de su oferta en el momento procedimiental oportuno. Disonformidad con su puntuación. Discrecionalidad técnica.

La Mesa de contratación, contraviniendo el tenor literal del PCAP, para adaptarse al carácter vinculante de la respuesta facilitada a una consulta sobre el momento de presentar el informe del estado de conservación y mantenimiento de los jardines, no solicitó dicho certificado en el momento de la apertura del sobre A, ni consideró necesario solicitar la subsanación por su ausencia y aportación posterior.

Análisis del artículo 145.3.g) LCSP relativo a la posibilidad de utilizar el precio como único criterio de adjudicación en los contratos de servicios, en general, y en los servicios intensivos en mano de obra, en particular.

Cálculo del porcentaje de baja. Los argumentos esgrimidos en el recurso no resultan suficientes para desvirtuar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano de contratación en relación con la viabilidad de la oferta de la recurrente, basada en razones técnicas que determinan que la justificación ofrecida por el licitador no garantiza el normal desarrollo de la ejecución del contrato.

El establecimiento de criterios medioambientales debe efectuarse de acuerdo con la normativa sectorial, a fin de que su aplicación tenga carácter igualitario. La aplicación de la regulación de la preferencia en favor de las cooperativas de trabajo que establece el artículo 135 de la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de Castilla y León, como criterio de desempate de las ofertas, debe ceder en favor de la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación rectores de la LCSP y del art. 18.2.a) de la LGUM. Anulación de criterio de adjudicación que determina la anulación del pliego y del procedimiento de adjudicación.

La exigencia como criterios de adjudicación de contar con un plan de eficiencia energética, de calidad del servicio, de prevención de riesgos laborales o de responsabilidad social corporativa, no es conforme a derecho por infringir el artículo 146.2 de la LCSP. Fórmulas: umbral de saciedad. Aunque en el presente procedimiento formalmente los criterios dependientes de un juicio de valor no superan a los automáticos, por el diseño o definición de los criterios evaluables que se realiza materialmente sí lo hacen, por lo que se evade la previsión contenida en el artículo 146.2 a) de la LCSP y debería haberse nombrado un comité de expertos independientes con cualificación apropiada, o encomendar ésta a un organismo técnico especializado.

Requisitos de los criterios de solvencia.

El desistimiento supone un incumplimiento a lo resuelto por el Tribunal.

Cláusula de la que pueden desprenderse interpretaciones contradictorias, como efectivamente ha ocurrido, lo que en modo alguno puede perjudicar a los licitadores.

La formalización del contrato se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 153.3 de la LCSP, al no tener constancia de la interposición de ningún recurso especial en materia de contratación. La utilización del código CPV sólo constituye un criterio para identificar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato en el caso en el que no se prevean en los pliegos los requisitos de solvencia técnica.

Examen del expediente. Confidencialidad.

Contaminación de sobres -inclusión de información correspondiente a uno de los sobres en otra no puede hablarse de una posición única, sino que depende de las circunstancias del caso concreto, debiéndose valorar, en síntesis la información suministrada y su influencia en la decisión del órgano de contratación. Al procedimiento concurrió una sola empresa licitadora.

El motivo de fondo esgrimido por las empresas recurrentes, es su disconformidad con la valoración técnica realizada por el órgano de contratación de su proposición. No obstante, en la relación que se realiza comparando las puntuaciones no se indica una causa de nulidad ni siquiera se hace referencia a que estas sean arbitrarias o discriminatorias, únicamente se solicita una revisión o reevaluación de sus puntos.

La recurrente carecería de legitimación, porque la estimación de su pretensión no supondría como resultado ser adjudicataria del contrato. Si la empresa recurrente no consideraba suficiente la solvencia técnica o una incompatibilidad entre los objetos del contrato, tendría que haber impugnado los pliegos en el momento procedimental oportuno.

Subsanación de la documentación presentada para acreditar un criterio de adjudicación, siempre que estemos ante una acreditación documental que no suponga alteración de su oferta ni, por tanto, quiebra del principio de igualdad de trato ni de la libre concurrencia.

"La empresa recurrente para justificar su discriminación pretende alterar el objeto del contrato elegido por la Administración. Alegación que además de revelarse incongruente con la circunstancia de la participación de la licitación no solo de otras empresas, sino también de la propia recurrente, no acredita la concurrencia de ninguno de los supuestos de invalidez de los actos administrativos del transcrito artículo 47.1 LPAC. 

Debe recordarse que el contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de los fines que le son propios y es precisamente a esta a la que le que corresponde apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y la forma de hacerlo, por lo que la determinación de su objeto es una facultad discrecional, únicamente sometida a la justificación de su necesidad y determinada por el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa de contratación".

La empresa recurrente no acredita la existencia de problemas en la Plataforma de Contratación del Sector público.

Pérdida sobrevenida del objeto por la estimación de otro recurso.

Recurso meramente reproductor de otro desestimado, debe inadmitirse.

La oferta se ha formulado en un modelo distinto del señalado en los pliegos, pero que permite conocer la voluntad del licitador, no es necesaria la aclaración, debiendo admitirse la proposición.

Las especificaciones técnicas no deben crear obstáculos injustificados y sí proporcionar una diversidad de soluciones, sin condicionar una concreta, cuando existen varias en el mercado, supuesto que ocurre cuando se singularizan injustificadamente las prescripciones exigidas. Una cesión sin coste deun número de medidores indeterminado, vulnera el artículo 102.1 de la LCSP, que impone que el precio de todo contrato administrativo ha de ser un precio cierto y que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada, y de acuerdo con lo pactado.

Presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación.

Falta de justificación de la procedencia de la figura de la encomienda y de su idoneidad para satisfacer la necesidad requerida. Incumplimiento del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Excepcionalidad de la encomienda de gestión frente al procedimiento de contratación. Falta de adecuación de los trabajos objeto del encargo al objeto social y funciones de TRAGSA.

Exclusión. Discrecionalidad técnica.

La admisión de candidatos o licitadores como un acto de trámite cualificado.Presentación de la oferta en plazo en la Plataforma. En el expediente figuran los sucesivos intentos infructuosos de presentación, y de solventar los problemas técnicos que lo impedían.

Condición de ejecución relativa a que el edificio en el que se ubique la sede central o principal de las oficinas del adjudicatario cuente con certificación de eficiencia energética con etiqueta A o B. No queda justificado que se proyecte necesariamente sobre la ejecución de la prestación, porque la redacción de las normas urbanísticas puede realizarse fuera de la sede central o principal, esto es, en cualquier lugar que no cumpla con los referidos requisitos, aunque su sede principal sí lo haga. Podría ser discriminatorio con los técnicos previamente establecidos. No incorpora los necesarios parámetros objetivos para determinar cuándo la obligación se entiende cumplida, debiendo establecerse un control por la Administración en la fase de ejecución del contrato. La efectividad de la cláusula quedará a expensas de la buena voluntad del contratista.

Procedimiento negociado sin publicidad.Cuando la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular. el propio informe del Servicio de Informática muestra otras formas de prestar el servicio y que el fundamento del procedimiento de contratación elegido es esencialmente económica, una consecuencia de una situación estructural de sus instalaciones, que no justifica una vinculación permanente con la adjudicataria.

La recurrente no ha aportado en su recurso elementos de prueba suficientes que permitan desvirtuar la justificación de la exclusión de su oferta contenida en el informe técnico del Servicio y en el acuerdo de la Mesa de contratación. La aparente confusión entre los dos documentos integrantes de la oferta exigían una aclaración o subsanación del error material existente.

Los pliegos prohiben la subcontratación. Los enclaves laborales se configuran como una subcontratación de obras o servicios entre un centro especial de empleo y una empresa ordinaria. Los costes que figuran en la oferta económica de la adjudicataria muestran que no se aplicará a todos los trabajadores el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería , como se obliga en los pliegos.

Recurso anteriormente estimado (Resolución 23/2019).

El informe del órgano de contratación motiva suficientemente la falta de viabilidad de la oferta y refuta los argumentos, excesivamente genéricos y referidos más a la posición de la empresa en el sector que a la viabilidad de la oferta.

La presunción de anormalidad no está acreditada. EL órgano de contratación no la motiva adecuadamente. La presunicón de temeridad es por únicamente un 0,47 %.

Pérdida sobrevenida del objeto.

El código CPV consignado en los pliegos es erróneo. Convenio sectorial de aplicación. LCSP lo establece, como un límite, un elemento mínimo homogeneizador, un parámetro de referencia para evitar el dumping salarial en la licitación de los contratos públicos –evidentemente, mejorable por el convenio de empresa. Consecuencias de uan previsible alteración sobrevenida de las condiciones salariales de los trabajadores de una empresa contratista de servicios por causa del cambio en el convenio colectivo. Cuantía de la solvenica técnica exigida.

El presupuesto base de licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, y los costes salariales estimados a partir del convenio laboral sectorial, de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional.

Desaparición sobrevenida del objeto.

La obligación del desglose de los precios establecida en los pliegos. La actuación de la Mesa, al no permitir la subsanación pretendida, fue conforme a Derecho. No se trata de un mero error formal o material subsanable, porque la recurrente podría variar el precio del implante coclear o el precio el procesador una vez conocido el resto de las ofertas presentadas.

La oferta presentada no cumplía el requisito de identificación por colores y le otorgó en todos los lotes que ahora se impugnan cero puntos. Error formal en la consignación de unos puntos. Debe corregirse en la Resolución de adjudicación el error cometido, aunque no altere la puntuación total de los criterios evaluables mediante fórmulas en lo que respecta a los lotes objeto de recurso.No se pueden comparrar las diferentes presentaciones, como pretende la recurrente, al ser muy diferentes.

Discrecionalidad técnica. Falta de prueba. La aparente confusión entre los dos documentos integrantes de la oferta exigían una aclaración o subsanación del error material existente.

Ofertas incursas en presunicón de anormalidad. La Mesa de contratación valoró las justificaciones presentadas y concluyó que eran razonables y suficientes. Ni el cuadro de características ni el PCAP establecen consecuencia alguna para el caso en que se hayan presentado ofertas a más de dos lotes.

Recurso admitido una vez producida la formalización. Confidencialidad. No es admisible que un recurso se limite a manifestar la disconformidad con la adjudicación, sin alegar la existencia de vulneraciones concretas del ordenamiento jurídico ni argumentar adecuadamente sobre ellasa empresa ha podido examinar el expediente con excepción de la documentación que ha sido declarada confidencial.

Modificación sustancial del contrato en relación con los pliegos que han de regir el contrato, al acudir el órgano de contratación al procedimiento negociado sin publicidad frente a aquellos que regían el mismo contrato por el procedimiento abierto y cuya adjudicación ha sido declarada desierta. En ningún caso puede afectar los elementos esenciales del contrato, y que debe ser objeto de interpretación estricta.

La recurrente no ha impugnado los criterios de valoración incluidos en los pliegos. Error en la valoración de la oferta económica, de conformidad con la fórmula establecida en el PCAP. No obstante, al carecer de trascendencia a efectos de la adjudicación, por no variar el resultado final, la eficacia de la estimación queda limitada a los efectos meramente declarativos.

Contenido mínimo que debe contener la motivación de la adjudicación. Ausencia de motivación.

En la adjudicación de los contratos derivados la ley no contempla la posibilidad de negociación de las ofertas presentadas. El órgano de contratación ha utilizado en la valoración de las ofertas criterios de adjudicación que no estaban determinados en el pliego.

En los contratos con prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 %.

Fuera de plazo.

La notificación del requerimiento de documentación se realizó adecuadamente a través de la plataforma, entendiéndose rechazada por el destinatario al haber transcurrido 10 días desde que se puso a su disposición en la dirección del correo electrónico facilitada sin haber abierto ésta.

"La posibilidad de valorar la experiencia de los equipos propuestos. Criterios de adjudicación relacionados con la calidad. No se acredita por la entidad recurrente la insuficiencia de los plazos previstos de ejecución.El Tribunal no tiene atribuida la función de revisión general de los pliegos, por la simple mención o disconformidad con ellos por parte de los recurrentes. Doctrina emanante de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 9 de octubre de 2018, contraria a la inadmisión si no aparece indicado claramente el recurso a emplear y su plazo. La Sentencia indica: “A la vista de dicha cláusula, donde la información de recursos se expresa en términos condicionales en atención a la procedencia del acto y no al acto en concreto en sí, concluimos que la Administración infringió lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y tal infracción no puede repercutir negativamente en la parte actora hasta el punto de hacer inviable la revisión de la decisión administrativa que impugna, por lo que la demanda debe ser estimada en este punto”.

Procedencia de la prestación del servicio a través de los cauces de gestión indirecta.

El recurso especial en materia de contratación no está dirigido a conseguir una revisión general y abstracta de una decisión de un órgano de contratación, por el mero hecho de ser perjudicial para un licitador. Las valoraciones realizadas por el órgano de contratación no son arbitrarias. Están amparadas por la referida discrecionalidad técnica de la Administración, al tratarse de cuestiones que se han evaluado aplicando criterios estrictamente técnicos, por lo que el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. Las mejoras previstas y los criterios de ponderación fueron correctamente plasmados en el PCAP y fueron aceptados tácitamente por las partes al no haber sido impugnadas en el momento oportuno.

Interpretación sobre el contenido de los pliegos. Criterios de adjudicación.