Consejo Consultivo de Castilla y León

"Valor estimado del contrato. Convenio colectivo aplicable. El convenio tomado como referencia es el que se ha venido aplicando a los trabajadores que han prestado este servicio durante los últimos cuatro años. La controversia sobre la aplicación concreta de uno u otro convenio colectivo sectorial es una cuestión ajena a la contratación pública y, por tanto, los tribunales administrativos de recursos contractuales no deben pronunciarse sobre ello (salvo error ostensible, notorio y evidente en su aplicación), puesto que su conocimiento y resolución compete a la jurisdicción social".

"Los criterios sujetos a un juicio de valor se han aplicado de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro de características del PCAP. A la adjudicataria se le ha otorgado una puntuación que no se corresponde literalmente con las fórmulas previstas en los pliegos. Procede, por tanto, la estimación parcial del recurso. Al carecer de trascendencia a efectos de la adjudicación, por no variar el resultado final, la eficacia de la estimación queda limitada a los efectos meramente declarativos.

La composición de la Mesa se debe publicar en el perfil de contratante del órgano de contratación. La consideración de anormalidad, salvo que los pliegos establezcan expresamente otra cosa, debe referirse al conjunto de la oferta económica no a cada uno de sus componentes. El órgano de contratación excluye de manera automática al recurrente por la baja en el precio y no se indica nada sobre si esos precios permiten la correcta ejecución del contrato como alega la empresa recurrente. La solicitud de información y el rechazo de la oferta económica realizada por el órgano de contratación no se encuentran dentro de lo razonable y proporcionado y adolecen de errores formales y arbitrariedad.

El error en la oferta económica es  insubsanable, admitir la modificación solicitada, aun antes de la apertura de las ofertas económicas, podría suponer admitir la formulación de una nueva proposición.

El producto ofertado sí cumple los requerimientos previstos en los pliegos.

La forma de presentación de muestras que recoge el PCAP implica el conocimiento de datos que deben figurar en el sobre evaluable mediante la aplicación de fórmulas, lo que supondría la exclusión de la oferta, pero la no presentación de muestras también habría implicado la exclusión por incumplimiento de la solvencia técnica. No se impugnaron los pliegos (artículo 50.1.b) de la LCSP). La muestra presentada cumple el PPT.

Centros especiales de empleo “de iniciativa social”. No procede estimar la pretensión de modificación del PCAP para ampliar la reserva a todos los centros especiales de empleo, ya que con ello se infringen las previsiones de los artículos 99.4 de la LCSP y 43 del TRLGPCD y la disposición adicional cuarta de la LCSP. A través de estos preceptos, el legislador español ha hecho uso de la facultad de trasposición abierta por la Directiva 2014/24/UE, en su artículo 20, que carece de efecto directo, y con respeto de los límites que establece, lo que descarta una eventual discriminación de los CEE de iniciativa empresarial.

El recurrente no aporta indicios probatorios o argumentaciones suficientes en apoyo de su pretensión que pudieran evidenciar de qué modo haya podido existir arbitrariedad, ilegalidad o trato de favor en el informe de valoración respecto de las concretas puntuaciones que han obtenido cada una de las ofertas presentadas.

Obligatoriedad de exigir la utilización de medios electrónicos en la presentación de las proposiciones: el carácter de ley especial de la LCSP. Experiencia como criterio de adjudicación: calidad de los equipos concretamente propuestos por los licitadores para la ejecución de ese contrato. Nulidad de los pliegos.

Exclusión de la empresa recurrente por no haber ajustado su oferta al lote 1. Un error en una cláusula de las PPT no puede servir de fundamento para la exclusión de un licitador que cumple con parte de ella, cuando no puede cumplirla ningún licitador en su totalidad por resultar contradictoria.

El recurso realiza una oposición o queja genérica a las puntuaciones obtenidas: la recurrente no puede resultar adjudicataria del contrato en modo alguno ni obtener ninguna ventaja directa e inmediata de una eventual modificación de las puntuaciones obtenidas.

Vulneración del derecho de acceso a la información suficiente para interponer el recurso fundada en la confidencialidad de la información del artículo 140 TRLCSP. Necesidad de motivar la prevalencia de esta última por parte del órgano de contratación. Efectos de la estimación del recurso.

Extemporáneo.

Debe procederse. Solamente en caso de que todos los licitadores incumplieran los pliegos podría declararse desierto el contrato, como pretende el recurrente a la ejecución de la resolución judicial tal y como se indica en el Auto de ejecución de sentencia de 5 de julio de 2017, que es confirmado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid, de 5 de enero de 2018, corrigiendo las puntuaciones técnicas y económicas en los términos señalados en el PCAP, dejando sin efecto la propuesta de adjudicación del contrato.

Proposición desproporcionada o anormal. A la vista de la justificación de su oferta por parte de la recurrente y de las argumentaciones técnicas que asume el órgano de contratación como motivación para su exclusión, este Tribunal considera que el informe técnico argumenta suficientemente que la oferta de la empresa excluida no puede ser cumplida satisfactoriamente y que dicho informe contiene una motivación adecuada y suficiente de las razones en las que funda tal conclusión.

Falta de legitimación.

Extemporáneo.

A falta de prueba técnica independiente, este Tribunal no aprecia un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación ni su aplicación arbitraria o desigual o, en definitiva, otras infracciones formales que puedan sustentar la pretensión anulatoria ejercitada, que solo parece basarse en una diferencia de criterio del licitador sobre la puntuación que considera que debe asignarse a su oferta, sin aportar mayores pruebas que lo avalen.

Sí se permiten otros medios de prueba equivalentes para la certificación de calidad. La redacción de los pliegos es mejorable pero su contenido no es nulo.

No existe confusión sobre los datos a incluir en cada uno de los sobres. No cabe la revisión periódica y predeterminada de precios. Sí existe estudio de viabilidad.

El recurso no se dirige a denunciar el incorrecto cumplimiento de la Resolución 39/2018, de 31 de mayo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León -por ello, no se trata propiamente de un incidente de ejecución de una resolución previa- sino que esencialmente pretende revisar tal Resolución, porque al anular la valoración de las proposiciones realizada su ejecución le es desfavorable. La realización de una nueva valoración de las proposiciones existentes de acuerdo con las reglas previstas en el PCAP en ningún modo habilitaba a la recurrente, ni al resto de los licitadores, a cambiar las condiciones técnicas de su proposición o los productos ofertados.

Discrecionalidad técnica. Oferta en presunicón de temeridad no justificada adecuadamente. Motivación de la notificación de la exclusión.

Acceso al expediente. Confidencialidad. La declaración de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario. Subcriterios de valoración.

No se ha obrado de modo adecuado al excluir la oferta de la recurrente, al no constatarse su incumplimiento de las especificaciones establecidas en el PPT.

Justificación de la no división en lotes: razones organizativas, de eficiencia y económicas.

Licitador excluido en el acto de adjudicación por incumplir el objeto del contrato. Presunción de acierto y veracidad de los informes técnicos del órgano de contratación, emitidos por personas dotadas de una especial cualificación técnica.

La solvencia exigida es adecuada. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excede de una vez y media el valor estimado del contrato.

Exclusión por la presentación de una oferta desproporcionada. No se justifica adecuadamente por el licitador que se puede llevar a cabo.

Fórmula matemática: el resultado no varía si el cálculo se realiza sobre la baja numérica ofertada o sobre el porcentaje de baja, puesto que en ambos casos se obtiene la misma puntuación. Error en la valoración reconocido por el propio órgano de contratación. No obstante, la eficacia de la estimación queda limitada a los efectos meramente declarativos, porque su correción no varía el resultado final.

Confusión sobre los datos introducidos en los sobres. Se ha vulnerado el secreto de las proposiciones y ello ha podido influir en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas.

Para que proceda la acumulación es preciso que, aunque una de las empresas que integran la UTE no alcance las condiciones mínimas de solvencia técnica y profesional exigidas en el pliego, tenga un mínimo de solvencia y no una carencia total y absoluta de solvencia técnica o profesional.

Extemporáneo.

La solvencia de la empresa no se ha acreditado conforme a las determinaciones del PCAP.

Bajas-proposiciones temerarias. La decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no técnicamente corresponde al órgano de contratación, que debe valorar las alegaciones realizadas, las justificaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes técnicos emitidos por la Administración.

Consecuencias del error en la oferta económica. En este caso, se abrían múltiples interpretaciones que hacían más que dudoso el sentido de la proposición y el defecto fue subsanado, no ya por el ofertante, mediante una simple aclaración o la subsanación de errores materiales manifiestos, sino por la propia Administración que efectúa una reformulación de la oferta.

Cada licitador no puede presentar más de una proposición. Empresas vinculadas.

Existe una clara contradicción entre los apartados 20.1.1 y 15.1.2 del cuadro de características del PCAP, por lo que no es posible realizar una mera aclaración de los pliegos.

Error de hecho en la oferta económica.

"La utilización de criterios sociales o medioambientales como criterios de adjudicación (TRLCSP) y su vinculación al objeto del contrato no puede venir definida, sin más, por el carácter social de la entidad contratante, pues ello supondría tanto como afirmar que tales entidades podrían incluir siempre aspectos sociales como criterios de adjudicación, con independencia de cuál sea el objeto del contrato y de la vinculación del tal criterio con el objeto contractual; lo que no es correcto. Por ello, la circunstancia alegada por el órgano de contratación no es suficiente, por sí sola, para admitir que los pliegos puedan incluir cláusulas sociales prescindiendo de su vinculación con el objeto del contrato, máxime cuando estas no se refieren, en modo alguno, a la oferta sino a las características de la empresa.

La filtración de los pliegos, en el caso de que estuviera acreditada –lo que no consta en este supuesto-, sería una cuestión ajena al procedimiento de contratación. Debe precisarse la nomenclatura CPV correspondiente a cada uno de los lotes objeto del contrato, a fin de evitar confusión y facilitar la presentación de la documentación, en particular la relativa a la solvencia".

Las ofertas deben ajustarse a los términos de los pliegos. La propuesta técnica del recurrente excede en su ocupación los límites de la parcela fijada -como se define en el Anexo al PPT y en la documentación gráfica facilitada a los licitadores-.

La empresa recurrente cometió el error de vulnerar el orden procedimental, lo que supone un defecto formal que desvela el secreto de la oferta.

La empresa recurrente no presentó las muestras solicitadas a tiempo.

Acceso al expediente de contratación. Confidencialidad. El contenido de la notificación no ha permitido a la recurrente interponer un recurso suficientemente fundado, por lo que tal notificación no resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP.

La fórmula es correcta porque responde al principio de proporcionalidad, por lo que no es necesario descontar a las ofertas el valor mínimo fijado como referencia, como pretende la empresa recurrente, porque este cambio lo único que alteraría es la cifra final de la puntuación, pero no la relación de proporcionalidad entre los licitadores, que quedarán colocados en el mismo orden. Incumplimiento de los límites de la revisión de precios, previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española. La garantía provisional solicitada no se considera excesiva.

Subsanación de ofertas. No consta acreditada arbitrariedad en la aplicación de los criterios de adjudicación. Discrecionalidad técnica.

Se acredita que los precios de licitación sí se corresponden con los precios de mercado. Respecto a que las características de la bomba de infusión asociada al lote 1 solo las cumpliría la ofertada por la empresa recurrente cabe señalar que la afirmación es genérica y sin fundamentar, por lo que no puede realizarse el análisis de la pretensión formulada. Concepto de error material.

Falta de legitimación. El licitador excluido del procedimiento de contratación carece del interés exigible en el artículo 42 del TRLCSP.

La empresa ha presentado justificación de la baja de la oferta, que no se considera suficiente para garantizar la viabilidad de la ejecución del contrato. Los pliegos establecen la posibilidad de subcontratación, cuyo porcentaje ha limitado hasta un máximo del 5% del importe adjudicado. La empresa recurrente debió haber recurrido los pliegos en el momento adecuado si no estaba de acuerdo con tal previsión.

La cuestión de fondo sometida a la decisión de este Tribunal se centra sustancialmente en la ejecución del la Resolución 71/2017. Ordenaba retrotraer el expediente al momento de valoración de las proposiciones para que esta se lleve a cabo con arreglo a los criterios de adjudicación, valoración que en modo alguno puede entenderse, como pretende el recurrente, como una imposibilidad de excluir a las empresas si no cumplen con lo preceptuado en los pliegos.

Confidencialidad. Indeterminación de las mejoras: la introducción de variantes o mejoras como criterio de adjudicación exige una relación directa con el objeto del contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos y el establecimiento de una ponderación, cuestión esta que no sucede en el caso examinado. Posibilidad de sustitución de unas mejoras por otras del mismo importe.

La introducción del criterio de adjudicación "la subcontratación del transporte con Centros Especiales de Empleo o realización del mismo con personas con discapacidad” introduce un grave elemento distorsionador por su falta de compatibilidad con la obligación de subrogación del personal establecida en los pliegos, lo que a falta de motivación desvirtúa el principio general de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa e impide a los interesados en esta licitación hacerse una representación exacta sobre qué contenido debe tener la proposición a presentar.

No es admisible, por ir en contra del efecto útil de la Directiva de recursos, una interpretación del artículo 145.1 del TRLCSP que permita la existencia de graves causas de nulidad de pleno derecho, o infracciones de los principios básicos de la contratación pública, por presumir el consentimiento o aquiescencia del licitador por su mera participación en la licitación. La condición de arraigo territorial (ej. local abierto con anterioridad) no puede operar como un criterio de valoración ni como un criterio de admisión, aunque sí cabría como un compromiso de adscripción de medios.

El órgano de contratación no pudo verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la oferta presentada por la empresa recurrente ya que su proposición dio lugar a distintas interpretaciones. Se presentó un catálogo general, un mero folleto con variadas opciones.

La controversia radica en si la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas puede ser exigido, en el presente contrato, como habilitación empresarial o profesional, teniendo en cuenta la normativa de aplicación, o, en su caso, como requisito de solvencia técnica o profesional. Se concluye que tal requisito no es legalmente exigible, por lo que tal inscripción no podría configurarse como requisito de habilitación profesional.

Se considera que el contrato está correctamente calificado. El informe del órgano de contratación obrante en el expediente justifica la prohibición de subcontratar los servicios inherentes a la autoridad de certificación. Los pliegos no contemplan la creación de un título oficial en formato electrónico con valor legal en sí mismo, no se le solicitó aclaración de la oferta, conviene señalar que no estamos en presencia de un error aritmético o material susceptible de corrección, aclaración o subsanación y que una vez presentada la oferta no cabe posibilidad de modificación, sin que exista obligación alguna para el órgano de contratación de solicitar su subsanación, por lo que el licitador debe soportar las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia. Si la empresa recurrente no estaba conforme total o parcialmente con los pliegos o dudaba de su legalidad, debió impugnarlos en el momento oportuno.

La legitimación para recurrir se basa en la existencia de un potencial beneficio en su ejercicio, sin que pueda resultar admisible la formulación de pretensiones en defensa de la abstracta legalidad y que no supongan la modificación de la situación jurídica del recurrente en virtud del recurso formulado. La empresa recurrente fue previamente excluida del procedimiento de licitación. Dicha Resolución fue objeto de recurso especial y confirmada por la Resolución 7/2018, de 1 de febrero, de este Tribunal.

"Constan en forma resumida y de modo suficiente, las razones por las que no se ha admitido la oferta de la empresa recurrente. La proposición presentada por la recurrente no se adecua al objeto del contrato previsto en los pliegos. Si la empresa recurrente no estaba conforme total o parcialmente con los pliegos o dudaba de su legalidad debió impugnarlos en el momento oportuno.

La previsión de que una de las actividades básicas del servicio de teleasistencia domiciliaria pueda realizarse por voluntarios y que esta circunstancia pueda ser valorada dentro del proyecto técnico contraviene los principios de igualdad y libre competencia.

La oferta de la empresa adjudicataria sí cumple los pliegos. Los certificados o las certificaciones técnicas son criterios vinculados a la capacidad técnica de la empresa (solvencia) y no al objeto (adjudicación), no cabe su empleo como criterio de adjudicación, por lo que cabría declarar la nulidad de dicho criterio de adjudicación. No obstante, los pliegos no han sido impugnados por las partes y estos constituyen la ley del contrato, que vincula tanto al órgano de contratación como a los licitadores.

Delimitación de los negocios patrimoniales y de los contractuales. El régimen jurídico del objeto del contrato y del régimen establecido en el PCAP es incompatible con el establecido en el TRLCSP.