Consejo Consultivo de Castilla y León

La motivación recogida en los informes del órgano de contratación se considera suficiente para justificar la exclusión de la oferta, en la medida que realiza cálculos e identifica valores y conceptos omitidos o no justificados, total o parcialmente, por la recurrente que impiden considerar viable la oferta presentada. Carácter meramente instrumental y finalista de la notificación, en cuanto instrumento que permita al licitador conocer los motivos que han llevado al órgano de contratación a tomar su decisión. La recurrente ha tenido conocimiento de los informes de valoración de las ofertas técnicas y, en particular, del informe que motiva la exclusión de su oferta por considerarse anormal o desproporcionada, y que ello le ha permitido conocer los motivos de su exclusión, el hecho de que la notificación de la adjudicación carezca de la motivación y del contenido exigido en el artículo 151.4 del TRLCSP, aun siendo un defecto formal evidente, carece de trascendencia invalidante y no conlleva, por tanto, la anulación del acto, al no causar indefensión a la recurrente.

La controversia no versa tanto sobre la falta de aportación por la empresa de la documentación subsanatoria o sobre la insuficiencia de ésta, sino que deriva de la interpretación y valoración por la Mesa de contratación de la veracidad de la documentación aportada. La Mesa de contratación pudo y debió solicitar aclaración al licitador sobre la autenticidad del sello y de la fecha que consta en la última página de las cuentas anuales aportadas, en concreto sobre su correspondencia con la realidad registral, en lugar de acordar la exclusión de aquél por esta sola circunstancia.

Doctrina general sobre los criterios de solvencia exigibles en la contratación pública. Aplicación analógica de las normas relativas a la solvencia del empresario en relación a la experiencia exigida al personal de la empresa. Falta de proporcionalidad de la solvencia exigida que contraviene el art. 62.2 TRLCSP y limitación de los medios para su acreditación que vulnera el principio de libre concurrencia. Inexistencia de discriminación a favor de contratistas previos prohibida por el art. 45 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y 32.d) del TRLCSP.

Una anterior Resolución de este Tribunal ha sido correctamente ejecutada por el órgano de contratación. Los criterios seguidos por el órgano de contratación para realizar las valoraciones de los criterios de adjudicación han sido razonables e iguales para todos los licitadores. No hay ningún vicio formal o material en ella, por lo que el análisis de la valoración otorgada está vedada a este Tribunal.

Como regla general las certificaciones de calidad podrán exigirse en los pliegos como requisito de solvencia técnica, pero no como criterio de adjudicación El órgano de contratación no ha justificado en sus informes la vinculación de dicho criterio de adjudicación al objeto del contrato ni tampoco que la aportación de estas certificaciones de calidad sea determinante de una mejor oferta relevante para la calidad de la prestación objeto del contrato.

Contratación de la gestión y explotación de la ordenación y regulación de los aparcamientos en superficie (ORA), del servicio municipal de retirada y depósito de vehículos (Grúa) y de aparcamientos subterráneos, en la modalidad de concesión. Excesiva acumulación de objetos. El hecho de que las prestaciones tengan alguna interdependencia, no significa que sean complementarias o que exista una relación directa entre ellas. Discrepancias en los informes obrantes en el expediente sobre el sistema de ayudas públicas del contrato que complementan al sistema de retribución y su posibilidad de alterar la transferencia de riesgos propio de la concesión. La ausencia de datos más concretos en el estudio económico, hace necesario que el nuevo procedimiento de contratación analice y justifique expresamente las circunstancias que permiten la ampliación del plazo de duración del contrato.

Cómputo del plazo para subsanar. La documentación exigida para acreditar la solvencia económica y financiera es clara, no ofrece duda sobre los aspectos concretos a subsanar. La falta de presentación en plazo de la documentación requerida solo puede ser imputable a la recurrente.

Incongruencia del estudio económico con la oferta formulada por la recurrente, que determina conforme al PCAP que no se le asigne puntuación en el criterio de apreciación automática relativo a la proposición económica.

La empresa recurrente no ha logrado acreditar que la valoración realizada fuera desproporcionada y arbitraria. Se aplica la llamada “discrecionalidad técnica”.

Error humano en la presentación de la documentación dirigida al Servicio de Contratación al creerse que el lugar de entrega estaba cerrado. El plazo de diez días hábiles que prevé el artículo 151.2 TRLCSP para la aportación de la documentación no puede ser rebasado. 

La empresa no subsanó en el plazo previsto, sino que simplemente alegó que se encontraba en trámites de presentar la oportuna solicitud de certificado de excepcionalidad. Posibilidad de ampliar el plazo previsto para la subsanación de solicitudes.

Recurso inicialmente inadmitido, se dicta Resolución en cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (sede Valladolid) de 10 de mayo de 2016. Interés legítimo de una empesa no licitadora. Incumplimiento de la publicación exigida en el Reglamento CE 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carreteras . En el expediente no constan claros los criterios seguidos para calificar como concesión este contrato. La Directiva 2014/23 UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adjudicación de contratos de concesión,hace pivotar el concepto de concesión sobre la existencia de riesgo operaciona.

Resulta preceptiva la publicación del anuncio de licitación en el DOUE y su ausencia constituye un vicio de nulidad de pleno derecho. Aplicación directa de los artículos 1 y 4 de la Directiva 2014/24/UE, al contener éstos un mandato claro, preciso e incondicionado.

La proposición ofertada no cumple los requisitos formales contenidos en los pliegos. Posibilidad subsanación de la oferta. No indicar correctamente las condiciones técnicas de unos productos tan complejos o presentarlas sin respetar una estructura hace inviable el trabajo de su valoración.

La proposición ofertada por la adjudicataria (cero euros en varias categorías) no es contraria a derecho, ya que no anula la nota de onerosidad del contrato, en la medida que puede entenderse que el coste de esos servicios se retribuye con cargo al precio general ofertado.

Se considera correcta la actuación de la Mesa de contratación de excluir a la empresa y no concederle un plazo de subsanación para modificar su oferta, ya que la subsanación que pretende la recurrente no afecta a un mero error material o formal, por lo que tampoco puede ser admitida su pretensión.

La presentación de variantes que no se hayan previsto de forma expresa en los pliegos supone la presentación de proposiciones simultáneas o alternativas, por lo que deben rechazarse todas las presentadas.

Recurso contra la adjudicación del licitador propuesto como adjudicatario por no acreditar la disponibilidad de los medios que debe adscribir a la ejecución del contrato conforme a los artículos 64.2 y 151.2 del TRLCSP. Exigencia al profesional de la misma experiencia exigida al licitador conforme a las determinaciones del PCAP no impugnado por falta de proporcionalidad o de idoneidad. Denegación de la práctica de la prueba testifical propuesta por improcedente conforme al artículo 46.4 del TRLCSP.

La exclusión del licitador aparece debidamente fundamentada al no ajustarse la muestra a las características previstas en el PPT.

Interpretación del sentido del pliego en cuanto a la extensión máxima en la que deben presentarse las mejoras.No es conforme al Derecho de la contratación del sector público, hacer depender de un elemento formal la validez del cumplimiento de un requisito material o sustancial debidamente cumplimentado.

El efecto directo de la Directiva de Concesiones se aplica a los expedientes de contratación que se aprueben con posterioridad a la fecha en que finalice el periodo de transposición. La nueva Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, tras el vencimiento del plazo de transposición reemplaza el régimen jurídico del contrato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión (que no estaba sujeto a regulación armonizada) por el contrato de concesión de servicios. En el presente contrato el valor estimado es inferior al señalado en el artículo 8.1 de la Directiva 2014/2023 de concesiones y actualizado por el Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la Comisión (5.225.000 euros)

Falta de legitimación.

Recurso contra la adjudicación realizada por el procedimiento negociado sin publicidad del artículo 170.d) del TRLCSP justificada en razones de orden técnico y por la existencia de derechos de exclusiva a favor de una sola empresa. Denegación de la práctica de la prueba propuesta por innecesaria conforme al artículo 46.4 del TRLCSP.

La voluntad del órgano de contratación no ha sido la de sustituir la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto por una adjudicación por procedimiento negociado, sino cubrir el eventual retraso en la adjudicación del contrato, derivado del retraso ocasionado por la fecha en que se le notificó la Resolución nº 11/2016 de este Tribunal. Por su parte la empresa recurrente en lugar de presentar un incidente de ejecución por considerar que se incumple la referida Resolución, después de participar en el procedimiento negociado sin publicidad en el que no ha resultado adjudicataria, interpone un recurso especial contra el procedimiento negociado, en el que alega el incumplimiento de aquella Resolución.

Legitimación de asociación profesional para interponer recurso especial. Admisión de la justificación de ofertas anormales o desproporcionadas apelando a una disminución de los beneficios empresariales o incluso a pérdidas. Determinación por el PCAP de la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera. Compatibilidad entre penalidades e indemnización de daños y perjuicios por daños causados a terceros o a la Administración.

La expresión “o equivalente” tiene por objeto permitir presentar ofertas de productos que puedan satisfacer de igual forma las necesidades que mediante el contrato pretende satisfacer el órgano de contratación.

Extemporáneo.

Falta de legitimación. Extemporáneo

Contrato de servicios en materia de seguridad y salud para todos los proyectos de obra que se redacten por los servicios técnicos de la Diputación Provincial y las obras y servicios que contrate. En el presente supuesto el sorteo puede considerarse una solución adecuada al no existir en los pliegos ningún criterio para deshacer el empate.

Este Tribunal aprecia que la valoración realizada por el órgano de contratación se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica de la Administración.

No se constata un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación, ni su aplicación arbitraria o desigual. La pretensión anulatoria ejercitada solo parece basarse en una diferencia de criterio del licitador sobre la puntuación que considera que debe asignarse a su oferta, sin aportar mayores pruebas que lo avalen, discrepancia que, a falta de prueba técnica independiente, se resuelve a favor del criterio mantenido por la Administración, por las garantías de imparcialidad. Por otro lado, la oferta ejuiciada se ha realizado de conformidad con la referencia que proporciona la Base de Precios de Paisajismo de la anualidad definida en el PCAP como se exige en los pliegos.

La proposición del licitador adolece de defectos insubsanables, ya que en ella no constan propiamente identificados todos los medios adscritos, no aparece debidamente acreditado el curriculum vitae, tal y como se exige en el cuadro de características del PCAP, ni tampoco se justifica del modo previsto en el PCAP la acreditación de la experiencia mínima que se exige.

Extemporáneo.

Análisis de la oferta presentada. No se constata la existencia de variantes no previstas en los pliegos.

Discrecionalidad Técnica. Son ajustadas a Derecho de las valoraciones técnicas realizadas, carece de sentido la alegación del precedente administrativo o el vicio de arbitrariedad por el hecho de no tener una puntuación similar a la recibida en la anterior convocatoria.

Recurso contra la adjudicación realizada mediante la aplicación inadecuada de la fórmula prevista en el PCAP para la valoración de la oferta económica. La tesis del recurrente se aparta de la literalidad del pliego y de los principios de control de gasto y de eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª TRLCSP), conforme a los que habrá de recibir la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja el que presente el superior, y de la regla del precio más bajo del artículo 150.1 TRLCSP, que debe observarse tanto cuando sea uno solo como varios los criterios de adjudicación. Consecuencias de la formalización de un contrato una vez que se ha interpiuesto un recurso especial, Desestimación.

"Los pliegos únicamente establecen que se considerarán mejoras solamente aquéllas que no supongan un coste para el poder adjudicador, sin especificar sobre qué aspectos del servicio deben recaer éstas, por lo que la distribución de los puntos adicionales por mejoras es totalmente indeterminada, sin que los licitadores puedan aventurar sobre qué elementos habrán de proponerse las mejoras y si serán mejor o peor valoradas. Por otro lado, este Tribunal aprecia que otra cláusula referente a los criterios subjetivos de valoración- no determina el modo en que se van a distribuir los puntos asignados en los diferentes apartados.

La cláusula referida a la fórmula matemática es correcta, ya que su aplicación supone el reparto de la puntuación de un modo proporcional a la oferta económica presentada y a las bajas que en su caso se realicen sobre ella."

Extraodinario retraso del órgano de contratación en la remisión del recurso.La clasificación exigida a los licitadores no es ajustada a derecho, ya que la exigencia de un número de subgrupos superior al establecido en el artículo 46 del RGLCAP, sin justificación suficiente que motive la excepcionalidad de su exigencia, conlleva una restricción injustificada del principio de libre concurrencia que rige la contratación.

Recurso contra la adjudicación. Diferenciación entre el contrato de gestión de servicio público y el de servicios. Inadecuada calificación del contrato como de gestión de servicio público al no ser asumido por el contratista el riesgo de explotación. Puesta de manifiesto a las partes de la causa de nulidad de pleno derecho del procedimiento de adjudicación apreciada por el Tribunal ante la falta de publicidad de la licitación en el DOUE. Nulidad de todo el procedimiento al amparo de los artículos 37.1.a) del TRLCSP y 62.1.e) LRJPAC.

No concurre el presupuesto contemplado en el artículo 155.4 TRLCSP para efectuar la renuncia del contrato, sin perjuicio de una revisión de los pliegos y del procedimiento de contratación si se llega a probar que en su redacción si se infringieron otras normas legales que favorecieron la adjudicación del contrato a favor de la empresa recurrente contraviniendo los principios de igualdad y transparencia en la licitación.

Normas aplicables a la adjudicación de contratos SARA por poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública. Examen del artículo 190.1.a) TRLCSP en relación con la inaplicación de los artículos 152.1 TRLCSP y 85 RGLCAP, en adjudicaciones regidas por un único criterio, cuando además ni el PCAP -ni el PPT- establece parámetros para apreciar la desproporción o anormalidad de la oferta. Anulación del acuerdo de exclusión y retroacción del procedimiento para la adjudicación del contrato a la oferta de precio más bajo conforme al artículo 150.1 del TRLCSP.