Consejo Consultivo de Castilla y León

Aplicación del artículo 16.2 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales. El plazo para interponer un recurso especial en materia de contratación, cuando se interponga contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, es de 15 días, computados a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. La empresa recurrente tuvo conocimiento de la adjudicación el 29 de octubre de 2015, fecha en que presentó un escrito a la solicitando información “para conocer el contenido completo del expediente."

Se admite un concepto amplio de onerosidad, lo que conlleva la posibilidad de ofertar cero euros por alguna de las prestaciones que integran el contrato, al entenderse que el coste de los servicios ofertados a cero euros podía considerarse incluido en el precio general del mismo.

Discrepancias con el valor estimado del contrato. Los pliegos de este contrato de servicios no son susceptibles de recurso especial en materia de contratación -cuantía por debajo del umbral-.

Contrato que está fuera del ámbito del recurso especial en materia de contratación.

En la resolución de adjudicación y en su notificación figuran únicamente las puntuaciones asignadas a las empresas licitadoras pero sin fundamentación alguna.

Exclusión correcta. Vulneración del secreto de las proposiciones.

Inclusión en el sobre B, correspondiente a los criterios subjetivos, de documentación relativa a las mejoras evaluables mediante fórmula matemática, que debió incluirse por el licitador en el sobre C. Vulneración del carácter secreto de las proposiciones previsto en el artículo 145.2 TRLCSP y vinculado al principio de igualdad de trato y no discriminación del artículo 1 TRLCSP. Exclusión procedente. Desestimación.

Legitimación excepcional de una empresa excluida para impugnar la adjudicación. El propio informe del órgano de contratación considera que el adjudicatario incumple los pliegos del contrato. La oferta del adjudicatario no cumple los requisitos exigidos en los pliegos.

Las empresas recurrentes han tenido un conocimiento cabal de las razones determinantes de la adjudicación y la información necesaria para conocer la aplicación de los criterios establecidos para adjudicar el contrato e interponer recurso suficientemente fundado, por lo que no se ha producido en este caso indefensión. No se determina motivadamente la causa de nulidad en la que incurren los criterios y su aplicación y sin que se justifique de qué modo ha podido ocasionar a las recurrentes indefensión o perjuicio, esto es, no se justifica cómo han podido repercutir, de un modo directo, o indirecto, en la correspondiente esfera jurídica de sus intereses. No es suficiente que se señale de un modo genérico la pretendida nulidad y que se sugiera que la redacción de los criterios ha podido determinar la presentación de mejoras no previstas en los pliegos. El recurso especial en materia de contratación no está dirigido a conseguir una revisión general y abstracta de una decisión de un órgano de contratación, por el mero hecho de ser perjudicial para un licitador. Posibilidad de admitir aclaraciones a las ofertas presentadas. Este Tribunal considera que se han valorado las ofertas presentadas dentro del margen de discrecionalidad técnica que posee la Administración.

Extemporáneo.

La notificación individual practicada está viciada de nulidad, al carecer de la motivación exigida, y el recurso debe estimarse por este motivo.

El error de haber reseñado en el desglose de la oferta el importe correspondiente a los dos años de duración del contrato inicial, en lugar de a un año conforme al modelo, fue detectado y aclarado de manera inmediata a la lectura de las proposiciones en el mismo acto público de apertura. Tal aclaración además de ser la única alternativa posible, no altera la proposición inicialmente formulada ni entraña "ninguna modificación del sentido de la misma que pudiera favorecer a esa empresa después de conocer el contenido de la oferta presentada por la recurrente, antes al contrario, no significa otra cosa más que la simple confirmación de lo que se desprende de la propia oferta sin margen de duda”.

Criterio antiformalista de actuación de la Mesa. La Mesa de contratación está facultada para solicitar un informe técnico para verificar si la oferta presentada se ajusta o no a lo establecido en los pliegos. La valoración de la oferta económica debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado adecuada su viabilidad, lo que no significa que se recalculen nueva y reiteradamente las bajas. Únicamente debe efectuarse el cálculo de la puntuación, sin incluir a las empresas no admitidas.

Extemporáneo. La empresa recurrente parece computar el inicio del plazo desde que recibió la notificación y no, como dice la Ley, desde que esta fue remitida.

Cálculo de la baja desproporcionada: La valoración de las ofertas realizada por la Administración contratante es correcta y, por el contrario, la realizada por la empresa recurrente es errónea, dado que, al calcular la nueva media, excluye del cómputo a las empresas cuyas ofertas eran inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, en lugar de excluir a las empresas cuyas ofertas eran superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales.

El informe técnico da completa respuesta a las alegaciones presentadas y no es posible sustituir el juicio técnico del informe, que se entiende motivado, razonable y no arbitrario, por el de éste Tribunal. El órgano de contratación no solicita el informe justificativo de la oferta con valores anormales o desproporcionados, al considerar que la oferta era viable en función del resto de criterios objeto de valoración. No obstante, constatada la irrgularidad procedimental, el error carece de transcendencia, la diferencia entre su oferta y la baja temeraria era mínimo y la propisción de la empresa carece de opciones reales de ser adjudcataria.

La recurrente manifiesta que la adjudicataria de solvencia técnica pero no indica por qué. El acuerdo de adjudicación y la notificación individual practicada están viciadas de nulidad, al carecer de la motivación exigida, y el recurso debe estimarse por este motivo.

La recurrente manifiesta su disconformidad con la valoración realizada a las mejoras presentadas, pero no detalla ni argumenta por qué su proposición es mejor que la presentada por la adjudicataria, ni en qué parte concreta de la valoración se ha sido arbitrario. Igualmente no acredtia por qué la Mesa carece de cualficación técnica y la adjudicataria de solvencia técnica.

De la documentación obrante en el expediente se constata que la oferta del adjudicatario no cumple los requisitos exigidos en los pliegos. El certificado presentado por la adjudicataria no es un certificado estricto sensu, sino un mero informe de ensayo, de una empresa que no está acreditada por ENAC, ni por otro organismo independiente acreditado a nivel europeo, para emitir certificaciones en base a la UNE-EN 13150.Asimismo dicho informe se refiere a un módulo concreto y no a toda la gama de mesas a las que se refiere el contrato.

Procedimiento previsto legalmente para determinar si una proposición es o no desproporcionada o anormal. Análisis de los artículos 151 y 152 TRLCSP. La regulación encaminada a establecer el referido iter procedimental es indisponible para las partes por constituir normas de derecho necesario. El cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia.

Extemporáneo. El propio recurrente indica cuándo tuvo acceso a los pliegos, por ello de la fecha del dies ad quo.

Procedimiento previsto legalmente para determinar si una proposición es o no desproporcionada o anormal. Análisis de los artículos 151 y 152 TRLCSP. La regulación encaminada a establecer el referido iter procedimental es indisponible para las partes. El cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia. Desestimación.

La oferta presentada por la adjudicataria cumple con los requisitos exigidos en el PCAP, ya que tan sólo omitía uno de los datos que habían de figurar en el exterior de los sobres y una deficiente información en la carátula de la documentación técnica, al indicar que concurría al lote nº1 cuando en realidad concurría a los tres, tal y como se pone de manifiesto en la documentación aportada -que se corresponde con los tres lotes- y está perfectamente diferenciada para cada uno de ellos.

El acto de trámite de vista del expediente no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, pues no puede considerarse un acto de trámite cualificado, a los efectos del artículo 40.2.b) del TRLCSP, ya que la eventual indefensión o perjuicio sería reparable al ser susceptible de impugnación el posterior acto de adjudicación. La notificación de la adjudicación a la empresa recurrente cumple las exigencias del artículo 151.4 del TRLCSP. La empresa recurrente no ha apuntado en ningún momento cuáles son los motivos de oposición a la adjudicación. El órgano de contratación ha posibilitado el acceso al expediente en la parte no afectada por la confidencialidad. Se cumple el doble requisito para no divulgar la información facilitada por los licitadores: que lo acuerde el órgano de contratación y que lo haya así designado el empresario. Inadmisión.

Extemporáneo.

Recurso contra el PCAP y el PPT. Legitimación de empresa no participante en la licitación. Competencia del órgano de contratación para la determinación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer y la idoneidad del objeto y contenido del contrato sin que sea facultad de los licitadores exigir un determinado objeto contractual. En función de dicha definición los eventuales interesados deben adoptar la decisión de presentar sus ofertas a las licitaciones si les conviene. No cabe apreciar vulneración del principio de concurrencia pues, según el juicio técnico, las necesidades administrativas no se satisfacen de manera equivalente por aeronaves de “ala fija”.

La cuestión a la que se ciñe el recurso versa sobre si la alteración de la encuesta técnica incluida en el PPT y que los licitadores debían cumplimentar en su totalidad es o no causa de exclusión. El Tribunal considera que la alteración de la encuesta técnica no es causa bastante de exclusión de las ofertas en este caso, puesto que ni el PPT ni el PCAP contemplan expresamente que el contenido de aquella deba prevalecer sobre las fichas técnicas o que su “manipulación” o alteración sea motivo de exclusión, y la información no recogida en la encuesta aportada figura en la documentación técnica obrante en la proposición. Se resuelve la retroacción del procedimiento a la fase inmediatamente anterior a la exclusión para que se valore si se cumplen las características de los productos ofertados en los lotes excluidos. Como regla general solo en aquellos casos en que se varíe sustancialmente el modelo establecido en el pliego podrá excluirse la oferta. Por el contrario, no podrá acordarse la exclusión cuando se trate de cambios u omisiones de algunas palabras del modelo, siempre que no alteren su sentido.

Recurso contra el PCAP. Diferencia entre los criterios de solvencia y de adjudicación. La mayor proximidad de las graveras y plantas de fabricación de mezclas bituminosas y su mayor capacidad de producción facilita los plazos de ejecución y la entrega de la obra, lo cual incide directamente en la calidad del objeto del contrato y no supone una valoración de las características de la empresa como sostiene la pretensión. Desestimación. 

Incumplimiento por parte de la Administración de la obligación de informar a los licitadores sobre los costes de la subrogación empresarial establecida en convenio colectivo conforme al artículo 120 TRLCSP. Tipos de subrogación en las relaciones laborales en las contratas. Incidencia que el desconocimiento de tal información proyecta sobre las ofertas. Estimación.

Se establecen las diferencias entre los distintos casos que pueden presentarse en los casos de subrogación en las relaciones laborales en las contratas, así como su obligatoriedad o voluntariedad para el trabajador en función de que dicha obligación provenga de la ley o del convenio colectivo, o bien del propio pliego rector de la licitación (Cita la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de marzo de 2015 (Recurso nº 180/2013)). En el caso de este recurso, es una subrogación establecida por la vía de un convenio colectivo estatutario, lo que supone que la subrogación no depende de lo establecido en el pliego, sino en el convenio colectivo; que su obligatoriedad se extiende a empresas y trabajadores; y que es necesario que el futuro contratista conozca suficientemente cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudicatario del contrato. El PCAP impugnado no contiene la referida información, ni la Administración acredita haberla proporcionado en documentación complementaria, por lo que procede estimar el recurso en este punto y declarar el deber de la Administración de facilitar la información referida en el artículo 120 TRLCSP, bien mediante la oportuna modificación del pliego, o bien a través de documentación complementaria. La repercusión que el conocimiento de dicha información puede proyectar sobre el contenido de las ofertas de los licitadores determinan, a su vez, que la Administración deba posibilitar la retirada de las ofertas hasta ahora presentadas a la licitación, con apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones con sujeción a las determinaciones de los artículos 143 y 159 del TRLCSP.

El Tribunal considera que el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el PPT es una cuestión de interpretación y de prueba. En el presente caso, los diferentes informes técnicos obrantes en el expediente concluyen que la oferta de la empresa adjudicataria se ajusta a lo establecido en los pliegos.

La recurrente no obtendría beneficio inmediato o cierto alguno de una eventual estimación de su recurso, ya que no podría resultar en modo alguno adjudicataria del contrato. Clasificada en tercer lugar solicita la revisión de la puntuación de la que quedó en segundo lugar. Su puntuación es inferior a la de la empresa adjudicataria, respecto de la que no alega su revisión (ya que únicamente se refiere a la de la empresa que quedó clasificada en tercer lugar); por ello, la exclusión de esta no afectaría a los resultados obtenidos ni por su empresa ni por la adjudicataria.

Extemporáneo. Desaparición sobrevenida del objeto al estimarse el recurso 31/2015 por la Resolución 39/2015.

Carecen de legitimación los terceros no licitadores que no acrediten una relación o vínculo entre su pretensión de dejar sin efecto la convocatoria de licitación, y un interés en sentido propio, cualificado o específico que, de prosperar esa pretensión, pudiera concretarse en obtener un beneficio material o en evitar un perjuicio. En el presente caso, la empresa recurrente no acredita los derechos o intereses legítimos -directos o indirectos- propios que pueden verse afectados por la licitación recurrida y el objeto del contrato no coincide (excede) con el objeto social de la empresa recurrente.

Las bombas ofertadas por la recurrente no ostentan el marcado de conformidad CE en vigor. El artículo 12 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, sobre productos sanitarios, exige el marcado CE, no que únicamente se posea en el momento en que el producto sanitario se pone en el mercado.La empresa recurrente debe ser excluida puesto que las bombas ofertadas ya no cumplían, a la fecha de contratación, el requisito de disponer de marcado CE.

No consta la existencia de gastos de primer establecimiento.

"Se prescindió del carácter público de la apertura de los sobres. La Mesa procedió a la apertura en un único acto del sobre que contenía la oferta económica y el resto de criterios valorables automáticamente y del sobre de los criterios no valorables automáticamente. La notificación individual practicada está viciada de nulidad, al carecer de la motivación exigida. El PCAP y el PT introducen unos criterios de adjudicación subjetivos tan sumamente amplios que impiden que el órgano técnico pueda efectuar una valoración de dichos criterios que garantice el principio de igualdad y transparencia de los licitadores. Se indemniza por los gastos realizados por la elaboración de la oferta y la participación en el procedimiento de referencia, que se han acreditado por la concesionaria mediante la aportación de una factura pro forma. El Tribunal considera que a falta de una correcta acreditación de los gastos corresponde una indemnización a tanto alzado de 2.000,00 euros, en atención al volumen de la memoria incorporada al proyecto".

No concurren los requisitos para poder apreciar la alegada cosa juzgada administrativa, ya que no concurre una identidad de actos y motivos con un recurso anterior conta los pliegos. Modificación sustancial de los pliegos por lo que debió realizarse una publicación nueva en plazo.Los anuncios de licitación publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado no respetan los plazos mínimos que el artículo 159 del TRLCSP exige para presentar las proposiciones. Los certificados o las certificaciones técnicas son criterios vinculados a la capacidad técnica de la empresa (solvencia) y no al objeto (adjudicación), por lo que no cabe su empleo como criterio de adjudicación.

Recurso contra la adjudicación fundado en la inadecuada aplicación en la valoración de las ofertas de subcriterios y subpuntuaciones no previstos en el PCAP y en la incorrecta valoración de la oferta de la recurrente. Terminación del procedimiento de recurso especial por desaparición de su objeto, al haberse estimado previamente el recurso especial nº 20/2015 interpuesto contra la adjudicación por la empresa Asesores Locales Consultoría, S.A.

La empresa excluida ha tenido acceso al expediente de contratación y un conocimiento completo de las razones determinantes de la adjudicación. La empresa recurrente reproduce argumentos que ya fueron resueltos en su anterior recurso por este Tribunal (Resolución 22/2015, de 25 de febrero). No procede, por tanto, la exclusión del adjudicatario, de conformidad con el informe técnico emitido por especialistas en la materia, que consideran que cumple con los requerimientos técnicos exigidos en el PPT.

Fuera de plazo.

La oferta de la recurrente no se adecúa a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, por lo que la exclusión acordada es conforme a derecho. La falta de presentación de la documentación en formato electrónico y solo en papel no es motivo suficiente para la exclusión de la empresa del procedimiento de contratación.

La notificación individual practicada está viciada de nulidad, al carecer de la motivación exigida, y el recurso debe estimarse por este motivo.

Se considera que la calificación que del presente contrato realiza el PCAP, como concesión de servicio público, es conforme a Derecho y que, en consecuencia, procede inadmitir por falta de competencia.

El Tribunal realiza observaciones sobre el contenido de los informes remitidos por el órgano de contratación. La empresa recurrente pone en duda el procedimiento de adjudicación, concretamente la prexistencia de determinados documentos. Circunstancia que no se prueba. No considera que la propuesta de la adjudicataria sea técnicamente posible de cumplir en la actualidad.

Inexplicable retraso del Ayuntamiento en remitir el expediente de contratación y el informe del órgano de contratación. Se analiza si es un contrato de servicios o de gestión de servicio público. Se considera que al estar correctamente calificado el Tribunal es incompetente al ser su duración inferior a 5 años y no se prevén gastos de primer establecimiento.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa recurrente considera que los pliegos inducen a confusión. El Tribunal considera que la presunta confusión generada con la forma de presentar la oferta económica, con el número de sobres o con los requisitos técnicos exigidos no proviene de que la redacción de los pliegos generen una oscuridad que pueda jugar en perjuicio de los licitadores, sino de interpretaciones forzadas del recurrente de estipulaciones formales cuyo contenido no es determinante del resultado de la licitación. Por otro lado no consta que la empresa recurrente hiciera uso de la facultad que le asiste de solicitar aclaraciones al órgano de contratación antes de presentar sus ofertas –que no después-, si la redacción de los pliegos les suscitaba dudas.

La admisión de mejoras en los pliegos exige que estén suficientemente identificadas y se establezcan unos criterios claros y precisos para valorarlas. Problemas con la concreción de un umbral objetivo de temeridad.

Posibilidad de establecer en el pliego limitaciones cualitativas a la subcontratación en determinadas partidas o prestaciones. Experiencia del personal de la empresa en trabajos desarrollados para la Administración Pública contraria a los principios de igualdad y libre concurrencia, aplicación analógica de las normas relativas a la solvencia del empresario. Imposibilidad de exigir acumulativamente solvencia y clasificación. Compromiso de adscripción de medios y momento de acreditación de su disponibilidad conforme a los artículos 64.2 y 151.2 TRLCSP. Estimación parcial.

El órgano de contratación, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, debió de dar acceso a la empresa recurrente a los documentos de la oferta técnica de la adjudicataria cuya difusión no implique de forma real y efectiva la divulgación de sus secretos técnicos o comerciales o de aspectos confidenciales de su oferta, acreditándolo con la debida motivación y justificación en el expediente. Procede, por lo tanto, ordenar la retroacción de la tramitación.

Presentación ante el Tribunal Central que lo remitió en plazo. La oferta de la recurrente incumple uno de los requisitos de etiquetado de las jeringas previstos en la normativa y en el PPT.

Se declara desierta la licitación. La oferta presentada contenía un error tipográfico que no dejaba claro el horario del servicio. Debió solicitarse una aclaración al licitador.