En la resolución 94/2019 el Tarccyl se pronunció sobre la posibilidad de valorar, como criterio de adjudicación, las certificaciones de calidad y reiteró los argumentos recogidos en las resoluciones 75/2016 y 90/2017 (referidas al TRLCSP de 2011), acomodándolos a la nueva LCSP.

La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (Sala Primera), de 24 de enero de 2008 (Asunto C-532/06, Lianakis y otros), declaró que “se excluyen como `criterios de adjudicación´ aquellos criterios que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión”.

De acuerdo con lo anterior, es doctrina unánime de los tribunales administrativos de recursos contractuales que los certificados de aseguramiento de la calidad no pueden utilizarse como criterios de adjudicación, aunque pueden exigirse como requisito de solvencia técnica (baste citar, las resoluciones 65/2013, 29/2015 y 30/2015, además de las antes citadas, del Tarccyl, la resolución 40/2011 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el Acuerdo 84/2015 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la resolución 105/2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, las resoluciones 906/2014 y 255/2015 del TACRC y la resolución 76/2015 del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi).

En el mismo sentido se han pronunciado las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa (por todos, el Informe 6/03, de 29 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares, el Informe 4/2006, de 4 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, y los Informes 56/2004, de 12 de noviembre, y 50/2006, de 11 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado).

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado admite, en el citado Informe 56/2004, que “los criterios de calidad y mejora de la calidad pueden figurar como criterios de adjudicación en los respectivos pliegos”, pero a renglón seguido puntualiza que “Lo que si deben diferenciarse, como hacía nuestro citado informe de 2 de marzo de 1998, es la calidad o su mejora de los medios de aseguramiento de la calidad, ya que los primeros pueden figurar, conforme a lo indicado, como criterios de adjudicación y los segundos como elementos de solvencia según las Directivas comunitarias (hoy artículo 98.2, letras b) y c), de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004)”.

De lo expuesto se infiere que los certificados de gestión medioambiental podrán exigirse como requisito de solvencia técnica a los licitadores, pero no valorarse como criterio de adjudicación.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación en el caso controvertido no justificó en sus informes que la aportación de estas certificaciones fuera determinante de una mejor oferta relevante para la calidad de la prestación del servicio. Los informes del órgano de contratación se limitaban a meras referencias genéricas que no se consideraron suficientes para admitir dicho criterio de adjudicación.