El Tarccyl ha inadmitido algunos recursos especiales por referirse a contratos no incluidos en el ámbito del recurso de conformidad con el artículo 44.1 de la LCSP, al tratarse de negocios expresamente excluidos de la LCSP como pueden ser los contratos privados/patrimoniales (entre ellas, resoluciones 108/2019 y 132/2019).

En la resolución 108/2019 se inadmitió un recurso contra la adjudicación de un concurso público para el alquiler de un local destinado a oficina de atención al público y servicios centrales de la entidad pública empresarial Aguas de Valladolid. Se trataba de uno de los "contratos excluidos" previstos en el artículo 18.3.d) 1º de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE) (“La adquisición o arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes”), y en todo caso tampoco superaba el umbral que el artículo 16 de la LCSE determina para la sujeción del contrato a esta Ley, por lo que, de acuerdo con la disposición adicional cuarta de esta ley, son aplicables “las normas pertinentes de la Ley de Contratos del Sector Público”. Y el artículo 44 de la LCSP tampoco incluye este contrato dentro del ámbito del recurso especial. En este sentido, ha de recordarse que el artículo 9.2 de la LCSP (al igual que hace el artículo 18.3.d) 1º de la LCSE excluye del ámbito de aplicación de la ley “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles (…), que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.

Por su parte, la resolución 132/2019 inadmitió un recurso especial en materia de contratación interpuesto contra la exclusión del recurrente en una subasta para la contratación de diez aprovechamientos forestales de madera en montes patrimoniales.

El artículo 46.7 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, dispone que los contratos de ejecución de los aprovechamientos forestales tendrán la naturaleza prevista en la legislación vigente en materia de patrimonio o de contratación pública. Por su parte, el artículo 36.8 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes estatal encomienda al Gobierno de la Nación, oídas las comunidades autónomas, la regulación básica de los contratos públicos de aprovechamientos forestales. No obstante, el artículo 36.4 señala que los aprovechamientos forestales podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.

Por ello, a falta de la aprobación del régimen jurídico básico de los contratos públicos de aprovechamientos forestales que prevé el artículo 36.8 de la Ley de Montes, el procedimiento a que refería el recurso se configura como un procedimiento patrimonial, excluido, por tanto, del ámbito de aplicación de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1. En ambos casos, la inadmisión conlleva, de acuerdo con el artículo 44.6 de la LCSP, que el recurso deba tramitarse como recurso administrativo ordinario, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.