Subida del SMI.  El procedimiento de contratación se inició con anterioridad a la publicación. Modificación legislativa con efectos retroactivos.

La Resolución 46/2020, de 5 de marzo, desestima el recurso especial en materia de contratación 27/2020, interpuesto frente a los pliegos que han de regir la contratación de un servicio de hemodiálisis extrahospitalaria, en el que se alega, entre otras cosas, que parte de los costes salariales estimados en los pliegos que rigen la licitación son excesivos si se comparan con los convenios laborales de cada categoría profesional, mientras que otros son inferiores teniendo en cuenta el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) establecido para el año 2020. Mantiene que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del contrato forma parte del precio total del mismo, por lo que el presupuesto base de licitación está, a su juicio, mal calculado.

La LCSP establece, en su artículo 100, que el presupuesto base de licitación ha de ser adecuado a los precios del mercado, debiendo a tal efecto desglosarse los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos como el que nos ocupa, en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forma parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación debe indicar además de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

Partiendo de lo antedicho, la empresa recurrente analiza de forma individualizada los costes salariales desglosados en los pliegos para cada categoría profesional y concluye, en síntesis, que el salario calculado para el “coordinador/responsable” y para el “personal de mantenimiento y limpieza” tiene un sobrecoste teniendo en cuenta el salario fijado en el convenio colectivo respectivo, mientras que el salario previsto para el “celador” y para el “personal administrativo” no alcanza el SMI. Lo expuesto implica, a su juicio, la vulneración de la normativa laboral de obligado cumplimiento y de los principios de estabilidad presupuestaria, control de gasto y eficiencia financiera. Advierte además la inexistencia de un desglose de funciones por categoría profesional y género.

Frente a ello, el órgano de contratación indica que “los costes asignados se calculan respetando las tablas salariales 2020 (Anexo 2) del Convenio Colectivo de la Sanidad Privada de la provincia de (…), considerando los puestos de personal administrativo, celador, personal de mantenimiento y limpieza, vinculados al Grupo Salarial V (Anexo 3), no cualificados y limpieza, donde tienen cabida estos perfiles y funciones exigidas, para los que no se requiere una titulación específica en el pliego. (…)”.

Este Consejo comparte, sin embargo, el criterio del órgano de contratación en lo relativo al coordinador y al personal de mantenimiento y limpieza y entiende que el gasto de personal estimado en el pliego es correcto en este punto.

Respecto a los puestos de celador y personal administrativo, cabe advertir que el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, establece que el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. Su disposición final tercera dispone además que esta norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2020.

El expediente de contratación se inició con anterioridad a la publicación del precitado Real Decreto y la convocatoria del procedimiento de adjudicación se publicó, tal y como se ha indicado en el antecedente de hecho primero de la presente resolución, el 20 de enero de 2019 en la PCSP. Así las cosas, es evidente que la normativa aplicable a la licitación era la vigente a tal fecha, de modo que el órgano de contratación no podía prever que el SMI iba  a elevarse en ese importe, y menos aún su nueva cuantía, motivo por el cual en el momento en que se calcularon los gastos de personal los parámetros tenidos en cuenta eran correctos sin que quepa efectuar reproche alguno a su actuación.

Sin embargo, no es menos cierto que dentro del plazo de presentación de ofertas (que expiraba el 15 de febrero) se produce una modificación legislativa con efectos retroactivos desde el 1 de enero que tendrá repercusión en los gastos de personal relativos a varias categorías profesionales de las previstas en el pliego, circunstancia que provoca un pequeño desfase entre el gasto de personal estimado por el órgano de contratación para dichas categorías y el gasto que verdaderamente tendrá que efectuar el adjudicatario durante la ejecución del contrato.

A juicio de este Consejo, la fecha de publicación del anuncio y los pliegos en la PCSP -que determina la legislación aplicable al contrato- es el 20 de enero de 2020, puesto que la publicación posterior, de 12 de febrero, tiene como objeto rectificar la hora límite para la obtención de los pliegos y la presentación de ofertas (que pasa de las 11:59 del día 15 de febrero a las 23:59 del mismo) e incorporar la fecha en que se publicó en el DOUE, pues en el primer anuncio solo se indicaba la fecha de envío a dicho diario. Esta segunda publicación no viene a sustituir a la anterior, es una mera rectificación de los extremos antedichos, véase por ejemplo que tanto el plazo para la presentación de las ofertas que se ha considerado razonable en atención a la complejidad del contrato (que expira el 15 de febrero) como la fecha prevista para la apertura de la oferta técnica (24 de febrero) se fijan en la primera publicación y no se ven alterados en la segunda.

Así las cosas, aunque el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, atribuya efectos retroactivos al nuevo SMI (de forma que los trabajadores en activo tendrán derecho a percibirlo desde el uno de enero) no puede interpretarse dicha aplicación retroactiva en el sentido de pretender que todas las licitaciones públicas en tramitación, anunciadas con posterioridad al uno de enero, en las que los gastos de personal formen parte de los costes directos, se paralicen con el objeto de modificar los gastos de personal calculados inicialmente para publicar nuevos pliegos.

En el caso analizado, la diferencia o discrepancia existente entre los gastos de personal calculados por el órgano de contratación y los que realmente tendrá que abonar el adjudicatario se dará siempre que se actualice el SMI durante la vigencia del contrato (pues tiene carácter plurianual), luego los licitadores en el momento de diseñar sus ofertas han de tener en cuenta esta eventualidad dado que, en todo caso, deben cumplir la normativa laboral por disposición expresa de la LCSP y de los pliegos que rigen la licitación. Así, el artículo 122.2 de la norma precitada establece la necesaria inclusión en los pliegos de la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, mientras que la cláusula 6.3.1 del PCAP señala que “El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, laboral, establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional o por las disposiciones de derecho internacional que vinculen al Estado, en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP”.

Por lo tanto, en el momento de la preparación y la licitación del contrato, los eventuales aumentos de costes salariales que puedan resultar de futuros convenios colectivos que se encuentran en una fase incipiente de negociación o de la fijación de un nuevo SMI por encima del determinado en los convenios colectivos vigentes, se incluyen dentro del riesgo propio de la ejecución de los contratos que corresponde soportar al adjudicatario, que debe tener en cuenta también este posible incremento de los costes durante la ejecución del contrato a la hora de presentar su oferta. En términos muy similares se manifiesta el Informe 10/2019, de 28 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre las consecuencias que deben tener en los contratos públicos los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva.

Ha de tenerse igualmente en cuenta que se trata de un contrato cuyo presupuesto base de

licitación es muy elevado, y más aún su valor estimado, en vista de la posible prórroga de dos años y la eventual modificación del 10 %, de modo que al afectar el incremento del SMI únicamente a tres personas (dos de ellas ocuparán el puesto de celador y otra el de personal administrativo), en la cuantía de 67,93 euros al mes por cada uno de ellos, puesto que el SMI previsto en el Convenio Colectivo aplicable es de 882,07 euros al mes, la diferencia económica en gastos de personal será de aproximadamente de 2.853 euros al año, cantidad ínfima en relación con el presupuesto antedicho.

En base a lo expuesto, este Tribunal considera que calculó los costes salariales de forma adecuada y conforme a la normativa vigente, de forma que procede desestimar el recurso por este motivo.

Finalmente, también con referencia al cálculo del coste en materia de personal, la empresa recurrente subraya el hecho de que el presupuesto base de licitación no contiene en el desglose efectuado “un mínimo que indicara sus funciones atendiendo a la categoría profesional y su género”.

Frente a ello, es preciso atender al contenido de la cláusula 1.3 PCAP, que viene a reproducir lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP: “En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”.

Por su parte, la cláusula 11 del cuadro de características anexo al PCAP distingue por categoría profesional el coste salarial imputable en función del convenio colectivo aplicable y del número de personas que será preciso contratar. Ciertamente no contiene una desagregación por género.

Sin embargo, el convenio colectivo de aplicación no contempla diferencias salariales en función del género y además es imposible conocer de antemano el personal que se adscribirá a la ejecución del contrato, motivo por el cual no es posible desagregar el presupuesto en base al género. Por su parte, el punto 6 del PPT “Recursos humanos” ofrece una descripción detallada de las funciones propias de cada categoría profesional.

En vista de vista de lo antedicho procede igualmente desestimar el recurso interpuesto por este motivo.