Los requisitos de solvencia deben respetar el principio de proporcionalidad, de forma que no pueden exigirse requisitos que no observen una adecuada proporción con la complejidad técnica del contrato y con su dimensión económica. La exigencia de proporcionalidad trata de evitar que, mediante la exigencia de unos requisitos de solvencia excesivos, se excluya de la licitación a empresarios plenamente capacitados para ejecutar el contrato.

En el caso de la resolución 93/2019 se impugnaba la cláusula que exigía como solvencia técnica acreditar experiencia previa en ciudades con población igual o superior a 35.000 habitantes, por considerarla contraria a los principios de no discriminación y libre competencia.

El Tarccyl consideró que tal exigencia -que guarda una evidente relación con las prestaciones y dimensiones del objeto del contrato- no era desproporcionada, ya que es similar a la población del municipio en el que se iba a ejecutar el contrato y por otra parte, no cabe obviar, el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros solo es obligatorio en los municipios de población superior a 50.000 habitantes (artículo 26.1.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). Por ello, la solvencia exigida no se limitaba a servicios prestados en estos municipios (según los datos del padrón a 1 de enero de 2018, en España hay 145 municipios con población superior a 50.000 habitantes), sino que permitía acreditar experiencia previa en municipios de población inferior.

Debe tenerse en cuenta que el fin pretendido con la cláusula impugnada era ajustar la solvencia exigida al licitador con las necesidades delimitadas por el órgano de contratación, y ello en aras de garantizar que el adjudicatario tenga la capacidad suficiente para poder cumplir de forma adecuada el contrato.