Se trata de un asunto abordado, entre otros en las resoluciones 72/2019, 80/2019, 84/2019 y 164/2019.

En el recurso resuelto en la resolución 72/2019 se alegaba que el presupuesto de licitación era insuficiente para cubrir los costes salariales del contrato.

La cláusula décima, letra a), del PCAP exigía que el servicio se prestara por un mínimo de cuatro personas a jornada completa, circunstancia que, de acuerdo con lo indicado, debía tenerse en cuenta al objeto de calcular el valor estimado del contrato; y el anexo II del PCAP recogía una relación del personal a subrogar, en la que figuraban cuatro trabajadores con jornada completa y tres con jornada parcial.

La recurrente realizó un cálculo de los costes laborales derivados del contrato y alegó que si se tuvieran en cuenta tan solo a los cuatro operarios con contrato fijo -ya que otros dos tenían contrato de obra o servicio y otro contrato eventual-, el coste total de dichos operarios, el presupuesto de licitación sería insuficiente para cubrir los costes laborales asociados al contrato y, por supuesto, sin tener en cuenta otras partidas como los medios materiales (que, de acuerdo con la cláusula primera del contrato, corrían a cargo de la empresa adjudicataria) más los gastos generales y beneficio industrial.

El órgano de contratación, por su parte, indicó los costes establecidos en las tablas salariales para el año 2019 fijadas en el convenio colectivo aplicable. Añadió que los datos publicados sobre los trabajadores en el anexo II del PCAP “han sido los aportados por la empresa adjudicataria y serían los correspondientes a la situación real de cada uno de ellos en el caso de que se produjese la subrogación”.

A la vista de la documentación remitida y de las alegaciones formuladas, el Tarccyl estimó el recurso:

-Por un lado, porque en el expediente no figuraba justificación alguna de los criterios empleados para calcular el valor estimado del contrato. El análisis económico se limitaba a consignar dicha cantidad, sin incluir ningún razonamiento o método de cálculo que permitiera considerar justificado dicho importe.

-Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, porque el órgano de contratación, al tratar de justificar en el informe al recurso especial la cantidad consignada como valor estimado, tenía en cuenta como costes laborales solo las cuantías fijadas como “salario año” en el convenio colectivo, pero no incluía otros conceptos y cantidades también previstos en el convenio, como el relativo a la antigüedad de los trabajadores objeto de subrogación, que conllevaban un incremento de los costes laborales.

La resolución 84/2019 analizó la discordancia existente entre los medios personales a destinar al contrato y la jornada laboral o turnos exigidos, que imposibilitan su cumplimiento.

Se alegaba en el recurso la vulneración del artículo 100.2 de la LCSP, como consecuencia de la falta de valoración y desglose de los costes asociados a la ejecución del contrato en el presupuesto de licitación. Refería, además, que tampoco podía extraerse esta información del valor estimado del contrato, ya que en el cuadro de características del PCAP solo aparecía el importe global, como resultado de adicionar al presupuesto base de licitación la consideración de una prórroga de la misma duración que el contrato inicial, sin que existiera “la más mínima previsión sobre gastos inherentes a la ejecución del contrato como son el vehículo para desplazarse entre centros, el beneficio industrial, el coste de estructura, etc.” de acuerdo con el artículo 101.2 de la LCSP.

El informe al recurso del órgano de contratación indicó que “al tratarse de un contrato de servicios lo que se ha desglosado son los costes directos, que son los relativos a los recursos humanos. Respecto a los costes indirectos y costes eventuales se ha hecho un estudio presupuestado con un valor estimado, quedando desglosado un presupuesto con un porcentaje para los indirectos incluido IVA y otro para otros eventuales gastos, puesto que estos gastos inicialmente no se pueden concretar”.

Se observaba, sin embargo, falta de coincidencia entre el presupuesto base de licitación del cuadro de características y el informe de costes, en lo que hacía referencia a los “costes indirectos” y “otros eventuales gastos”.

En este supuesto, si bien el informe de costes permitía un conocimiento más amplio de los costes considerados a los efectos de la determinación del presupuesto de licitación y del valor estimado, ello no daba satisfacción a la exigencia formal de la constancia del desglose en el PCAP que impone el artículo 100.2 de la LCSP. Tampoco aparecía, ni en el PCAP ni en el informe de costes, alguna mención de necesaria inclusión según tal precepto, como es la desagregación de género de los costes salariales.