Publicada el jueves, 30 de marzo de 2023


  • Es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones

El Consejo Consultivo ha dictaminado hoy el proyecto de decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se crea el registro de evaluaciones de políticas públicas de la administración de la Comunidad de Castilla y León.

El proyecto de decreto tiene por objeto la implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas, en desarrollo de las previsiones contenidas en el Título III de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos

de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y la creación del Registro de Evaluaciones de Políticas Públicas de la Administración.

Su finalidad es desarrollar y facilitar el proceso de institucionalización y aplicación del sistema de evaluación de políticas públicas en la Administración.

Es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones.

Asimismo, entre otros asuntos, se han dictaminado varios expedientes de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada, por daños sufridos en caídas por el mal estado de la acera o por daños sufridos en accidente por el mal estado de la calzada.

Por otro lado, hoy también se ha reunido el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León resolviendo diversos recursos sobre contratos cuyo importe asciende a 75 millones de euros.

Entre los asuntos sometidos a la resolución del TARCCYL está la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos municipales.