. S. de Vega ha presentado hoy en las Cortes de Castilla y León la Memoria del pasado año, cumpliendo un mandato de la Ley del Consejo Consultivo

. La institución integra dos órganos con funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, configuración particular en el diseño de consejos consultivos autonómicos de España

. El Consejo Consultivo aprobó el pasado año 549 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 207 recursos

. Las consultas realizadas por entidades locales han sido las más numerosas, 302 (55%)

. Valladolid, Burgos, León y Salamanca son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen

. El 66,51% (145) de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros, que representan el 22,47% (49)

. El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (49,08 %) seguido del de pliegos (25,68%)

. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.508.580,085 euros

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El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha subrayado hoy, durante su comparecencia en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, el papel indispensable de la institución en un Estado democrático de Derecho como garantía de legalidad y defensa de los derechos de los castellanos y leoneses en el proceso de toma de decisiones de las administraciones.

El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, configuración particular en el diseño de consejos consultivos autonómicos de España. En este sentido, S. de Vega señala que ese diseño convierte al Consejo de Castilla y León en una seña de identidad autonómica, cuya particularidad es única en España.

El presidente del Consejo Consultivo explica que la función de Consejo y Tribunal es velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en las relaciones de las administraciones con los ciudadanos con el objetivo de la protección de sus derechos; y de manera similar con respecto a los licitadores y los órganos de contratación en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. Asimismo recuerda que Consejo y Tribunal comparten el mismo objetivo: la garantía de la legalidad que desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional. Las normas y su interpretación fundamentan tanto dictámenes del Consejo como las resoluciones del TARCCYL.

La Memoria del pasado año, aprobada por el Pleno del Consejo -formado por el presidente, Agustín S. de Vega, y los consejeros Valle Ares, Francisco Ramos y Juan Vicente Herrera- recoge que se emitieron 549 dictámenes y se resolvieron 207 recursos.

En cuanto a la función consultiva, de los 549 dictámenes aprobados en 2021, más del 55%, es decir 302, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales -Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales-, 245 (44,63%) de la Junta de Castilla y León – de los que un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria- y 2 de universidades.

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 82, León, con 77, y Salamanca, con 69, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 43, Palencia, con 40, Segovia, con 30, Ávila, con 27 y Soria con 12. Además, hay otros 79 expedientes que no pueden provincializarse por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad, 35 de los cuales han sido dictámenes sobre proyectos normativos de la Junta de Castilla y León.

Un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 549 dictámenes, el 68,49%, es decir 376, son de responsabilidad patrimonial; la mayor parte de ellos está relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.

Señalar que las administraciones consultantes han seguido en un 95% el criterio mantenido en los dictámenes del Consejo, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2021 se resolvieron 207 recursos.

El 66,51% (145) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguido de contratos de suministros, que representan el 22,47% (49). El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (49,08 %), seguido del de pliegos (25,68%).

La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.508.580,085 euros.