El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 513 dictámenes en 2016 –igual que en 2015- a los que se añaden en un ámbito distinto al de la función consultiva los 96 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al órgano de control externo de las administraciones desde el año 2012.

Estos datos provisionales sobre la actividad anual de la institución propia de la Comunidad de Castilla y León tendrán expresión pormenorizada en la aprobación de la memoria y en la comparecencia correspondiente de las Cortes de Castilla y León por parte del presidente Mario Amilivia.

La Institución propia de la Comunidad Autónoma con sede en Zamora “habla por sus dictámenes” en asuntos de especial trascendencia municipal o autonómica, supuestos en los que sus consejos y recomendaciones son aceptados en un altísimo porcentaje por las administraciones consultantes. Ultimo Pleno del 2016, el 29 de diciembre

Con los dictámenes de 2016, que suponen el 3,76% del total histórico, el registro de actividad alcanza los 13.627. Las administraciones locales –Diputaciones, Ayuntamientos y entidades locales menores- generaron 299, la Administración Autonómica 211 y las universidades de León y Salamanca 3. Ha sido el segundo ejercicio en que las administraciones locales superan en consultas a la autonómica.

Todos los dictámenes derivaron de consultas preceptivas, salvo 5 que tuvieron carácter facultativo, en el segundo año con mayor número de éstas, por asuntos de especial trascendencia o repercusión. Cuatro fueron presentadas desde el ámbito local y la restante fue formulada por el presidente de la Junta de Castilla y León.

La Junta Vecinal de San Andrés de la Regla (Palencia) preguntó al Consejo sobre la posible responsabilidad de la Junta y de la Diputación Provincial por los daños y perjuicios ocasionados por un incendio producido en montes de Utilidad Pública; por otra parte, los ayuntamientos de Segovia, León y Piedralaves (Ävila) se interesaron sobre la posibilidad de que la sociedad SOMACYL pudiese llevar a cabo proyectos de servicio y gestión de alumbrado. El presidente de la Junta formuló una consulta sobre si  Castilla y León precisaba entrar en el accionariado de la sociedad pública TRAGSA a fin de poder seguir siendo esta entidad medio propio de esta Comunidad Autónoma. Amilivia da cuenta de la Memoria en las Cortes

El Consejo Consultivo despachó 5 asuntos en Pleno (4 Anteproyectos de Ley y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ayuntamiento de Tordesillas), 187 en la Sección Primera y 321 en la Sección Segunda. De especial “importancia” han sido  los dictámenes jurídico-normativos aprobados (los 4 Anteproyectos de Ley más 24 Reglamentos Ejecutivos) mediante los cuales el órgano de control participa de manera callada pero fundamental en el proceso pre-parlamentario. Desde el inicio de la actividad consultiva en 2003, han sido aprobados 309 Anteproyectos de Ley y 129 Reglamentos Ejecutivos.

Los anteproyectos dictaminados en 2016 fueron el relativo a la regulación de las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con los delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes; el anteproyecto de ley por la que se regula el Estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; el anteproyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, y el anteproyecto de ley por la que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, y se modifican la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables.

La mayor parte de la actividad del Consejo en 2016 volvió a centrarse en la depuración de la responsabilidad patrimonial de las administraciones. El 70% de los dictámenes aprobados (359)  derivó de consultas de este tipo, es decir, por los supuestos daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos por el normal o anormal funcionamiento de las administraciones. El Consejo intervino en expedientes de reclamación que alcanzaron en conjunto los 40.350.379 euros, 8 millones más que en 2015, destacando los tramitados desde los ayuntamientos y los de reclamaciones de indemnización en el ámbito sanitario (20 y 17,5 millones de euros respectivamente). Durante 2015 intervino en expedientes de reclamaciones patrimoniales por importe de 32,2 millones de euros. La depuración de estas reclamaciones siempre se traduce en ahorro de dinero público, garantizándose el acierto de la administración en cada supuesto. Imagen de la jornada celebrada en Toro

Todas las capitales de provincia, salvo Soria, solicitaron dictámenes, fundamentalmente sobre responsabilidad patrimonial (Ávila 5, Burgos 25, León 30, Palencia 21, Salamanca 28, Segovia 10, Valladolid 5 y Zamora 14). El Ayuntamiento de Valladolid se ha incorporado a la nómina de corporaciones locales que presentan consultas tras no hacerlo de manera regular desde la creación del Consejo Consultivo.

También han vuelto a solicitar dictámenes, de manera regular desde hace 5 años o tras no hacerlo nunca, ayuntamientos como Añe, Astudillo, Boecillo, Cerezo del Río Tirón, Covaleda, Los Barrios de Luna, Lastras del Pozo, las Merindades de Cuesta Urría y de Río Ubierna, Montamarta, Moneo, Roales del Pan, Sabero, San Justo de la Vega, Sena de Luna, o Villovieco.

Dentro de la responsabilidad patrimonial, 2016 ha registrado un aumento en los dictámenes sobre el estado defectuoso del mobiliario urbano municipal (90 en 2015 frente a 99 en 2016); sobre daños por el mal estado de las calzadas (50 frente a 56) y los referidos a distintos daños y perjuicios por los servicios de ámbito municipal –“otras causas”- (76 frente a 88).

Por provincias, donde más consultas se iniciaron fueron León con 87 dictámenes; Burgos 78 y Valladolid 73. Seguidas de Salamanca 69; Palencia 53; Segovia 46; Zamora 41; Ávila 19 y Soria 16. El resto,  31, tenían como ámbito el conjunto de la Comunidad Autónoma (no provincializados).

En cuanto al resto de los dictámenes por asunto, se han mantenido equilibrados los datos estadísticos con respecto a 2015, a excepción de los referentes a revisiones de oficio de la administración que alcanzaron los 56, y supusieron 17 más. La reducción de la cuantía para las reclamaciones a los ayuntamientos o Consejerías (3.000 y 6.000 euros, respectivamente) mantuvo en líneas muy similares a 2015 los dictámenes sobre atropellos de animales, accidentes escolares o daños generados por la fauna en las explotaciones agrícolas.

Sobre el sentido de los dictámenes, 102 fueron estimatorios y estimatorios parciales y 265 desestimatorios. El resto –además de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y sobre recursos administrativos- se corresponde con acuerdos sobre proyectos normativos, modificación de planes urbanísticos, resoluciones sobre contratación administrativa, caducidades, o bien sobre la no procedencia de dictamen.

En 368 del total de dictámenes emitidos, es decir en el 71,73%, existió plena coincidencia entre la propuesta de las administraciones consultantes que llegó al Consejo Consultivo el sentido final del dictamen aprobado por éste.

En cuanto al grado de seguimiento de los dictámenes –lo que se conoce como auctoritas- se prevé, en línea con los años anteriores, un elevado porcentaje de seguimiento de los mismos por parte de las administraciones, ello a pesar de que no son vinculantes, salvo algún caso concreto como el de las revisiones de oficio, que son semivinculantes. En 2015, la auctoritas o seguimiento de la Administración ascendió al 96,10%. Otra de las jornadas ce celebró en Ponferrada

Junto a la función consultiva, durante 2016, por mandato expreso de las Cortes de Castilla y León, el Consejo Consultivo siguió intensificando la divulgación de su actividad y servicios de asesoramiento y control de la legalidad entre las administraciones locales. En este sentido llevó a cabo diversas jornadas formativas, especialmente dirigidas a los alcaldes, secretarios, interventores y asesores legales de los Ayuntamientos y Diputaciones en las provincias de Palencia, León, Burgos y Salamanca. También se llevaron a cabo jornadas de trabajo en los ayuntamientos de Toro y Ponferrada con afán de proximidad a las instituciones, incidiendo especialmente en la importancia de que los ayuntamientos recaben dictámenes de índole preceptiva o, en su caso, facultativa. En el caso de los preceptivos, la omisión de dictamen conlleva la nulidad de la decisión que pudiese adoptar una administración. De ahí su importancia, y porque en definitiva suponen una garantía para las administraciones y los derechos de los ciudadanos.

Mario Amilivia subrayó la importancia de la página web institucional (www.cccyl.es), en la que, transcurrido un plazo de pocos días desde su aprobación, van insertándose los dictámenes, así como las últimas novedades jurídicas y noticias de actualidad sobre el Consejo. Durante 2016 también se ha puesto en marcha el perfil institucional en twitter @cccyl2 para aprovechar también esta plataforma a efectos informativos.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales      (TARCCyL)

En relación con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), se han venido aplicando las nuevas Directivas Europeas, depurando la contratación administrativa desde la independencia y la transparencia, con resoluciones en un plazo de apenas 30 días, mediante una tutela jurídica ágil y eficaz, ofreciendo, en definitiva, seguridad jurídica. Apenas el 3% de los recursos resueltos son recurridos en los tribunales.

El Tribunal que también preside Amilivia resolvió 96 recursos en 2016 (88 resoluciones y 8 acuerdos), interviniendo en expedientes que alcanzaron los 640 millones de euros. De las 88 resoluciones dictadas, 43 fueron desestimatorias, 27 estimatorias y estimatorias parciales y 18 inadmisiones. Adjudicaciones (40) y pliegos (26) fueron los actos más impugnados, seguidos de los recursos por exclusiones (18) y otros.

Los contratos de servicios y suministros concentraron el 90% de los recursos despachados. Por la procedencia de los recursos, destacaron los de las Consejerías de la Junta de Castilla y León (38) y los de los ayuntamientos y diputaciones (39).

Con la actividad de 2016, el Tribunal ha resuelto 402 recursos. Desde el inicio de su actividad, adscrito al Consejo Consultivo, se ha intervenido en recursos que suman 3.300 millones de euros.

En 2012 se resolvieron 31 recursos, en 2013 fueron 75; en 2014 fueron 96; en 2015 fueron 104. En 2016 han sido 96, quedando pendientes varias resoluciones para las primeras reuniones del Tribunal este año.