Las Cortes de Castilla y León acogieron hoy la  jornada ‘Las Instituciones Propias como garantía de calidad democrática’ en la que los intervinientes han reivindicado el papel de garantes de derechos, legítimos intereses y garantías, así como de participación ciudadana y transparencia del Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social.

La jornada congregó a los titulares de las cuatro instituciones propias de Castilla y León Jesús Encabo (Consejo de Cuentas); Germán Barrios (CES); Mario Amilivia (Consejo Consultivo) y Javier Amoedo (Procurador del Común) que presentaron, respectivamente, a Ramón Álvarez de Miranda (presidente del Tribunal de Cuentas); Marcos Peña (presidente del Consejo Económico y Social de España); Juan Cano (presidente del Consejo Consultivo de Andalucía) y Javier Eneriz (Defensor del Pueblo de Navarra).

Cada uno de ellos desgranó la creación, características y principales funciones de estos órganos de control externo que ejercen un papel de asesoramiento y acierto en las decisiones de las administraciones, lo que incide, a la postre, en un plus de garantías, en una indudable mejora de la calidad democrática. Cano y Amilivia

La presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, resaltó durante la apertura que un Estado de Derecho como España se sirve de una serie de instituciones y mecanismos que garantizan que las decisiones que toman las administraciones se ajustan plenamente a la legalidad, permitiendo que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades, además de sus obligaciones.

Clemente apostó porque los ciudadanos se involucren y estén más presentes en las decisiones que les afectan directamente, y porque conozcan y participen en los nuevos canales que están habilitando las administraciones.

Clemente valoró las Instituciones Propias como “ejes fundamentales en los que debe articularse la actividad política y administrativa de las Administraciones Públicas”, y cuyo trabajo eficaz, casi siempre callado, redunda en beneficio de los ciudadanos y las administraciones.

En relación al Consejo Consultivo de Castilla y León, creado en el año 2002 –con sede en Zamora- su presidente Mario Amilivia destacó el papel de asesoramiento y auxilio, mediante la emisión de dictámenes, que presta a las administraciones. Amilivia preside la institución desde hace 9 años, y ejerce a la vez, desde el año 2012, las funciones de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Mario Amilivia, Juan Cano y Silvia Clemente

El presidente del Consultivo destacó la dilatada trayectoria, amplia experiencia y buen hacer de Juan Cano, Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, secretario general y Letrado Mayor del Parlamento andaluz durante las tres primeras legislaturas (1982-1994) y presidente del Consejo Consultivo andaluz desde febrero de 2002 hasta la fecha, siendo por tanto el “decano” de los presidentes de estos superiores órganos de asesoramiento y control externo de las administraciones.

Cano recordó el papel del Consejo de Estado a lo largo de la historia, antecedente de la actual función consultiva y de los consejos creados coetáneamente con la descentralización que ha supuesto la España autonómica. Entre otras muchas funciones, como el de la depuración de la responsabilidad patrimonial de las administraciones autonómica y local, subrayó la participación de los Consejos Consultivos en el procedimiento legislativo, concretamente en la fase preparlamentaria. Imagen de los asistentes

La función de los Consejos, valoró, es por todo ello fundamental dado que el ordenamiento jurídico se ha convertido en una complicada maraña, donde ni los operadores jurídicos ni los ciudadanos se encuentran cómodos. Además, incidió, los Gobiernos recurren con “demasiada facilidad” a los decretos-ley y a las disposiciones de carácter general. Ha surgido, continuó, una nueva legislación del llamado Estado Social donde lo realmente importante debe ser el contenido de las normas, “por lo que la entrada de los Consejos Consultivos es clave de cara a la revisión de las mismas, para que sean coherentes, comprensibles para los ciudadanos", que son sus principales receptores.

El Consejo de Estado, explicó, ha reducido sus competencias, centrándose en la función consultiva para el Gobierno de la Nación y sus administraciones dependientes, la Comunidad de Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De ahí que, exclamó, “qué sería de la función consultiva de las Comunidades Autónomas si no existieran los Consejos Consultivos” “Si no existieran, habría que inventarlos porque su trabajo eficaz redunda en beneficio de los ciudadanos”, concluyó. Los demás intervinientes en la Jornada coincidieron en subrayar la importancia del consenso y el acuerdo compartido.

Consejo Consultivo de Castilla y León /Agencia ICAL