El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó hoy en el Pleno que ha celebrado en su sede institucional de Zamora su memoria del año 2015, en el que se emitieron 513 dictámenes, un ejercicio caracterizado por la “independencia” y la “unanimidad” de sus decisiones, que contribuyen a que “prevalezca el interés general”, “la garantía de los derechos de los ciudadanos”, y al “mejor funcionamiento de las administraciones”.

La sesión, a la que han asistido distintas autoridades civiles, militares, así como representantes institucionales de la Comunidad Autónoma, ha estado presidida por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y en ella se ha procedido a la entrega del nombramiento como Consejeros Eméritos de la institución a Fernando Rey –actual Consejero de Educación- y a Ángel Velasco, en este caso a título póstumo. Amilivia tuvo un recuerdo especial para Ángel Velasco, fallecido el año pasado. Con Fernando Rey y la viuda de Ángel VelascoImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto

La presidenta de las Cortes defendió la "independencia, austeridad y eficiencia" de la institución, así como la "celeridad" con la que emite sus dictámenes, y subrayó que se trata de una institución propia de la Comunidad Autónoma "prevista" por la Ley. Clemente destacó que la existencia del Consultivo no es "ni ociosa ni discrecional", siendo en todo caso un órgano necesario. "La elaboración de todos esos informes con objetividad y autonomía orgánica y funcional garantiza a los castellanos y leoneses que las decisiones que toman las distintas administraciones cuentan con la máxima legalidad". Añadió también que "los ciudadanos pueden acudir a que el Consejo Consultivo se pronuncie y puedan reconocerse  sus derechos y eso es algo que los ciudadanos valoran cada vez en mayor medida; además lo hace con una gran austeridad. Castilla y león tiene el Consejo Consultivo de menor tamaño, con 3 consejeros, mientras que algunas comun idades como Cataluña tienen dos instituciones consultivas. Eso es ejemplar y quiero destacarlo", sentenció.

"He querido estar en esta presentación -apuntó Silvia Clemente- porque estoy fírmemente convencida de que las instituciones de autogobierno de la Comunidad como el Consejo Consultivo garantizan que Castilla y León cumpla mejor la Ley".

Entre los asistentes al Pleno estuvo el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, y varios miembros de la Mesa de la Cámara autonómica.

Mario Amilivia, presidente de esta institución propia de la Comunidad Autónoma encargada del control externo de la Administración, destacó un año más la auctoritas del Consejo, es decir, el alto grado de seguimiento de los dictámenes por parte de las administraciones que presentaron las consultas: “De los 513 dictámenes aprobados, si bien en más de un 76% de los casos había plena coincidencia entre la propuesta de resolución de la administración y el dictamen del Consejo, una vez conocida la decisión finalmente adoptada por la administración, ese dato se eleva hasta el 96,1%”, subrayó. El presidente, durante su intervenciónImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto

El presidente señaló que 2015 fue un ejercicio “marcado por la normalidad en el que se emitió casi el mismo número de dictámenes que en 2014, y ello teniendo en cuenta que se celebraron elecciones autonómicas y municipales, que paralizaron el funcionamiento de las administraciones”. Con los 513 informes de 2015 se superan ya en la actualidad los 13.200 en el registro histórico de la institución.

Las administraciones locales (diputaciones, ayuntamientos y otras entidades) presentaron 239 consultas; la Junta de Castilla y León a través de sus distintas consejerías 271 y las universidades, 3. Por provincias, León concentró el mayor número de dictámenes (120, el 23,4% del total); seguida de Valladolid (85); Burgos (83); Salamanca (55); Segovia (45); Palencia (33); Zamora (31); Ávila (22) y Soria (12). El resto fueron dictámenes no provincializados.

Por el asunto de las consultas recibidas, 402 dictámenes, el 78,3%, derivaron de la responsabilidad patrimonial de las administraciones; seguidos de los relativos a revisión de oficio de los actos administrativos (39 dictámenes, 7,6%); 22 sobre reglamentos ejecutivos (4,3%); 21 sobre contratación administrativa (4,09%); 14 sobre modificación de los planes urbanísticos (2,73%); 10 sobre recursos administrativos (1,9%); 3 sobre anteproyectos de ley (0,58%) y uno, respectivamente sobre concesiones administrativas y proyectos de legislación delegada.

Dentro de los 402 dictámenes de responsabilidad patrimonial, el mayor número de ellos (101) derivaron de consultas del ámbito sanitario, 90 de los daños generados por el mobiliario urbano, 76 por los daños y perjuicios causados por distintos servicios del ámbito municipal y 50 por accidentes registrados a causa del mal estado de las calzadas. Correspondiendo el resto a consultas por atropellos de animales, daños causados por la fauna o reclamaciones por procesos de selección de plazas de funcionarios. La suma de las indemnizaciones reclamadas en las consultas sobre responsabilidad patrimonial alcanzó el pasado ejercicio los 32,2 millones de euros.

En cuanto al sentido de los dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo, 59 fueron estimatorios, 54 estimatorios parciales y 283 desestimatorios, correspondiendo el resto a cuestiones sobre las observaciones a las consultas sobre anteproyectos de ley y reglamentos ejecutivos, cuestiones sobre revisión de oficio, etc.

Añadió Amilivia que la plantilla “reducida y cualificada” de la institución fue capaz de emitir los dictámenes en el plazo reglamentario de 20 días, “incluso en un 32% de los casos fueron emitidos en un plazo medio de 12 días, lo que pone de manifiesto la eficacia y eficiencia del Consejo”.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Amilivia dio cuenta también de la función ejercida por el Consejo como Tribunal de Recursos, cuyo balance de actividad se incorpora como un anexo a la memoria. Desde la aprobación de este órgano en 2012 a coste cero para la Administración se han dictado –señaló- más de 300 resoluciones, de ellas, 101 más 3 acuerdos que resolvieron el fondo del asunto en 2015, “lo que pone de manifiesto un incremento permanente de su actividad”. En cuanto a los plazos de resolución, han sido de 33 días de media, frente a los 2.790 de media que implica agotar la vía contenciosa-administrativa. Aproximadamente el 50% de los recursos presentados eran dirigidos frente a contratos de servicios. Luis Gracia hizo balance del TARCCyLImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto

Sólo 3 del centenar de recursos resueltos fueron posteriormente impugnados ante la jurisdicción contenciosa. La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos alcanzó los 527.316.613 euros. Amilivia, presidente también de este Tribunal, significó el papel ejercido como “control externo de la actuación de la Administración; una función cuasi jurisdiccional que garantiza la libre concurrencia en la contratación, la igualdad de trato entre los licitadores, y que de esta manera depura la contratación administrativa, al tiempo que ahorra dinero público al garantizar que prospere la oferta más ventajosa”. La presidenta de las Cortes valoró también el trabajo del Tribunal de Recursos, cuyo trabajo sacan adelante los miembros del Consultivo.

Apertura a la sociedad

Además de la actividad consultiva, el presidente ha subrayado el carácter abierto de la institución “bien llevando a cabo visitas, encuentros institucionales y cursos de formación, bien mediante el uso de las nuevas tecnologías”. Especialmente, la página web del Consultivo (www.cccyl.es) registró durante el anterior ejercicio 456.000 accesos, lo que da una idea del servicio que ofrece a los ciudadanos, y recientemente, en esta misma línea, se ha incorporado en este mismo espacio web un Portal de Transparencia.

Amilivia destacó además los avances en la segunda fase del Proyecto Cultural-Arqueológico, fruto del convenio con la Consejería de Cultura, cuya muestra expositiva continúa atrayendo a la sede muchas visitas. Proyecto que será culminado este año. “A tal efecto en nuestro presupuesto aportamos el ejercicio pasado 65.527,34 euros, y este año contará con unos 25.000. Se restaurarán 120 piezas cerámicas y unas 70 metálicas, preseleccionadas por su relevancia entre más de 15.000 piezas que servirán de base para la exposición en las distintas vitrinas que se ubicarán en el edificio”.

Mociones y recomendaciones

La memoria del Consejo Consultivo establece distintas mociones y recomendaciones, entre otras, sobre la preceptividad de los dictámenes; petición de dictámenes facultativos o sobre la participación, en su caso, del Consejo en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. También sobre disposiciones normativas y la responsabilidad patrimonial de la Administración, con especial atención en lo referente a la aplicación de la incidencia de la modificación de la normativa estatal sobre la atribución de responsabilidad en accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas y sobre los daños producidos en la celebración de festejos populares.