La provincia de Burgos es la segunda de Castilla y León que más dictámenes del Consejo Consultivo acumula históricamente desde el inicio de su funcionamiento en el año 2003. Del total de 13.571 informes emitidos hasta la fecha, 1.955 (el 14,4%) derivaron de las consultas formuladas por las administraciones autonómica, local, universidad y otros entes locales. Con estos dictámenes se han garantizado los derechos de los ciudadanos, se ha coadyuvado a que las administraciones sirvan al interés general y, en definitiva, se ha ganado en calidad democrática. Mario Amilivia y César Rico

Así lo subrayó hoy en Burgos el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, al inicio de la Jornada sobre la Administración Local y la Función Consultiva, celebrada conjuntamente con la Diputación burgalesa. Jornada dirigida a todos los ayuntamientos de la provincia, con voluntad de proximidad, para debatir sobre los procedimientos tramitados por las entidades locales en los que el Consejo Consultivo supone un aporte de garantía a los intereses de los ciudadanos y su derecho a una buena administración.

Con estas jornadas que acercan la función consultiva al municipalismo, explicó Mario Amilivia, se pretende ejercer una tarea pedagógica, especialmente para los pequeños municipios, muchos de los cuales pueden verse resentidos por el déficit de asesoramiento técnico. Valladolid, León y Palencia ya han sido escenario de este tipo de jornadas, que tendrán su continuidad en Salamanca.

La Jornada se ha centrado en tres ponencias, la primera de las cuales, a cargo de la letrada jefe y secretaria del Consejo Consultivo, María García Fonseca, ha subrayado la importancia del dictamen preceptivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y otros expedientes tramitados por las entidades locales. María García y Francisco Ramos

La segunda ponencia ha servido para exponer las garantías que proporciona el Tribunal Administrativo de Recursos, cuyas funciones ejerce el propio Consejo Consultivo desde 2012, con 400 resoluciones dictadas hasta la fecha.

El secretario del Tribunal, Luis Gracia, ha resaltado algunas de las características de este Tribunal como son su agilidad y eficacia, tanto para los licitadores como para las administraciones –y por tanto para los ciudadanos- en los procedimientos de contratación pública.

La tercera ponencia, impartida por técnicos de la Diputación, ha incidido en las novedades de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, que persigue implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación. Ley que no estará exenta de problemas dada las características del territorio de Castilla y León.

Más de 5.000 consultas de las administraciones locales

Mario Amilivia resaltó que 4 de cada 10 consultas tramitadas por el Consejo Consultivo derivan de las administraciones locales, más de 5.000, según las estadísticas de la institución. Y aseguró también que 11.790 del total de dictámenes emitidos históricamente fueron resultado de consultas sobre responsabilidad patrimonial, es decir, el 87%. Dictámenes en los que se ha velado por todas las garantías del proceso administrativo y que al depurar la responsabilidad patrimonial han contribuido también a un considerable ahorro de caudales públicos.

En lo que va de año, el órgano de control externo ha aprobado ya 457 dictámenes, 69 de los cuales (el 15,10%) corresponden a la provincia de Burgos (42 derivados de consultas de las administraciones locales y 27 de consultas de la administración autonómica a través de sus distintas Consejerías).

Luis Gracia y José I. Sobrini Las consultas  sobre responsabilidad patrimonial iniciadas en la provincia burgalesa en las que ha intervenido el Consejo este año alcanzan los 7,6 millones de euros. En el conjunto de la Comunidad Autónoma alcanzan los 38,5 millones de euros.

Este año ya se han emitido 24 dictámenes derivados de consultas del Ayuntamiento de Burgos, manteniéndose entre las primeras capitales de provincia.

El resto de dictámenes responden a consultas iniciadas por los ayuntamientos de Aranda de Duero, Basconcillos del Tozo, Briviesca, Cerezo del Río Tirón, Miranda de Ebro, Moneo, Quintana del Río, así como de las Mancomunidades de Cuesta Urría y del Río Ubierna, y la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos.

La Diputación Provincial, por su parte, ha presentado históricamente un número mucho más ajustado de consultas.

Conforme a la Memoria de actividad de 2015, Burgos fue la tercera en número de dictámenes, concretamente 83. 73 de ellos derivaron de consultas de responsabilidad patrimonial, 7 de consultas sobre revisión de oficio de los actos administrativos y 3 sobre consultas de contratación administrativa.

Los dictámenes de responsabilidad patrimonial solicitados por las administraciones burgalesas correspondieron 23 de ellos a consultas sobre daños provocados por el mobiliario urbano (caídas en las aceras principalmente); 12 a consultas sobre reclamaciones sanitarias; 12 a consultas sobre procesos de selección y provisión de plazas de funcionarios; 12 a consultas sobre otros tipos de daños y perjuicios generados en el ámbito de los servicios municipales; 9 a consultas sobre daños causados por el mal estado de las calzadas; 4 a consultas sobre daños en el transcurso de la actividad profesional de funcionarios y 1 por un accidente de tráfico debido a la irrupción de un animal en la calzada.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL)

Brevemente, Mario Amilivia, se refirió a la actividad añadida del Consejo como Tribunal Administrativo de Recursos, con 400 resoluciones dictadas desde 2012 mediante las cuales, en un plazo que apenas ha superado el mes, se está depurando la contratación administrativa, garantizando la igualdad de los licitadores y que prospere la mejor oferta.

Baste solo un dato para revelar la trascendencia de este Tribunal: hasta al momento ha intervenido en recursos por un montante que supera los 3.000 millones de euros. Asistentes a la Jornada

En lo que va de año, el Tribunal ha dictado 8 resoluciones por recursos iniciados en la provincia de Burgos: dos por contratos del Ayuntamiento de la capital, tres por contratos de la Universidad de Burgos, uno por un contrato de suministro y obras de un parque en Merindad de Valdeporres; otro de la Consejería de Sanidad (Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro) y uno más del Consorcio de Residuos Sólidos.

Luis Gracia destacó que apenas el 3% de las resoluciones dictadas acaban en la vía contenciosa. Los contratos de servicios y el acto de adjudicación generan más del 50% de los recursos que son estudiados por el Tribunal, cuya sede es la misma que la del Consejo Consultivo, en Zamora.