Inicio de la jornada El presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó el jueves en una jornada sobre contratación del sector público celebrada en Granada que el recurso especial se ha convertido en un "instrumento de eficiencia en el control del gasto público, de fiscalización previa contra la falta de transparencia, los abusos y la corrupción, depurando la contratación administrativa y garantizando una eficiente gestión de los recursos públicos".

Amilivia presentó una ponencia introductoria sobre los problemas de la contratación pública y expuso el trabajo que realiza el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), órgano adscrito al Consejo Consultivo desde 2012, único modelo, junto al de Extremadura, en funcionamiento en el país.

Aseguró el presidente del Tribunal que el "éxito del modelo" radica en que es un tribunal "independiente, ajeno a la administración contratante que, de esta manera, ha despejado recelos de candidatos y licitadores, abriendo la contratación a la concurrencia". Ante una posible proliferación de tribunales de este tipo, alentados desde el arranque de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aseguró que "hubiera resultado más aconsejable establecer de forma clara cuáles y cuántos órganos de recursos contractuales debe haber, garantizar en todo caso la independencia, especialización y la debida colegialidad, además de que sería práctico exigir la exclusividad de esta función de co El Consultivo andaluz organizó la jornada ntrol".

Hasta el momento, el Tribunal con sede en Zamora -la misma que la del Consejo Consultivo- ha aprobado más de 630 resoluciones por un valor estimado de 4.675 millones de euros que totalizaron los contratos impugnados. Los recursos son resueltos por el Tribunal en un plazo, desde la admisión a trámite del recurso, de 23,5 días y con una litigiosidad -recursos que acaban en el contencioso- de solo el 3,5%. En cuanto al sentido de las resoluciones dictadas, el 41,7% han sido desestimatorias, el 17,4% estimatorias y el 10,3% estimatorias parciales.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano,  afirmó durante la inauguración de la jornada celebrada en la sede de esta institución, sita en Granada, que la nueva ley "introduce mayor transparencia y refuerza la lucha contra la corrupción". Las contrataciones públicas que llevan a cabo las administra ciones suponen el 20% del IPB nacional, de ahí que la ley de contratos del sector público sea uno de los temas más relevantes para el derecho administrativo.

La entrada en vigor el 9 de marzo de 2018 del nuevo texto legal ha supuesto un reto para Andalucía y el resto de comunidades autónomas -incluidas las corporaciones locales- dada la co dispomplejidad de una normativa con 347 artículos y 53 disposiciones adicionales. Para dar respuesta a todas estas dudas, el Consejo Consultivo de Andalucía organizó este pasado jueves una jornada formativa bajo el título "Contratación del sector público, viejos problemas, nuevas soluciones", en la que han participado más de 120 personas relacionadas con la gestión en la administración autonómica y local, así como abogados y profesionales del Derecho.

Durante la inauguración, Juan Cano ha destacado como objetivos principales de la ley dotar de una mayor eficacia al proceso de contratación, introducir elementos de transparencia, reforzar la publicidad, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la lucha contra la corrupción "poniendo más dificultades a las bajas temerarias que efectúan determinados contratistas". La nueva ley, que transpone tres directivas europeas, beneficiará a las administraciones locales ya que el ser más ágil, elimina burocracia a las pymes; además, introduce criterios ambientales y sociales en la contratación, lo que favorecerá el empleo de personas con discapacidades.

También han participado en la jornada el secretario del Tribunal castellano y leonés, el letrado Luis Gracia, y la presidenta de la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación, María José Santiago.

Consejo Consultivo de Andalucía y Consejo Consultivo de Castilla y León