Inicio de la Comisión en las Cortes El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, reivindicó hoy en su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de la Memoria de 2014 que es una institución “necesaria”, centrada en el servicio a los ciudadanos, ya que detrás de cada uno de los 597 dictámenes emitidos había uno, un grupo más o menos numeroso de ellos o la Comunidad Autónoma en su conjunto. “El Consultivo contribuye a que la Administración sirva al interés general y es una salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Porque tan importante como la declaración o enunciación de los derechos son las garantías que los sustentan”, declaró.

Además de los 597 dictámenes elaborados a solicitud de las distintas administraciones, Amilivia añadió las 96 Resoluciones dictadas el ejercicio pasado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito desde 2012 al Consejo. “Un Tribunal independiente, que resuelve en un plazo medio de 24 días, que garantiza la libre concurrencia y la igualdad de trato y que evita la litigiosidad. Eficaz, porque según nuestros datos,  sólo alrededor de un 1 por ciento de los recursos son recurridos ante la Jurisdicción Contenciosa. Además de ello, la tasa de resolución de los asuntos por el Tribunal es el 100 por cien”.

En su primera comparecencia de legislatura ante la Comisión de Presidencia, desgranó las principales notas de la institución propia, que calificó como una función de carácter necesario, irrenunciable. “Una institución no duplicada ni complementaria de otra del Estado, que sustituye al Consejo de Estado, pero no miméticamente sino en más supuestos, con mayor cercanía y rapidez en la emisión de sus dictámenes, en un plazo medio de 20 días, 10 en caso de urgencia”.

Subrayó también su carácter de institución estatutaria“dotando de seguridad jurídica tanto a la Administración como a los ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando de una auténtica función de control externo”, valoró. Así como su función consustancial al Estado de Derecho “necesaria para garantizar el principio de legalidad y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, al tiempo que le da coherencia, vertebra e interpreta jurídicamente”.

El Consejo Consultivo –incidió- ha sido objeto en estos años de tres ‘reconversiones’ que son las que le distinguen y le hacen singular en el contexto de los consejos consultivos autonómicos. La producida por la Ley 5/2011, de 19 de septiembre, que afectó a su composición; la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que supuso la creación del Trib Miembros del Consejo Consultivo unal Administrativo de Recursos Contractuales y su adscripción a este Consejo, y la Ley 4/2013, de 19 de junio, que afectó no sólo a su organización, sino que también le dotó de nuevas competencias.

Nuestra Comunidad Autónoma ha apostado por unas instituciones propias con una fórmula diferente –me atrevería a decir una fórmula de éxito- que ha tratado por una parte de dimensionar su tamaño, y de otra aumentar su eficacia y eficiencia dotándoles, en su caso, de mayores competencias, sin costes añadidos, como es el caso del Consejo Consultivo, que es  el de composición más reducida del país, con sólo tres miembros designados por las Cortes de Castilla y León.

Es también la única institución que ha asumido a coste cero más competencias, como fue la creación  del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.Hasta la fecha ha emitido 298 resoluciones sobre una cuantía de los contratos recurridos de 2.620 millones de euros, “por lo que podemos decir que ha contribuido a depurar la contratación administrativa y a ahorrar, en su consecuencia, dinero público”.

El Consejo Consultivo ha sido también por sus características una institución laboriosa, una de las que mayor actividad ha generado históricamente en el país, con más de 13.000 dictámenes emitidos.  Incluso en la actualidad, que se ha modificado la cuantía mínima en los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones, continúa estando entre las que más dictámenes emite y es, en todo caso, la  más activa en relación a su composición. El presupuesto de la institución se ha reducido desde 2007, en un esfuerzo permanente, en más de un 40% y la plantilla suma 24 personas.

  • Actividad consultiva

En el año 2014 fueron admitidas a trámite un total de 619 solicitudes de consulta, de las que se emitieron 597 dictámenes; de ellos 9 sobre anteproyectos de Ley, 2 sobre proyectos de legislación delegada y 18 sobre proyectos de decreto. Desde el inicio de la función consultiva se han aprobado más de 400 dictámenes sobre proyectos normativos, participando en el procedimiento de elaboración de las normas de una manera discreta pero eficaz, dictámenes que no siempre eran emitidos por el Consejo de Estado. 

La mayoría de los dictámenes fueron, un año más, sobre responsabilidad patrimonial, en concreto 433, el 72,5% del total, con los que  ofrecemos un plus de garantía en procedimientos en los que  la Administración es juez y parte, y que por su escasa cuantía tienen vocación de concluir en la vía administrativa, lo que sin duda es una ayuda para aquellos ciudadanos más desfavorecidos. Imagen de la Comisión de la Presidencia

En cuanto al resto de los aprobados el año pasado: 65 lo fueron sobre revisiones de oficio, 25 sobre resolución e interpretación de contratos, 17 sobre recursos  extraordinarios de revisión, y 4 sobre consultas facultativas.

Durante 2014 se recibieron 424 comunicaciones oficiales sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, de las cuales en más del 95,47% se atendieron las observaciones realizadas por este Consejo, lo que ha acreditado históricamente la no politización, la independencia y la auctoritas del Consejo, entendiéndola como el grado de seguimiento de nuestros dictámenes.

Dentro del apartado de mociones y recomendaciones, Amilivia subrayó aspectos como la remisión a la página web del Consejo Consultivo (www.cccyl.es), observaciones sustantivas, contenido de las normas y técnica normativa, límites a la revisión de oficio, duración de los procedimientos sometidos a plazo de caducidad, otras mociones y recomendaciones, Y, finalmente, unarecomendación referida a la realidad efectiva de las nuevas competencias atribuidas al Consejo Consultivo.

Consejo Consultivo de Castilla y León