Mario Amilivia en el acto de apertura Las novedades de índole jurídica y la apuesta por una mayor transparencia en todo lo relacionado con la contratación pública centraron hoy la Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público celebrada en el Consejo Consultivo de Castilla y León, y que contó, en la apertura de la misma, con el presidente de la Institución y del Tribunal Administrativo de Recursos (TARCCyL), Mario Amilivia. También estuvieron presentes los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini.

Amilivia subrayó la cada vez mayor importancia que está cobrando el trabajo del Tribunal cuyas funciones desempeña también el Consultivo, que se traduce en las 300 resoluciones dictadas desde 2012, con un plazo medio que apenas llega a un mes, lo que está contribuyendo a reducir la litigiosidad, introduciendo seguridad jurídica, y a generar ahorro público. Todo ello sin que el trabajo del Tribunal, a diferencia de otros constituidos en el país, genere coste alguno. Esos 300 recursos -96 en lo que va de año-  objeto de resolución por el Tribunal alcanzan ya los 2.660 millones de euros. El letrado Luis Gracia es el secretario del mismo.

La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isabel Gallego Córcoles, departió ante los asistentes sobre la Directiva comunitaria que regula las cuestiones en materia de contratos públicos, sobre las novedades que van a llegar y sobre los criterios de adjudicación de los contratos en el marco de la que será la cuarta generación de Directivas de contratación.  Gallego Córcoles  expuso la incidencia que las nuevas Directi Inicio de la Jornada vas en materia de contratación, pendientes de trasposición, van a tener en el ordenamiento jurídico y cómo están plasmadas en el anteproyecto de ley de contratos del sector público. Y es que la Directiva 2014/24/UE contiene diversas medidas para garantizar la integridad de los procedimientos de contratación pública, para cuya mejor garantía se debe exigir la observancia en todo caso de los principios de igualdad, publicidad, no discriminación, transparencia y libre concurrencia.

Las conocidas como “Directivas de recursos” se aprobaron para uniformizar la variada legislación de los Estados miembros, a través de un sistema de recursos eficaces y rápidos que permitieran hacer efectiva la apertura de la contratación a la concurrencia, aumentar la protección jurídica a candidatos y licitadores, indirectamente, para arrinconar el efecto disuasorio que supone obligar a los participantes en la contratación acudir a la vía contenciosa.

El Tribunal asentado en Zamora se creó en 2012, en un momento en el que la inversión pública alcanzó mínimos históricos por causa de la crisis, siendo previsible que cuando llegué otro ciclo de bonanza económica la inversión pública crezca y, con ella, la contratación, y por consiguiente la carga de trabajo de éste y el resto de tribunales creados. El Consejo Consultivo, en el ámbito de la función consultiva, ha aprobado desde el año 2003 casi 300 dictámenes sobre interpretación o resolución de contratos, por lo que ya había generado una importante doctrina al respecto.

El alto porcentaje de estimación de los recursos puede provenir tanto de la independencia de los tribunales de recursos, como de la inseguridad jurídica y los problemas de los poderes adjudicadores de cumplir con las exigencias de la normativa contractual.

El TARCCyL resuelve aproximadamente en 30 días, siendo el índice de resolución del 100% lo que contrasta con el tiempo medio de resolución de un asunto sobre contratación pública en la jurisdicción contenciosa: 2.790 días (más de 7 años). Duración difícilmente compatible con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente de derecho a un proceso sin dilación indebidas. (Son 706 días en primera instancia; en segunda instancia transcurrirían 990 días; y, si tuviera acceso a la casación, habría tardado más de 1.094 días en resolverse en esta última instancia). Sólo el 1% de los recursos que resuelve el TARCCyL son impugnados ante la jurisdicción contenciosa, lo que da una idea de la destacada tarea que lleva a cabo. Por todo ello, cabe concluir que la tutela que ofrece el Tribunal de Recursos es un "éxito" teniendo en cuenta las variables tiempo + eficacia.

En el año 2012 el 29,02 % de Asistentes a la Jornada las resoluciones fueron estimatorias, tanto parciales como totales; en 2013 fueron el 29,33%; en 2014 fue el 25 %; en 2015 el porcentaje alcanza el 19 %, lo que da una idea de la depuración de la contratación pública que se está realizando.

Si se excluyen aquellos recursos inadmitidos, en los que el TARCCYL no entra en el fondo del asunto, este porcentaje se eleva alcanzando respectivamente el 34,6%, 47,8 % y el 35,8% del total de las Resoluciones dictadas. En todo el periodo 2012-2014 se estimaron un 27,2% de los recursos presentados, lo que representa aproximadamente un 40 % de los admitidos.

Consejo Consultivo de Castilla y León