Presentación Discurso íntegro de José C. Nalda, el pasado 19 de marzo, en el Pleno de aprobación de la Memoria de actividad 2014 del Consejo Consultivo.

Nombramiento como Consejero Emérito

Queridas amigas y queridos amigos, quisiera, con estas palabras, que les abrazara, a todos, mi afecto y estima, al tiempo que el agradecimiento por su presencia en este acto que tiene para mí un particular significado.

Debo agradecer al Sr. Presidente que, con su invitación a que les dijera unas palabras, me ha puesto en el compromiso de tener que condensar en unos cuantos párrafos (y tiempo reducido) las experiencias de cerca de once años de dedicación a la función consultiva; de la colaboración con todas las personas que han hecho posible mi trabajo y de las que he recibido tantas enseñanzas, humanas y jurídicas; de una vida, la mía, que se ha nutrido de las muestras de amistad y cariño que me habéis hecho entrega, y que permanecerán como savia que me revitalizará para abordar la etapa jubilar. Como es tan amplio el recuerdo, pido a Mario y a todos ustedes la benevolencia por si me alargo más de la cuenta.

Me veo en la toma de posesión un 5 de mayo de 2003, presidida por el Presidente Herrera y en la primera sesión plenaria que tuvimos horas después. Acompañaba, como Consejero nato, a los Consejeros electos: Mª José Salgueiro, Javier Fernández Costales, Manuel Estella Hoyos, Antonio Pérez Solano y Jesús Quijano, alrededor de una mesa, en el despacho destinado a la presidencia del Consejo en la primera planta del edificio nº 8 de la calle del Duque de la Victoria en Valladolid. Estábamos solos con nuestro ánimo para cumplir, como mejor supiéramos, con aquella novedosa tarea; hablamos durante unos momentos y dimos cumplimiento al mandato legal: elegimos a Mª José para que fuera la presidenta y decidimos ponernos, cuanto antes, a la tarea de llenar de contenido la institución, para lo que necesitábamos, con urgencia, la dotación, aunque fuese mínima, de personal colaborador. Permitidme que mencione, en nombre de todos los que aportaron su trabajo al Consejo recién nacido, a Jesús Besteiro, primer Secretario General, María Fonseca, la primera letrada, que nos ayudaron en el caminar inseguro del inicio en la función consultiva, y a Antonio Píriz que se encargó de poner las bases administrativas y económicas del Consejo, que nos dejó tras luchar varios años con una implacable enfermedad y al que deseo honrar su memoria. Que no se sientan olvidados los que no he citado, de los que formaron el primer equipo (ni, por supuesto, los demás con los que he participado hasta hace bien poco, en condiciones espaciales diferentes), pues puedo asegurarles que se mantienen en mi memoria trabajando en aquella oficina abierta (en el sentido exacto del término) donde el cruce de miradas nos ayudaba a superar los momentos de debilidad.

Los Consejeros pusimos todo el empeño para que la institución recibiera las primeras consultas a dictamen en el mes de noviembre. Aunque nos dimos cuenta de las limitaciones, pudimos contar con la experiencia de otros Consejos de Comunidad Autónoma que nos habían precedido y, sobre todo, teníamos el referente del Consejo de Estado al que veníamos a substituir, en las funciones que la ley le tiene encomendadas, respecto a las competencias autonómicas; no sé si me creerán si les digo que gran parte del tiempo activo, en la sede o en casa, lo dediqué a la tarea de bibliografía: todavía guardo dictámenes diversos, con las notas al margen o en la carpeta archivadora, que me abrieron el horizonte hacia el que debíamos transitar. Antonio Pérez Solano y yo nos especializamos (para mí de manera indeleble, pues he sido el ponente de todas las modificaciones reglamentarias que se han producido durante este tiempo) en el estudio de reglamentos, con el compromiso de que el Reglamento del Consejo pudiese estar aprobado y publicado en el mes de septiembre. Antonio y yo llevábamos muchos años de trabajo conjunto en las responsabilidades que nos había encomendado el Partido Socialista y nos era fácil compartir la mesa, uno a cada lado, para poner en común los diferentes bloques reglamentarios que habíamos estudiado previamente por separado. Fue una etapa de aprendizaje, muy fructífera, que recuerdo con gran cariño; y más hoy, con el afecto preñado de la nostalgia por que solo voy a poder hablar con el compañero en la virtualidad de las imágenes mentales.

No voy a comentar los contenidos reglamentarios, aunque si merecería resaltar que será en este Reglamento donde los historiadores encontrarán la primera referencia escrita del compromiso político sobre la ubicación en Zamora de esta institución propia de la Comunidad. Mª José puso todo su empeño en que esta previsión se cumpliese y provisionalmente en el edificio alquilado al Obispado en Ramos Carrión y ahora de manera definitiva en este moderno edificio que nos acoge y al que la Junta de Castilla y León dedicó los medios necesarios, cuantiosos sin duda, para transformar un espacio deteriorado con un edificio singular que, en arquitectura moderna, no desmerece de las de su entorno. Hace unos días asistí a la presentación de lo que puede ser un elemento museístico muy importante para completar la historia de los pobladores de esta Ciudad gracias a las importantes obras arqueológicas que se llevaron a cabo y que tan impacientes nos ponían a los Consejeros, pues, durante un tiempo, cada vez que nos acercábamos a la obra solo veíamos operarios a mayor profundidad.

Estimo que, en este momento de despedida, debo ofrecerles cuál es mi pensamiento y por tanto la voluntad con que he abordado la actividad consultiva. Tengo claro que el Consejo aporta al edificio institucional de la Comunidad Autónoma algunos elementos claves para completar su identidad política y territorial. El ejercicio con plena autonomía de las competencias que le son propias obliga a que la Comunidad disponga también de los adecuados órganos de consulta, asesoramiento, participación y control, sin tener que depender de instancias ajenas a la actividad cotidiana; las garantías que reclaman los ciudadanos no se pueden obtener esperando las resoluciones de órganos alejados de las obligaciones diarias y si han de obtenerse de instituciones cercanas, creadas para el servicio de la Comunidad, al menos que se quiera poner en riesgo las conquistas democráticas que ampara la Constitución Española de 1978. Con esta perspectiva, las funciones que procura desempeñar el Consejo se pueden agrupar en tres grandes apartados: asesorar y cuidar de que las normas que se proponen para su aprobación cumplen con el ordenamiento jurídico; velar por que en su aplicación se siguen los procedimientos adecuados; y atender, en los asuntos que prevé la ley, a que no se produzca colisión entre la actuación pública servicial y de aplicación de las regulaciones, encomendada a la administración, y los intereses atendibles de la sociedad.

Mario y José Me permitirá el Presidente que exprese mi insatisfacción en dos aspectos: que las instituciones básicas de la Comunidad no hayan utilizado con mayor profusión la consulta facultativa y que las administraciones locales no aprovechen con mayor intensidad su capacidad, acudiendo a su consejo, además de en los casos que son preceptivos (sobre los que todavía hay Ayuntamientos que no cumplen debidamente), en otros asuntos que pueden revestir especial trascendencia y exigir de opiniones prudentes, alejadas de las actitudes coyunturales. Quisiera insistir en que la intervención del Consejo, no reduce la autonomía de gobierno de los órganos consultantes; antes al contrario, aportaría una mayor amplitud de criterios que pueden facilitar la adecuada toma de decisión.

Ruego perdonen que haya cogido al vuelo y abusado de la oportunidad que me daba el tener que pronunciar unas palabras de agradecimiento por la honra que se me hace y se hizo, hace meses, de nombrarnos Consejeros Eméritos a mis compañeros del primer Consejo y al Ex - Presidente Demetrio Madrid, que se incorporó dos años después como Consejero nato. Con este honor, quiero entender, se nos reconocen los servicios prestados para poner en servicio la función consultiva en la Comunidad y que se concretan en los varios miles de dictámenes emitidos con nuestra participación. Hecho que me permite resaltar un principio que no está recogido en la Ley de creación, ni en el Reglamento, que muchas veces he oído a Mario en sus intervenciones, pero que fue adoptado de común acuerdo en aquellas conversaciones de mayo del 2003: que es preciso procurar que los dictámenes no sean solo la visión, por muy cualificada que sea, del Consejero ponente, sino que respondan a una formulación en la que todos los Consejeros nos encontremos representados. Principio de consenso, de sosiego, de cooperación en la búsqueda de posiciones compartidas, llámese como se quiera, pero les aseguro que ha funcionado durante esta década, salvo en una ocasión en que las tensiones políticas llegaron hasta la mesa del Consejo. Espero y deseo que este espíritu, cuasi fundacional, acompañe siempre a los colegas que nos sucedan en futuros Consejos, pues Mario, Fernando y Ángel afirmo, con rotundidad, lo cumplen escrupulosamente.

Termino glosando la leyenda del emblema del Consejo. En primer lugar recordarles, por si alguno lo ha olvidado, que está basado en el sello rodado con el que Alfonso VIII confirmaba los acuerdos de su Consejo y que la leyenda "ómnibus aequa" que algunos traducen libremente, como cuando traducíamos por hacer gracia algunos párrafos de las catilinarias de Cicerón o de la guerra de las Galias de Julio César, como "agua para todos" es, sin embargo, una versión que alcanza toda la profundidad de su significado simbólico: que el Consejo debe procurar cumplir, siempre, en sus actuaciones, con el principio de igualdad que es, como el agua para la vida, generador de las libertades y la democracia.

Presidente y Consejeros, en nombre de todos los eméritos expreso nuestro más entrañable agradecimiento.





Consejo Consultivo de Castilla y León/ Fotografía J. L. Leal (ICAL)