Vista del Consejo Consultivo El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó en 2014 un total de 84 dictámenes correspondientes a la provincia de León, solicitados por las Administraciones vía consulta, mayoritariamente de carácter preceptivo: 45 por parte de la Administración Autonómica a través de sus distintas Consejerías, 38 por la Local (Diputación Provincial, Ayuntamientos y Juntas Vecinales), y uno por la Universidad de León.

La única consulta de carácter facultativo presentada en la provincia el año pasado fue planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada (León) sobre la asignación económica a los concejales no adscritos en dicha Corporación. Estos 84 dictámenes suponen el 14% del total de los emitidos en todo el año por el superior órgano consultivo de la Comunidad con sede en Zamora y que preside el leonés Mario Amilivia, 597. Pese a que en 2014 León ha dejado de ser por primera vez  la primera provincia en número de consultas y por tanto de dictámenes, en el registro histórico de los mismos ocupa el primer lugar con mucha diferencia sobre el resto de las provincias: 3.230, frente a la segunda en esta clasificación, Burgos, que acumula 1.803.

Esta es la secuencia histórica de dictámenes correspondientes a León:

-          Año 2003: ……………….19

-          Año 2004: ……………. 394

-          Año 2005: ……………..407

-          Año 2006: ……………..449                    

-          Año 2007: ……………..295

-          Año 2008: ……………..268

-          Año 2009: ……………..327

-          Año 2010: ……………..325

-          Año 2011: ……………..326

-          Año 2012: ……………..165

-          Año 2013: ……………..171

-          Año 2014:………………..84

-          TOTAL:……………3.230

El balance de 2014 se resume en 64 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, es decir, aquellos derivados de consultas de las administraciones por daños a causa del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos; 8 sobre revisión de oficio de los actos administrativos; 5 sobre recursos administrativos; 4 sobre modificación de planes urbanísticos; y uno respectivamente sobre contratación administrativa y régimen local, a los que se suma el dictamen facultativo que pidió el Ayuntamiento de Ponferrada.

En relación a las consultas ‘leonesas’ despachadas por el Consejo, 3 fueron remitidas por la Consejería de Economía y Empleo; dos por la de Educación; una por Familia e Igualdad de Oportunidades; 14 por Fomento y Medio Ambiente; una por Hacienda; una por Presidencia y 23 por Sanidad. En relación a la Administración Local, la Diputación remitió 3 consultas, dos por accidentes por atropello de animales en las carreteras y otro por un siniestro a causa del mal estado de la calzada. Los ayuntamientos de Cármenes, Fresno de la Vega, Junta Vecinal de Renedo de Valderaduey, Junta Vecinal de Santa Olaja de la Ribera,  La Bañeza, Puebla de Lillo, Riaño, Riego de la Vega, Sahagún, Sahechores de Rueda, San Andrés del Rabanedo y Vega de Infanzones presentaron una respectivamente, el de Villablino 3, el de  Villaquilambre 2 y el de Ponferrada 4.

El Consejo aprobó 14 dictámenes sobre otras tantas consultas del Ayuntamiento de León, todas ellas por responsabilidad patrimonial: 6 sobre mobiliario urbano (5 sobre daños por caídas a causa del deficiente estado de algunas aceras y otra por daños en el acceso al Ayuntamiento por la puerta giratoria); 6 por accidentes debido al mal estado de las calzadas (reventones de ruedas, caída en una pasarela peatonal o caídas por el mal estado de un paso de peatones) y dos por otras causas (una caída en las instalaciones deportivas del Parque y otra por perjuicios derivados de un expediente sancionador en materia urbanística).

La suma total de las indemnizaciones reclamadas en las consultas de la provincia sobre responsabilidad patrimonial alcanzó los 6.623.316 euros. Los dictámenes de carácter estimatorio, aquellos en los que se demuestra que ha habido responsabilidad patrimonial y se da la razón a los perjudicados por fallos en los servicios de las administraciones, alcanzaron los 170.000 euros. Con ello, como garantía de legalidad con los dictámenes, señala Mario Amilivia, “coadyuvamos a depurar la responsabilidad patrimonial y a ahorrar mucho dinero público porque las administraciones siguen en un altísimo porcentaje el sentido de nuestros dictámenes”.

La indemnización más elevada de las que se pudo disponer en el conjunto de las consultas sobre responsabilidad patrimonial corresponde a una del ámbito sanitario por mala praxis médica en el Hospital de León (secuelas por un retraso de diagnóstico) por la que se pedían 1.509.392 euros a la Consejería de Sanidad. El dictamen emitido fue desestimatorio.

Garantía de legalidad

“El procedimiento administrativo no es disponible por parte de la Administración; los ciudadanos tienen derecho a que la Administración, en una reclamación de responsabilidad patrimonial, pida un dictamen al Consejo Consultivo. Es una garantía para el ciudadano y el interés general. Un ayuntamiento no puede disponer alegremente del procedimiento. Que proceda o no pagar es una cuestión que decide, en su caso, el Consejo Consultivo”, apuntó Amilivia, quien insistió en la conveniencia de que todos los ayuntamientos, en los supuestos que contempla la ley, recaben el dictamen de la Institución que preside “porque es una garantía de legalidad y prescindir de ellos conlleva un vicio de nulidad de la decisión que se adoptase”.

En resumen, en relación al sentido final de los dictámenes aprobados, 46 lo fueron en sentido desestimatorio, 10 en sentido estimatorio y 11 en sentido estimatorio parcial, mientras que en el resto se trató de otro tipo de observaciones, caducidades o resoluciones diversas. Cabe destacar, como así sucede a nivel de todas las provincias, la alta coincidencia entre las propuestas de resolución de la administración y el sentido final de los dictámenes.

El descenso que se ha registrado en el número de dictámenes con respecto a 2013 obedece, como así ha sucedido en el resto de provincias, a la elevación de las cuantías mínimas para el dictamen de las consultas sobre responsabilidad patrimonial (3.000 euros como mínimo para las del ámbito de las Administraciones locales y 6.000 para las de las Consejerías de la Junta). Hasta el punto que ya han desaparecido prácticamente las consultas por daños de la fauna –en la provincia eran numerosísimas las generadas por los daños del oso en las brañas y colmenares de la Montaña- (sólo 2 en 2014), las del ámbito escolar o atropello de animales. Es decir, en muchas ocasiones los daños no superan las cuantías establecidas en 2013. En estos supuestos, además, existe una doctrina jurídica asentada durante estos años.

En relación a los dictámenes del ámbito sanitario, que aunque han descendido, siguen siendo de gran transcendencia por la materia a la que afectan, se aprobaron 19, todos ellos desestimatorios, a excepción de tres estimatorios parciales y uno estimatorio (una consulta por retraso quirúrgico y error de diagnóstico en el Hospital de León por la que se pedían 136.673 euros a Sanidad).

En cuanto al resto de los de responsabilidad patrimonial, 13 fueron por consultas sobre accidentes por el mal estado de las calzadas, otros 13 por daños a causa del mal estado del mobiliario urbano, 8 por otras causas, 4 por atropellos de animales, otros 4 por perjuicios durante la actividad profesional de funcionarios, dos por daños de la fauna y uno por un accidente escolar.

Los dictámenes sobre modificaciones urbanísticas fueron el expediente sobre aprobación de las modificaciones puntuales núm. 1 a 11 de las Normas Urbanísticas Municipales de Riaño; el expediente sobre proyecto de Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de León relativa al sector de suelo urbanizable ULD 08-01 “La Serna-La Granja”, el expediente de Modificación Puntual núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Prioro y el expediente núm. 374/2014, Modificación Puntual núm. 14 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Camponaraya, Sector MC-1.

El dictamen sobre régimen local derivo del expediente de deslinde de la línea límite jurisdiccional entre las entidades locales menores de San Félix de la Valdería y Castrocalbón, pertenecientes al municipio de Castrocalbón.

El resto de los dictámenes ‘leoneses’ derivaron sobre una consulta sobre contratación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, y sobre recursos extraordinarios de revisión sobre expedientes de Consejerías de la Junta.

Consejo Consultivo de Castilla y León / EFE