EL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEON RESOLVERA LAS CUESTIONES DE CONTRATACION PUBLICA DEL CONSEJO DE CUENTAS

Mario Amilivia y Jesús Encabo firmaron hoy el convenio de colaboración en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, al que ha quedado adscrito dicho Tribunal

1_El TARCCYL resolverá las cuestiones de contratación pública del Consejo de Cuentas

El presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, y el del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, han firmado hoy en la sede del Consejo Consultivo, al que ha quedado adscrito dicho Tribunal por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, un convenio de colaboración en virtud del cual la institución fiscalizadora del sector público de la Comunidad encomienda a este nuevo Tribunal la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos a los que se refiere la referida Ley.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León es un órgano con competencia para la resolución de los recursos que puedan interponer las empresas licitadoras, dentro de un procedimiento de contratación administrativa, contra alguno de los trámites realizados por una Administración contratante de Castilla y León (Junta de Castilla y León y entidades vinculadas o dependientes, Ayuntamientos, Diputaciones y Universidades públicas), como la aprobación de los pliegos, la exclusión de una empresa de la licitación o la adjudicación del contrato. Todo ello de acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 62 de la Ley 1/2012 dispone que las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas podrán acudir al Tribunal, previa celebración del correspondiente convenio con el mismo. A tal efecto, el Consejo de Cuentas ha decidido acogerse a la opción establecida en la ley, y que ha quedado reflejada hoy en la firma del convenio, en virtud del cual someterán a la resolución que adopte el Tribunal los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Los representantes de ambas partes consideran que “resulta muy beneficioso” para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de colaboración en el ámbito de las citadas materias de contratación pública.

El Tribunal quedó constituido el 27 de marzo pasado y tiene su origen en las directivas comunitarias, de obligado cumplimiento. Su misión es garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas y resueltas de manera eficaz y lo más rápidamente posible, antes de que el contrato se haya celebrado y formalizado. Al quedar adscrito por ley al Consejo Consultivo de Castilla y León, el Presidente, los Consejeros electivos y el Secretario General del mismo son, respectivamente, Presidente, Vocales y Secretario del Tribunal. En todo caso, existe total independencia de funciones entre el Consejo y el Tribunal. Los miembros del Tribunal no perciben retribución adicional alguna por el desempeño de estas funciones.

6 recursos tramitados en apenas un mes

En el espacio de un mes desde su constitución, son seis los recursos presentados, de los que cinco ya han sido resueltos en escasamente tres semanas desde su interposición y el último presentado lo será en breve plazo.

Han sido concretamente los ya resueltos tres recursos interpuestos por otras tantas empresas contra los acuerdos de una mesa de contratación por los que fueron excluidas del procedimiento de licitación del Acuerdo Marco para el suministro de artículos de colchonería, lencería y vestuario con destino a centros de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. En los tres casos la resolución del Tribunal fue desestimatoria.

Además, se han resuelto otros dos recursos más. Uno interpuesto por una empresa contra el acuerdo de una mesa de contratación por el que fue excluida del procedimiento de licitación del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica, provincia de León, situadas al oeste de la N-630. En este caso la resolución fue estimatoria; y otro más interpuesto contra la Universidad de Valladolid por la que se adjudica el contrato de suministro e instalación de mobiliario para la nueva Facultad de Ciencias. La resolución fue desestimatoria.