EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO ENTREGO LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DE 2011 A LOS ALCALDES DE BENAVENTE Y VALENCIA DE DON JUAN

1_Entrega de la Memoria a los alcaldes de Benavente y Valencia de Don Juan

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma, Mario Amilivia, se ha reunido con los alcaldes de Benavente y de Valencia de Don Juan, Saturnino Mañanes y Juan Martínez Majo, respectivamente, dentro de la ronda iniciada por la institución para sensibilizar a todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Autónoma en la solicitud de dictámenes preceptivos de responsabilidad patrimonial cuando las cuantías reclamadas sean superiores a los 1.000 euros. Amilivia entregó a ambos la Memoria de actividad correspondiente a 2011, que se cerró con la aprobación de 1.633 dictámenes.

El Consejo Consultivo celebró una reunión de secciones en el Ayuntamiento de Benavente el pasado 11 de febrero de 2010, mientras que la de hoy ha sido la primera visita institucional al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

2_Entrega de la Memoria a los alcaldes de Benavente y Valencia de Don Juan

Asimismo, el presidente del superior órgano consultivo de la Comunidad ha comunicado a ambos alcaldes los principales cambios y nuevas competencias derivadas de la modificación de la Ley 5/2011, de 19 de septiembre, por la que se introdujeron modificaciones relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivo y de Cuentas. Modificaciones que también tuvieron su expresión en el nuevo Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por la Junta el pasado mes de mayo.

La nueva composición del Consejo Consultivo tras la reducción del número de sus consejeros electivos es la siguiente: además del presidente Mario Amilivia, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y uno de los colaboradores en la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León; Angel Velasco, abogado laboralista, ex procurador y ex concejal del Ayuntamiento de Valladolid; y José Constantino Nalda, ex presidente de la Junta.

El Consejo viene ejerciendo una nueva competencia desde finales del pasado mes de marzo cuando quedó constituido en Zamora el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, órgano presidido también por Mario Amilivia, así como por dos vocales que son los consejeros electivos Fernando Rey y Angel Velasco, estando asimismo asistido por el secretario del Consejo-. El Tribunal, que es competente ante todos los poderes adjudicadores y fundamentalmente en todo tipo de actos relacionados con los contratos y trámites previos a la adjudicación, desarrolla sus funciones con total normalidad.

Amilivia incidió en su encuentro con los alcaldes de ambos municipios en que ahora, al implantarse la cuantía mínima de 1.000 euros para dictaminar preceptivamente consultas sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, se hace necesario reclamar a los Ayuntamientos que soliciten este tipo de dictámenes, que son de carácter obligatorio y el hecho de no pedirlos acarrea un vicio de nulidad de la resolución que pudiera adoptarse.

El presidente subrayó además el carácter gratuito de los dictámenes para las administraciones al no conllevar su realización el pago de ningún tipo de tasa o precio, al tiempo que destacó su contribución a la austeridad demandada “porque depuramos el principio de responsabilidad patrimonial y de esa manera ahorramos muchísimo dinero público a las administraciones. Somos garantía de los derechos de los particulares, pero también contribuimos a que la Administración sirva al interés general y de esa manera depuramos el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración”, indicó.

Desde el inicio de la función consultiva –año 2003- se ha registrado un dictamen correspondiente a Valencia de Don Juan. Se trató de una consulta en 2008 sobre responsabilidad patrimonial por el mal estado de una calzada.

La Memoria de 2011 refiere que el Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 1.633 dictámenes en 2011. León, con 326 dictámenes, fue la provincia con mayor número de dictámenes emitidos [el 20% del total].

Por administración consultante, 258 dictámenes derivaron de consultas remitidas por la Administración autonómica, 67 de la Administración Local y 1 por la Universidad.

Por asunto, 305 dictámenes derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial de las distintas administraciones; 16 de consultas sobre revisión de oficio de los actos administrativos; 2 sobre régimen local [límite jurisdiccional entre Quintana y Congosto y Villamontán de la Valduerna, y fijación de la línea límite jurisdiccional entre las entidades locales menores de Santa María del Río y Villacerán, pertenecientes al municipio de Villaselán]; 2 sobre recursos administrativos (recursos extraordinarios de revisión) y una sobre contratación administrativa [una resolución de contrato entre la Consejería de Educación y una empresa de transporte escolar].

29 de los 67 dictámenes correspondientes a la Administración Local derivaron de consultas sobre reclamaciones por accidentes a causa del mal estado de las calzadas, 20 por reclamaciones a causa del deficiente estado del mobiliario urbano, 15 por daños generados por distintos servicios del ámbito municipal, 2 por revisiones de oficio de las Juntas Vecinales de Rucayo y Cogorderos y uno por un recurso administrativo contra el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas por una liquidación del impuesto de Plusvalía.

Por parte de la Administración autonómica, 184 dictámenes derivaron de consultas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 53 de la de Sanidad; 9 de la de Educación; 7 de la de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2 de Interior y Justicia; otras dos de Economía y Empleo y 1 de la de Agricultura.

El conjunto de las indemnizaciones por reclamaciones de responsabilidad patrimonial solicitadas por los afectados en las consultas iniciadas en la provincia de León en el ejercicio anterior alcanzó los 7.075.480 euros, siendo la tercera provincia en cantidad reclamada ante de las administraciones, después de Valladolid [18,5 millones de euros] y Salamanca [11,5 millones]. El total de las reclamaciones en Castilla y León ascendió a 53,6 millones, suponiendo las registradas en las consultas del ámbito sanitario el 60% [32 millones de euros].

Son hasta la fecha 2.859 los dictámenes correspondientes a la provincia de León aprobados por el Consejo Consultivo desde el inicio de la función consultiva, en 2003, suponiendo el 27% del total. Es decir, tres de cada diez dictámenes aprobados por la institución derivan de consultas iniciadas en la provincia.