INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EN EL PLENO DE APROBACION DE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DE 2010

1_Intervención del Presidente del Consejo en el Pleno de Aprobación de la Memoria de 2010

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores…

Quiero en primer lugar agradecer su presencia en este acto de lectura y aprobación de la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León, que cumpliendo con el mandato legal se hace un año más en sesión pública y solemne. La publicidad y solemnidad viene dada por la presencia de las autoridades que nos acompañan y la publicidad, además de por ser abierto a todo a quien quiera asistir, por la presencia de los medios de comunicación, que hacen posible que llegue a todos los lugares.

Mi agradecimiento con carácter especial al Presidente de la Diputación y a la Institución que preside por acogernos en este marco incomparable de la iglesia de La Encarnación.

Como creo que sabrán, las obras de la sede del Consejo Consultivo en la calle Obispo Manso avanzan ya hacia su conclusión, lo que traerá como consecuencia nuestro traslado en el verano, época en la que inevitablemente, como consecuencia de la convocatoria electoral –y por lo tanto el fin de una legislatura– se verá mermada la labor consultiva.

 

Los castellanos y leoneses, disponen de una manera más cercana y próxima de una “importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva. 


Quiero reiterar, como ya se ha dicho en años anteriores, nuestra intención de que la futura sede del Consejo Consultivo se abra a toda la sociedad, zamorana y de la Comunidad Autónoma.

A tal fin, reclamaremos la colaboración de las instituciones públicas, especialmente del Ayuntamiento y de la Diputación, en torno a un edificio que será un referente arquitectónico de primera magnitud porque pocas veces se habrá conseguido conjugar vanguardia y tradición con tanto acierto como lo hará la futura sede, enclavada en un espacio histórico y monumental extraordinario.

Pero quiero insistir, a pocas fechas de su puesta en funcionamiento, que es nuestro propósito ofrecer, abrir nuestra sede no sólo a las Instituciones públicas sino a toda la sociedad: Colegios Profesionales, agentes económicos y sociales, colectivos sociales y culturales, medios de comunicación… En definitiva, todos aquellos que promuevan iniciativas que redunden en lo mejor para el interés general.

Con suma brevedad, tras la lectura de la Memoria por el Secretario general y su consiguiente aprobación, voy a subrayar algunos de los aspectos del trabajo de nuestra Institución. Inevitablemente, tengo que repetir datos y cifras porque son expresión gráfica de la actividad realizada.

Como se ha dicho, en el año 2010 se aprobaron 1.601 dictámenes, el 20% del total los emitidos desde el comienzo de nuestra actividad en mayo de 2003, consolidándonos de esta manera como el Consejo Consultivo que más dictámenes, con gran diferencia, emite en nuestro país. También, cualitativamente, hay que destacar nuestro trabajo en relación a la importancia de dictámenes como los 44 de rango jurídico-normativo, los 42 sobre consultas de revisión de oficio de los actos administrativos, los 32 sobre contratación administrativa o los 2 sobre recursos de inconstitucionalidad, a los que luego me referiré.

En resumen, en el año 2010 se aprobaron más del doble de los dictámenes emitidos en 2004, casi el 35% más que en 2007, el 42% más que en 2008 y el 7,5% más que en 2009. Y un dato incontestable: casi el triple de las consultas correspondientes a Castilla y León dictaminadas por el Consejo de Estado en 2003, último ejercicio en el que emitió dictámenes sobre nuestra Comunidad Autónoma.

Lo que significa, como ha dicho el propio Tribunal Constitucional, que los ciudadanos, que los castellanos y leoneses, disponen de una manera más cercana y próxima de una “importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva”.

Que nuestra actividad sea fundamentalmente de naturaleza técnica, no es óbice para afirmar que nos encontramos situados en el centro de la relación de los ciudadanos con la Administración. Porque nuestros dictámenes, en función de su materia, afectan bien a todos, a una parte o a uno solo de aquéllos.

Es decir, podemos afirmar que en los cerca de 9.000 dictámenes emitidos desde la creación del Consejo Consultivo en Castilla y León, éste ha contribuido a garantizar el cumplimiento de la legalidad, el interés general y los derechos de los ciudadanos con más cercanía y en más supuestos que lo acontecido hasta el año 2003.

Esta actividad creciente constata lo que venimos remarcando: que somos una institución, útil, necesaria y consolidada para nuestra Comunidad.

 

Como ha dicho el consejero permanente del Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón, “hemos contribuido a depurar el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración, salvaguardando los derechos de los ciudadanos, contribuyendo a una eficaz asignación de los recursos y, en su caso, ahorrando importantes sumas de dinero público”. 

Actualmente, según lo establecido en su última Memoria, el Consejo de Estado, al que sustituimos en el ámbito de las Administraciones de la Comunidad –hasta ahora con una cuantía mínima para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de 6.000 euros– emite 2.127 dictámenes para todo el Estado.

En relación con las materias objeto de dictamen, me gustaría destacar que en el año 2010 se aprobaron 44 dictámenes de rango jurídico-normativo, 20 sobre Anteproyectos de Ley que representaron casi el 25% del total histórico, y 24 sobre Decretos o Reglamentos Ejecutivos, lo que prueba la intensa iniciativa legislativa del Gobierno a la que no ha sido ajeno el desarrollo del Estatuto de Autonomía, con especial atención a la Carta de Derechos en él comprendida.

Se han formulado 65 observaciones sustantivas a los proyectos normativos, que son aquellas que, a juicio del Consejo, contravienen el ordenamiento jurídico y que sólo en el supuesto de ser atendidas por el Gobierno éste podría utilizar en su aprobación la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo”, siendo atendidas 58, lo que pone de manifiesto un alto grado de seguimiento, cerca del 90%.

Además, se han formulado otras 577 observaciones no obstativas que han sido fundamentalmente incorporadas a los textos normativos. Todos los Reglamentos Ejecutivos han sido aprobados con la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo”.

En estos dictámenes que no emitía en todos los supuestos, el Consejo de Estado y que sí son competencia del Consejo Consultivo de nuestra Comunidad por mandato de su Ley Reguladora, la función primordial es un control preventivo en relación con la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. Además, nuestra Institución debe de velar por mejorar la técnica normativa, buscar la claridad y brevedad de las normas y aportar juicios alternativos desde un punto de vista jurídico. Y finalmente, y no menos importante, determinar si se han observado los trámites procedimentales establecidos e incorporado a los expedientes los informes preceptivos.

En relación con el resto de los dictámenes, un año más el mayor número han sido los correspondientes a la responsabilidad patrimonial aumentando un 7,8% con respecto a 2009. Por materias, por su trascendencia económica y social, destacan los de ámbito sanitario, 224 dictámenes emitidos en este último ejercicio.

El conjunto de las indemnizaciones solicitadas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sumaron cerca de 39 millones de euros, suponiendo las sanitarias más de 22. En este sentido, hay que tener en cuenta aquellas indemnizaciones solicitadas que no figuran en la reclamación o que son fijadas en un momento posterior del procedimiento, por lo que estas cuantías no pueden ser incluidas en estos datos. Es decir, como ha dicho el consejero permanente del Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón, “hemos contribuido a depurar el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración, salvaguardando los derechos de los ciudadanos, contribuyendo a una eficaz asignación de los recursos y, en su caso, ahorrando importantes sumas de dinero público”.

Voy a referirme a continuación a las mociones y recomendaciones que esta Memoria eleva a la Junta y a las distintas administraciones en función de su acreditada experiencia y quiero destacar entre ellas sólo dos: la conveniencia de la aprobación de textos refundidos de carácter normativo, lo que contribuirá a una mayor efectividad del principio de seguridad jurídica y a una más ágil interpretación y aplicación de las normas, que tienen como destinatarios principales no sólo a las autoridades y funcionarios, sino a los ciudadanos o administrados.

Y en segundo lugar, quiero destacar la importancia de “la instrucción en los procedimientos de responsabilidad patrimonial”, con referencia expresa a las entidades locales, porque el respeto al procedimiento administrativo constituye una garantía de los derechos de los ciudadanos y no un obstáculo. Garantía en un doble sentido; de una parte es una protección para que la actuación de la Administración sea conforme al ordenamiento jurídico y por otra para que tal actuación pueda ser conocida y fiscalizada por los interesados.

No es razonable por ello que, en aras a una pretendida rapidez o eficacia, se puedan ver mermados derechos y garantías de los ciudadanos. En este sentido, debo recordar lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía en relación con el derecho a una buena Administración y nuestra obligación reglamentaria de poner de manifiesto ante la autoridad correspondiente la omisión de consultas preceptivas cuando se hubieran producido, con la advertencia, en su caso, de las posibles consecuencias que en derecho procedan.

El Consejo Consultivo reitera en su Memoria la oportunidad de modificar nuestra Ley Reguladora de acuerdo con la Ponencia que aprobamos en sesión plenaria el 5 de mayo de 2009 y que elevamos a la Junta de Castilla y León. Creemos que después de las elecciones municipales y autonómicas, y posiblemente tras la consiguiente renovación de la Institución se acerca el momento procedimentalmente adecuado para ello.

Modificación que implicaría la asunción de nuevas competencias y un mayor acercamiento del Consejo Consultivo a las Corporaciones Locales. Sin olvidar la fijación de una cuantía mínima en los dictámenes de responsabilidad patrimonial, en asuntos en los que ya existe una doctrina jurídica consolidada. Cuantía mínima que ahora se hace ineludible como consecuencia de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.

El presumible descenso de expedientes como consecuencia del establecimiento de dicha cuantía se vería compensado por el paulatino aumento del número de asuntos de todo tipo, el comportamiento cabal y responsable de las propias entidades locales, que no pueden obviar dictámenes preceptivos con las consecuencias jurídicas que ello conlleva y finalmente las nuevas competencias mencionadas, entre las que destacaría la posibilidad de elaborar informes en asuntos de especial relevancia estatutaria.

Una cuantía mínima en los expedientes de responsabilidad patrimonial no impedirá que normalmente nos convirtamos en el Consejo Consultivo que más dictámenes emite del país, en la medida que continuemos con una labor permanente de cercanía a las administraciones, especialmente a las entidades locales.

Y ello porque si los destinatarios de nuestros dictámenes son las administraciones, no se puede obviar que Castilla y León es la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellas: la Junta y la Administración de la Comunidad, 9 Diputaciones Provinciales, 2.248 Ayuntamientos y 4 universidades públicas lo evidencian de una manera más que gráfica.

Finalmente, quiero poner de manifiesto unas notas del carácter de nuestra Institución.

Nuestra actividad se basa como saben en la auctoritas y no en el poder. Como se ha dicho, “mientras que el poder determina la conducta de los demás, sustituyendo la voluntad ajena por la propia, la auctoritas, en cambio, la condiciona, inclina a seguir una opinión o conducta pero ofrece la posibilidad de no seguirla”. Nuestra fuerza, por ello, reside en el grado de seguimiento que las administraciones consultantes hagan de nuestros dictámenes. Y en este sentido, podemos decir que de las 980 comunicaciones recibidas, el 96,12% de las decisiones adoptadas estuvieron en armonía con el criterio de nuestros dictámenes.

La segunda nota característica de nuestro trabajo es la independencia institucional porque somos auténticos órganos colegiados, instituciones con autonomía orgánica y funcional, y no meros acompañantes o asesores de la cabeza administrativa o política de la Administración.

Por lo tanto, la objetividad e independencia de los componentes adquiere un significado especial cuando nuestros dictámenes no reflejan solamente sus opiniones, las opiniones de los Consejeros, sino del Colegio, del Consejo. Un año más todos los dictámenes han sido aprobados por unanimidad, sin votos particulares.

Quiero poner de manifiesto que previsiblemente este año se producirá la renovación de los miembros del Consejo, que se encuentra pendiente desde la finalización de su mandato de 6 años. Es de justicia por ello el sincero agradecimiento a todos los Consejeros, con independencia de lo que puedan deparar las futuras decisiones de las Cortes y de la Junta de Castilla y León. La prudencia, la serenidad, la discreción, la solvencia y la lealtad han definido su trabajo.

Una Institución que, como se ha dicho con acierto por el presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, Tomás Font i Llovet, “tiene un carácter, una personalidad propia que le viene de la significación misma de la función consultiva, cuyas virtudes clásicas son la ciencia, la experiencia y la prudencia, y esto desde una plena independencia del órgano y de sus personas”.

Ciencia, con lo que queremos expresar la alta cualificación de sus miembros, Consejeros y Letrados; experiencia en el ejercicio y el conocimiento de la vida pública acreditada en cargos de responsabilidad en las distintas administraciones, y prudencia que, según los clásicos, consta de tres partes: memoria del pasado, inteligencia del presente y providencia del futuro. Conocer nuestra Historia, saber lo que ha ocurrido, sentir lo que está pasando, no ser ajenos a la realidad en que vivimos y finalmente intentar adelantarse a las necesidades con un inconformismo propio de aquel que no se resigna.

Para terminar, un capítulo de agradecimientos:

Gracias al Secretario General por el trabajo realizado en la eficaz labor de coordinación de esta Memoria. Y sobre todo por la dirección de una organización reducida en número de personas pero ágil y competente, que ha permitido despachar los asuntos sin retrasos aun en los supuestos de expedientes urgentes o de gran complejidad.

Muy especialmente, gracias a la Letrada-Jefe y al cuerpo de letrados, que sostienen la carga principal de nuestro trabajo. Agradecimiento que hago extensivo a todo el personal administrativo, laboral y eventual de la Institución.

Como nunca me cansaré de repetir, la esencia de la democracia es rendir cuentas en público con transparencia y cercanía. Con la aprobación de esta Memoria, que elevaremos al Presidente de la Junta de Castilla y León, el Consejo Consultivo ha querido hacerlo ante todos ustedes, ante toda la sociedad de Castilla y León y ante todos sus ciudadanos.

Muchas gracias.

Iglesia de La Encarnación
Zamora
17 de marzo de 2011