LEON, BURGOS Y PALENCIA COPARON EL 50% DE LAS CONSULTAS TRAMITADAS POR EL CONSULTIVO EN 2008

Estas tres provincias sumaron 624 expedientes de los 1.210 registrados; León fue el origen del 25% del total, igual que en 2007

Los daños de la fauna al ganado y en los cultivos, los supuestos fallos en la atención sanitaria y las deficiencias del mobiliario urbano de los ayuntamientos fueron los principales motivos de reclamación

Con respecto a 2007 suben las reclamaciones del ámbito sanitario y las demandas por accidentes provocados por la irrupción de animales en las carreteras; sin embargo bajan las consultas por accidentes en los colegios y por los daños de la fauna

Zamora. Los daños provocados por la fauna salvaje en los cultivos y al ganado, los supuestos fallos en la atención sanitaria que recibieron los castellanos y leoneses, y los pequeños accidentes originados por las deficiencias del mobiliario urbano de los ayuntamientos de la Comunidad fueron los principales motivos de reclamación de los ciudadanos ante las administraciones durante 2008, conforme a los datos recogidos por la estadística del Consejo Consultivo de Castilla y León. Estas tres materias de responsabilidad patrimonial sumaron nada menos que 550 expedientes de consulta remitidos por la Administración de la Comunidad y otras administraciones, prácticamente el 50% del total de consultas tramitadas en el ejercicio, que fueron 1.210.

Los daños producidos por la fauna a los agricultores y ganaderos sumaron 200 dictámenes, las supuestas deficiencias en la atención sanitaria 178 y los daños del mobiliario urbano 168. En el ranking de reclamaciones de responsabilidad patrimonial destacaron también los informes sobre los accidentes de circulación por la irrupción de animales en las carreteras (158), los accidentes por el mal estado de las calzadas (154) o los registrados en el ámbito escolar, pequeños accidentes sufridos por los escolares en los colegios debido a empujones o caídas (20).

La institución que sustituye y cumple las funciones que históricamente desarrolló el Consejo de Estado en Castilla y León cerró 2008 con la aprobación de 1.135 dictámenes, 53 menos que en 2007. El 90% de los dictámenes emitidos por el superior órgano consultivo de la Junta y la Administración de la Comunidad lo fueron por reclamaciones de responsabilidad patrimonial, es decir, por reclamaciones ciudadanas debido al presunto mal funcionamiento de los servicios públicos que produjeron daños, y que con carácter preceptivo deben ser informadas técnico-jurídicamente por el Consejo para determinar si los afectados tienen derecho o no a ser indemnizados por las administraciones consultantes.

El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La responsabilidad patrimonial de la Administración pública exige la concurrencia de varios requisitos como la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, o la relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso.

Los dictámenes sobre reclamaciones de ámbito sanitario, es decir las remitidas por la Consejería de Sanidad, se incrementaron un 37% en 2008 respecto del año anterior, y las provincias de León y Valladolid sumaron 94 de las 178 despachadas en el año; también subieron los relativos a los siniestros por la irrupción de animales en las carreteras (un 47,6%); mientras que disminuyeron notablemente los referidos al ámbito escolar (de 105 bajaron a 20), o los registrados por los daños de la fauna salvaje (de 241 a 200 en 2008).

León, la que más; Avila la que menos

Los datos provincializados arrojan que León encabezó un año más el ranking de expedientes de consulta, 291, que representaron el 25% de total. Le siguen a esta provincia en número de informes Burgos (190), Palencia y Salamanca (ambas con 143), Zamora (125), Valladolid (101), Segovia (77), Soria (75) y Avila (35).

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En 2008, los consejeros se reunieron en Pleno en 17 ocasiones y en las secciones habituales de los jueves se reunieron en 93 ocasiones. Todas las consultas fueron de carácter preceptivo, a excepción de una facultativa remitida por el Ayuntamiento salmantino de Santa Marta de Tormes, y relativa a las posibilidades legales existentes para disponer de las parcelas integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo y que no tienen un fin determinado.

El Consejo ha aprobado en estos últimos 12 meses los dictámenes de 13 anteproyectos de Ley y de 21 decretos, el último de ellos el que regulará las funciones de la Comunidad en materia de defensa de la competencia, lo que revela un importante impulso legislativo vinculado a la reciente reforma del Estatuto de Autonomía. La institución vela, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Carta Magna, del Estatuto de Autonomía, y de todo el ordenamiento jurídico. Respecto a 2007, se dictaminaron 9 leyes más, pero ocho decretos menos. En 2008 se aprobó además el dictamen sobre la procedencia o no de interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Desde 2003, el Consejo ha emitido 5.454 dictámenes, entre ellos el de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El Consejo Consultivo está constituido por miembros electivos y natos; los electivos –cinco- son designados, tres por las Cortes y dos por la Junta: Mario Amilivia González (presidente), Javier Fernández Costales y Antonio Pérez Solano y Manuel Estella Hoyos, quedando por cubrir el puesto que dejó a comienzos de 2008 Jesús Quijano González. Los consejeros natos son dos: los ex presidentes de la Junta Demetrio Madrid López y José Constantino Nalda García. El plazo de duración del cargo es de 6 años, tiempo que favorece la independencia y neutralidad de sus miembros.

La función del Consejo consiste en informar en derecho, por medio de sus dictámenes, a la autoridad consultante, y éstos no pueden extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le sea expresamente solicitado por aquélla. La consulta será preceptiva cuando así se establezca en las leyes, y facultativa en los demás casos. Es preceptiva, por ejemplo, en los proyectos de reforma del Estatuto, los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, recursos de inconstitucionalidad o en los expedientes tramitados por la Junta y por las Administraciones Locales que versen sobre materias como las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, revisiones de oficio de actos administrativos, o interpretación, nulidad y resolución de contratos administrativos.

Las consultas preceptivas serán recabadas por el presidente de la Junta o el consejero competente por razón de la materia, teniendo también competencias en este sentido las Corporaciones Locales, que lo solicitarán a través de la Consejería competente en materia de Administración Territorial. Las facultativas podrán recabarlas el presidente de la Junta, el presidente de las Cortes, y también las Corporaciones Locales.

Los dictámenes no son vinculantes, salvo en los casos que así se establezca en las leyes. Existen dictámenes que sí son obligatorios para la Administración consultante y además en supuestos de especial relevancia como en el de la revisión de oficio de los actos administrativos.