DICTAMINADO EL DECRETO DE SIMPLIFICACION DOCUMENTAL ANTE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD

El superior órgano consultivo de la Junta y la Administración de la Comunidad ha dictaminado en lo que va de año 260 expedientes de consultas

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El Consejo Consultivo de Castilla y León, órgano que sustituye y cumple las funciones del Consejo de Estado en el ámbito de la Comunidad Autónoma, dio luz verde el pasado jueves, 12 de marzo, tras varias observaciones formuladas, al dictamen sobre el proyecto de Decreto de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, texto remitido por la Consejería de Administración Autonómica por el cual, una vez aprobado, la Junta de Castilla y León suprimirá en breve plazo la obligación, por parte de ciudadanos y empresas, de presentar diversos documentos para reducir la burocracia en ventanilla.

Este dictamen del Consejo Consultivo es el último trámite y de carácter preceptivo antes de la que la Administración de la Comunidad proceda a la aprobación del citado decreto, que tendrá una especial incidencia en las relaciones de los ciudadanos con los órganos de la Administración en Castilla y León. El proyecto consta de un preámbulo, dieciocho artículos (estructurados en tres capítulos), tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. El decreto contempla en el artículo II la supresión de la obligación del interesado de aportar determinados documentos como el DNI, el certificado de empadronamiento, el documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad y la certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, entre otros requerimientos.

El proyecto de decreto incide en el compromiso de la Junta de seguir avanzando en la consecución de una “actividad administrativa eficiente y cercana a los ciudadanos”. La normativa existente en el Estado y en algunas comunidades autónomas fundamenta la simplificación documental de los procedimientos en la facilidad que la Administración tiene para la comprobación de determinados documentos y datos, bien por tratarse de documentos ya obrantes en poder de la propia Administración, bien por poder consultar los datos necesarios por técnicas telemáticas.

Castilla y León no es la única Comunidad en desarrollar normativa para la simplificación documental en los procedimientos administrativos. Andalucía, Cataluña o Extremadura también han presentado iniciativas similares en los últimos meses.

Este es el segundo proyecto de Decreto dictaminado por el Consejo Consultivo en lo que va de año. El primero fue el Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. También dictaminó el pasado 4 de marzo el Anteproyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar medidas de apoyo a los trabajadores desempleados e incentivos a la inversión.

Durante 2008, la institución que preside Mario Amilivia González dictaminó 21 decretos y 13 Anteproyectos de Ley. La Ley reguladora del Consejo Consultivo prevé la consulta preceptiva a esta institución homóloga al Consejo de Estado cuando se trate de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones.

En total, el Consultivo aprobó este pasado jueves 12 de marzo en las reuniones de las dos Secciones veinte dictámenes, 19 de los cuales derivaron de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de particulares frente a la Administración al ver lesionados sus bienes y derechos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Por ejemplo, los daños provocados por las redes de saneamiento en Segovia y Salamanca provocaron varias de las reclamaciones, otro tanto cabe decir de las caídas por el mal estado de las aceras en Palencia o de las supuestas deficientes asistencias sanitarias en varios centros de la Comunidad.

Los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de animales en las carreteras generaron en esta ocasión cinco dictámenes. Además, se aprobó el dictamen derivado de una reclamación de responsabilidad patrimonial debido a los daños ocasionados por el lobo a varios animales ovinos en Soria, en 2004, en Duruelo de la Sierra, dentro de la Reserva Regional de Caza de Urbión.

En lo que va de año, el alto órgano consultivo ha dictaminado 260 expedientes de consulta, el 90,76% de las cuales correspondieron a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de particulares frente a las administraciones autonómica y local, por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos de éstas. Por medio de la alta calidad jurídica de sus dictámenes, el Consultivo avala si ha existido o no responsabilidad patrimonial de la Administración, y por tanto si el particular reclamante tiene derecho o no a cobrar la indemnización que solicita.