EL CONSEJO CONSULTIVO DICTAMINÓ EN 2008 TRECE LEYES Y 21 DECRETOS, 9 LEYES MAS QUE EL AÑO ANTERIOR

Desde el inicio de su función, en noviembre de 2003, la institución ha emitido 5.454 dictámenes

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El Consejo Consultivo, la institución que sustituye y cumple las funciones que históricamente desempeñó el Consejo de Estado en el ámbito de la Castilla y León, es el superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad. Así lo recoge el artículo 33 del reformado Estatuto de Autonomía, que además señala que una Ley de las Cortes regulará su composición, organización, funcionamiento y competencias.

El Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, declaró que las comunidades autónomas pueden optar, en el ejercicio de su potestad de auto-organización, por crear órganos consultivos propios que sustituyan o suplan al Consejo de Estado en tal función. En la actualidad, a nivel del Estado, sólo Cantabria carece de su propio Consejo Consultivo. Castilla y León decidió dotarse del mismo introduciendo una mención expresa en tal sentido en el Estatuto, con ocasión de la reforma llevada a cabo en 1999. Posteriormente, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, que decide sus aspectos fundamentales, como son su autonomía orgánica y funcional en el ejercicio de sus funciones como garantía de su imparcialidad y objetividad; y la alta cualificación técnica de sus miembros.

El Consejo está constituido por miembros electivos y natos; los electivos –cinco- son designados, tres por las Cortes (Mario Amilivia González, Presidente; Javier Fernández Costales y Antonio Pérez Solano) y dos por la Junta (Manuel Estella Hoyos, quedando por cubrir el puesto que dejó a comienzos de 2008 Jesús Quijano González). Los consejeros natos son dos: los ex presidentes de la Junta Demetrio Madrid López y José Constantino Nalda García. El plazo de duración del cargo es de 6 años, tiempo que favorece la independencia y neutralidad de sus miembros. Todos ellos están equiparados a los consejeros del Gobierno de la Comunidad.

La función del Consejo consiste en informar en derecho, por medio de sus dictámenes, a la autoridad consultante, y éstos no pueden extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le sea expresamente solicitado por aquella.

La consulta será preceptiva cuando así se establezca en las leyes, y facultativa en los demás casos. Es preceptiva, por ejemplo, en los proyectos de reforma del Estatuto, los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, recursos de inconstitucionalidad o en los expedientes tramitados por la Junta y por las Administraciones Locales que versen sobre materias como las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, revisiones de oficio de actos administrativos, o interpretación, nulidad y resolución de contratos administrativos.

Las consultas preceptivas serán recabadas por el presidente de la Junta o el consejero competente por razón de la materia, teniendo también competencias en este sentido las Corporaciones Locales, que lo solicitarán a través de la Consejería competente en materia de Administración Territorial. Las facultativas podrán recabarlas el presidente de la Junta, el presidente de las Cortes, y también las Corporaciones Locales.

Los dictámenes no son vinculantes, salvo en los casos que así se establezca en las leyes. Existen dictámenes que sí son obligatorios para la Administración consultante y además en supuestos de especial relevancia como en el de la revisión de oficio de los actos administrativos.

El Consejo, que tiene su sede oficial en la ciudad de Zamora, inició el ejercicio de sus funciones en Valladolid, el 14 de noviembre de 2003. La institución se trasladó a la capital del Duero a mediados de julio de 2006, ocupando desde entonces unas dependencias provisionales en un inmueble de la calle Ramos Carrión, hasta que finalicen las obras de la sede definitiva en la calle Obispo Manso, a escasos metros de la Catedral zamorana.

Desde 2003 hasta la fecha, el Consejo Consultivo ha emitido 5.454 dictámenes, entre ellos el de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León; el relativo a la procedencia de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; o los referidos a los anteproyectos de Ley de la Función Pública de Castilla y León; de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad; la Ley de Carreteras; de Urbanismo y Suelo, o la Ley por la que se crea el Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional. También destacaron por su relevancia los dictámenes 381/2004, de 29 de junio, de carácter facultativo, sobre posibles vías para asumir competencias y facultades, dentro del marco constitucionalmente previsto, en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos; el 467/2005, de 30 de junio, del anteproyecto de Ley de la Hacienda y del sector público de Castilla y León o el 204/2006, de 23 de marzo, del anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad.

Desde el inicio de la función consultiva, el Consejo sólo ha registrado un voto particular, lo que revela el alto grado de consenso y acuerdo entre sus miembros en la aprobación de los informes jurídicos.

Balance del año 2008

En 2008, incluido el último Pleno y reunión de secciones del pasado 23 de diciembre, el Consejo ha aprobado 1.135 dictámenes, 53 menos que en 2007. En todo el ejercicio se han registrado más de 1.200 expedientes de consulta. Los consejeros se reunieron en Pleno en 17 ocasiones, mientras que se contabilizaron 46 reuniones de la Sección 1ª y 47 de la 2ª. Todas las consultas fueron de carácter preceptivo, a excepción de una facultativa remitida por el Ayuntamiento salmantino de Santa Marta de Tormes, y relativa a las posibilidades legales existentes para disponer de las parcelas integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo y que no tienen un fin determinado.

Las consejerías de la Junta remitieron a lo largo del año más de 670 expedientes de consulta, sobre todo la de Medio Ambiente, 330, a causa de los daños de la fauna salvaje, seguida de la Consejería de Sanidad 192 y de la de Fomento, con más de 70. Además, las administraciones locales y otras administraciones generaron más de 450 consultas.

El Consejo ha aprobado en estos últimos 12 meses 13 anteproyectos de Ley y 21 decretos, el último de ellos el que regulará las funciones de la Comunidad en materia de defensa de la competencia, lo que revela un importante impulso legislativo vinculado a la reciente reforma del Estatuto de Autonomía. La institución vela, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Carta Magna, del Estatuto de Autonomía, y de todo el ordenamiento jurídico. Respecto a 2007, se dictaminaron 9 leyes más, pero ocho decretos menos. En 2008 se aprobó además el dictamen sobre la procedencia o no de interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los dictámenes sobre consultas de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración suponen un año más en torno al 95% del conjunto de los expedientes registrados en el Consultivo y, entre éstos, destacaron los de reclamaciones por daños causados por la fauna salvaje, por el mobiliario urbano, los accidentes por el mal estado de la calzada, los siniestros de circulación por la irrupción de animales y las reclamaciones en el ámbito sanitario. El Consejo había admitido a trámite, a fecha 22 de diciembre, 1.004 expedientes de esta materia.

El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La responsabilidad patrimonial de la Administración pública exige la concurrencia de varios requisitos como la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, o la relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa.

Un 31% más de reclamaciones del ámbito sanitario

Uno de los datos que arroja la estadística de 2008 es el aumento de las reclamaciones de particulares frente a la Administración de la Comunidad por deficientes asistencias sanitarias. Si en 2007 se aprobaron 130 dictámenes sobre dichas reclamaciones (un 12,07% sobre el total de los expedientes de responsabilidad patrimonial), en 2008 el Consejo ha despachado más de 170, lo que representa un incremento del 30,7%. Los expedientes generados en las provincias de León y Valladolid han supuesto la mitad de los dictámenes despachados sobre esta materia.

En las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, con independencia del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente.

En la estadística de 2008 también cabe destacar los dictámenes derivados de consultas sobre revisión de oficio de los actos administrativos (50 frente a los 36 de 2007); los de contratación administrativa (23 frente a los 18 de 2007) o los de recursos administrativos (15 frente a los 8 del año anterior).

2009: fin del primer mandato

En el presente año expira el primer mandato de seis años del Consejo Consultivo, que preside Mario Amilivia González desde noviembre de 2007. En el primer trimestre de este año, por medio de la lectura de la Memoria de la institución en sesión pública y solemne, se procederá a comunicar cuantas mociones y recomendaciones han sido aprobadas en 2008 para contribuir a la mejora del servicio de la Administración de la Comunidad y también del resto de administraciones e instituciones públicas.

En este año también se procederá a la actualización de la Ley Reguladora del Consejo (Ley 1/2002, de 9 de abril) para lo cual ya se ha puesto en marcha una ponencia especial que preside Antonio Pérez Solano. Está previsto además que se cubra el puesto que dejó vacante con su marcha Jesús Quijano, consejero electivo designado por la Junta.

Mientras tanto, siguen en marcha las obras de la futura sede definitiva de la institución, en la calle Obispo Manso, a escasos metros de la Catedral, con una inversión de casi 7 millones de euros por parte de la Consejería de Hacienda. El plazo de finalización se ha previsto para 2010, aunque dependerá de la evolución de las fases de excavación arqueológica que todavía se están desarrollando en el solar.

Este año se celebrarán plenos del superior órgano consultivo en aquellas capitales en las que aún, por motivos de agenda, no había sido posible. Es el caso de la ciudad de Palencia, el próximo 15 de enero, Salamanca y León, aunque en estos casos las fechas aún no han sido fijadas. Hasta el momento el Consejo Consultivo ha celebrado plenos y reuniones de sus secciones, fuera de Zamora, en Soria, Ciudad Rodrigo, Avila, Ponferrada, Burgos, Valladolid y Segovia. El año pasado también se giró una visita institucional a Toro y se celebró en Gijón el encuentro periódico entre los consultivos de Asturias y Castilla y León.