DICTAMINADO EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONSERVACION Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEON

  • El Dictamen del Consultivo parte de la consideración del lobo como un animal objeto de posible caza y, sin embargo, al sur del Duero como un animal objeto de especial protección

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El Consejo Consultivo de Castilla y León, reunido el jueves 31 de enero en su sede de Zamora bajo la presidencia de Mario Amilivia González, dio el visto bueno, tras las distintas observaciones formuladas, al proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en la Comunidad, a los efectos de que pueda elevarse a la Junta para su aprobación.

2_Dictaminado el proyecto de decreto por el se aprueba el plan de conservación y gestión del lobo.jpg El 13 de diciembre de 2007 tuvo entrada en el Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión de lobo en Castilla y León. El proyecto de decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales, además de un anexo en el que se establece el Plan de conservación y gestión del lobo en la Comunidad.

El Plan, según su artículo 3, tiene por objeto mantener una población de lobo estable, contribuir a la viabilidad de la población ibérica en su conjunto, garantizar su adecuada gestión y compatibilizar su existencia con la de la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, así como favorecer su puesta en valor para convertirla en un elemento que fomente el desarrollo rural en su ámbito de distribución. El artículo 2 establece la vigencia indefinida de dicho Plan. Prevé su revisión general cada 10 años, así como revisiones extraordinarias cuando fuesen necesarias para su adaptación a las variaciones relevantes que pudieran producirse.

La disposición adicional se refiere a la modificación de resoluciones de aprobación de Planes de ordenación cinegética y las tres disposiciones finales se ocupan, respectivamente, de la determinación del valor del lobo a efectos de indemnizaciones, del desarrollo normativo del decreto y de su entrada en vigor.

El Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León consta de 36 artículos estructurados en 6 títulos dedicados al diagnóstico de la especie; finalidad y objetivo del Plan; ámbito de aplicación y zonificación; acciones (dirigidas a la compatibilización con la ganadería, al control de la mortalidad no natural de la especie, al aprovechamiento de la especie, a la investigación y seguimiento, y a la información, educación y sensibilización); coordinación y participación; y financiación. Se adjuntan 3 anejos: plano de zonificación, la tabla de municipios por comarcas y zonas y el coste del plan.

El dictamen aprobado hoy recuerda, en su apartado de competencia y rango de la norma proyectada, que el 1 de diciembre de 2007 entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. “Por ello, deben modificarse las referencias que el proyecto de decreto hace a los títulos competenciales que habilitan para dictar el decreto adaptándolos a los preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía”. El dictamen recoge que asimismo deben suprimirse las referencias que, en el preámbulo de proyecto y en el artículo 19.6 del Plan, se hacen a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, “ya que dicha norma ha sido derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en vigor desde el 15 de diciembre de 2007”.

La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de “caza y explotaciones cinegéticas. Protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades” (artículo 70.1.17ª del Estatuto de Autonomía). Asimismo, ostenta competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de “protección del medio ambiente y de los ecosistemas”.

Los artículos 14 a 16 se ocupan de las acciones de control dirigidas a prevenir los daños a la ganadería o a proteger aquellas especies amenazadas que puedan verse afectadas por la presencia del lobo, para cuya ejecución se propone como método prioritario en todo el territorio de la Comunidad, coincidiendo con su época hábil de caza, el del aprovechamiento cinegético. Acción de control que también se contempla para la época de veda. Pues bien, “este Consejo Consultivo considera que estas previsiones no implican la consideración del lobo como especie cinegética en todo el territorio de la Comunidad, porque ello vulneraría la normativa estatal y comunitaria”. “Las excepciones (aprovechamiento cinegético u otros medios o procedimientos) a las prohibiciones previstas en el artículo 54 de la ley en relación con las poblaciones de lobos situadas al sur del Duero, requerirán la previa autorización administrativa en los términos del artículo 58”.

El dictamen del Consultivo reseña también que no podrán autorizarse actividades turísticas que puedan suponer molestias para el lobo en los territorios situados al sur del Duero. Esta concreta observación tiene carácter sustancial y deberá ser atendida para que proceda la utilización de la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León”.

El dictamen realiza otras observaciones en cuanto al control de las “causas de muerte accidental”, puntualizaciones de técnica normativa y lingüística, para concluir que “atendidas las observaciones formuladas en la consideración jurídica 3ª y al artículo 25, sin lo cual no resultará procedente el empleo de la fórmula ‘de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León’, y consideradas las restantes, puede elevarse a la Junta de Castilla y León para su aprobación el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León”.

OTROS EXPEDIENTES

El Consejo Consultivo dictaminó, en la Sección 1ª, casi una veintena de expedientes, la mayoría de ellos reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra entidades locales y la Administración Autonómica: 9 por daños a causa del mal estado de calzadas; cuatro por daños provocados por fauna; una por daños causados por obras; por los daños causados por la caída de un árbol; daños causados en el desarrollo de actividad profesional, etc. 

De la Sección 2ª, además del proyecto de decreto del lobo antes mencionado, se dictaminaron dos recursos de revisión por la denegación de ayudas al arrendamiento de viviendas, así como cinco expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra otras tantas entidades locales: una por daños causados por mobiliario urbano, daños provocados por una carroza de carnaval; por la caída de un árbol; por instalaciones municipales o daños causados por una Policía Local al retirar el mecanismo inmovilizador de un vehículo.