. Agustín S. de Vega subraya la labor de la institución como garantía de legalidad,  buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales

. En el transcurso de su primera comparecencia en las Cortes de Castilla y León, para presentar la Memoria del pasado año, ha explicado que la institución reúne unas características particulares en relación con otros Consejos, siendo el que tiene más atribuciones, menos consejeros, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias

. Ha propuesto revisar la Ley 4/2013 por la que se modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias para reforzar la autonomía de la institución ante los nuevos retos que se afrontan

. El Consejo Consultivo, con sede en Zamora, se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho europeo y el resto del ordenamiento jurídico

. El pasado año se emitieron 557 dictámenes y se resolvieron 131 recursos de contratación

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha destacado hoy que la institución es referente nacional como órgano consultivo y tribunal administrativo, a la vez que ha subrayado la labor que realiza como garantía de legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales.

En el transcurso de su primera comparecencia en las Cortes de Castilla y León desde que asumió la presidencia del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCYL), ha presentado la Memoria del pasado año y ha explicado que la institución tiene unas características particulares en relación con los Consejos del resto de Comunidades Autónomas, siendo el que tiene más atribuciones, menos consejeros (3), un número comparativamente reducido de empleados públicos, y dispone de un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias.

El Consejo, ha recordado,  ejerce dos importantes funciones: las propias de un órgano superior consultivo y las correspondientes a un tribunal administrativo sobre contratación pública. Como órgano consultivo sustituye en la Comunidad desde 2003 al Consejo de Estado, emitiendo dictámenes preceptivos y no vinculantes en más supuestos, con mayor cercanía y celeridad; y como Tribunal resuelve los conflictos en materia de contratación pública desde 2012 en virtud de la Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras. De este modo es una institución propia peculiar que integra dos órganos con dos funciones bien diferenciadas, siendo el único caso en España con esta configuración y características funcionales y organizativas.

El Consejo Consultivo, con sede en Zamora, se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho europeo y el resto del ordenamiento jurídico. Para preservar su independencia y autonomía orgánica no está integrado en el Gobierno regional, ni en otros órganos o entidades de la administración autonómica. Tampoco es un comisionado del Parlamento regional, ni un órgano dependiente del mismo, ni es órgano de debate social, ni se integra en una estructura jerárquica consultiva española. Por ello, en opinión de S. de Vega, sorprenden las limitaciones que para la autonomía orgánica de la institución comportó la Ley 4/2013, por la que se modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias.

El año pasado se emitieron 557 dictámenes

El Consejo Consultivo emitió el pasado año 557 dictámenes, por unanimidad de los Consejeros. El 91% (475) antes del plazo previsto legalmente. Las administraciones han dictado sus resoluciones confirmando los  dictámenes en un 95% de los casos lo que reconoce la auctoritas y legitimidad de ejercicio del Consejo. El 52% de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por las administraciones locales (Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales); y casi el 47% (260) por la administración autonómica, siendo la Consejería de Sanidad la de mayor número de dictámenes solicitados (134), un 24% del total.

Por provincias, Valladolid fue la primera en número de solicitudes de dictamen con un 22% (122), seguida de Burgos con el 15,3% (85); León con un 13,3% (74); Salamanca, 12,8% (71); Palencia, 9,3% (52); Zamora, 7,2% (40); Segovia, 5% (28); Ávila, 4,7% (26) y Soria, 0,72% (4). El resto de dictámenes (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad, al tratarse, entre otros, de anteproyectos de Ley o reglamentos ejecutivos.

Por ámbito competencial, el 75% del total (419) derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos.

S. de Vega ha recordado que tras 40 años de municipalismo el papel del Consultivo ha sido determinante en el apoyo a las entidades locales. 2018 es  el tercer año consecutivo en que las consultas procedentes de la administración local han excedido en número a las de la autonómica.

Destacar también del pasado año las consultas preceptivas sobre la actividad normativa de la Junta de Castilla y León: 11 anteproyectos de ley y 38 proyectos de decreto. Representan menos del 2% del total de las consultas pero la labor del Consejo en este ámbito tiene una especial relevancia por los efectos generales que la norma proyectada tiene sobre la ciudadanía.

Actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

El TARCCYL resuelve los recursos especiales interpuestos contra determinados actos adoptados del procedimiento de contratación pública. En 2018 entró en vigor la nueva Ley de contratos del sector público lo que para el Tribunal ha supuesto el inicio de un periodo con mayor seguridad jurídica en la contratación pública que ha aparejado un aumento significativo del número de asuntos que llegan al Tribunal debido, fundamentalmente, a la ampliación del objeto del recurso, la disminución de las cuantías fijadas para su interposición, la ampliación de la legitimación para acceder a él y la gratuidad y rapidez del procedimiento. 

S. de Vega ha señalado que la defensa de los intereses de la administración y de los contratistas se consigue de un modo ágil y eficaz. En 2018 se han resuelto los recursos en una media de 25 días desde la admisión a trámite. A la vez, ha manifestado que el Tribunal desarrolla una labor fundamental contribuyendo a reducir la litigiosidad y generando ahorro público, todo ello sin que genere coste alguno. Del mismo modo, ha trasladado su preocupación ante el aumento del número de recursos presentados ante el Tribunal ya que su adscripción al Consejo se realizó a coste cero y no ha ido acompañado de una ampliación de medios personales y materiales necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido, tras exponer que en 2018 se resolvieron 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017, ha avanzado que en 2019 se ha sobrepasado esa cifra con creces; a 31 de octubre se han resuelto 179 recursos.

De las 131 resoluciones recaídas en 2018, 102 correspondieron a procedimientos de contratación de consejerías de la Junta (en especial de la de Sanidad) y de municipios (principalmente por contratos de servicios y suministros). El 30% de las resoluciones dictadas se estimaron total o parcialmente los recursos; el 56% se desestimaron, y el resto fueron desistimientos e inadmisiones. Destacar la escasa litigiosidad que provoca las resoluciones del TARCCYL.

La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos el año pasado alcanzó los 835.542.069,56 euros.  

Por otro lado, S. de Vega ha abordado otras actuaciones que se están llevando a cabo entre las que ha aludido al proyecto cultural de colaboración con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de la exposición, conservación y depósito de los materiales obtenidos en la intervención arqueológica en el solar de la actual sede del Consejo, explicando que se trabaja en la segunda fase del proyecto museográfico “En busca del tiempo perdido, arqueología e historia en la ciudad de Zamora”. El objetivo de esta iniciativa es que se convierta en una importante aportación a la actividad cultural de la ciudad al igual que otras iniciativas como la apertura de la sede a la sociedad mediante la cesión del espacio para el desarrollo de actividades que redunden en beneficio de la ciudad. Asimismo, ha recordado que en su toma de posesión se comprometió a reforzar la relevancia del Consejo, así como impulsar la transferencia del conocimiento mediante la colaboración con otras instituciones o entidades, señalando que ya se ha firmado un Acuerdo Marco con la Universidad de Salamanca y un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Zamora.

S. de Vega ha puesto de manifiesto la intensa actividad que se ha desarrollado en estos diez meses de 2019 explicando que se ha incrementado significativamente respecto de la de 2018. Hasta el 31 de octubre de este año, se han emitido un 12% (526) más de dictámenes y el trabajo en el Tribunal ha aumentado cerca del 60% (179 recursos). También se ha referido a que este año la página web ha recibido más de 2 millones de visitas, lo que significa que a fecha de hoy ya se han duplicado las visitas respecto al año anterior.

El presidente del Consejo Consultivo ha finalizado su intervención señalando que la adscripción del Tribunal al Consejo es acertada pero que esta circunstancia, unida a la gran ampliación del ámbito de recurso, puede traer alguna disfunción en el funcionamiento. Por ello, ha propuesto revisar la Ley 4/2013, aprobada en un contexto de crisis económica, para reforzar la autonomía de la institución ante los nuevos retos que afronta.

Foto comparecencia

Foto consejeros