. Agustín S. de Vega se ha reunido hoy con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y otros responsables de órganos consultivos para analizar el impacto que tendrá sobre las instituciones las reclamaciones derivadas del COVID19

. El presidente del Consejo Consultivo ha recordado que en esta Comunidad, el Consejo Consultivo tiene adscrito el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por lo que los recursos y reclamaciones que se produzcan como consecuencia de la pandemia afectarán a los dos órganos

Encuentro telemático

El presidente Consejo Consultivo de Castilla y León Agustín S. de Vega, ha advertido del incremento de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se producirán derivadas de las medidas adoptadas durante la pandemia.

Esta mañana se ha desarrollado un encuentro telemático entre los responsables de los órganos consultivos con la presidenta del  Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega.

S. de Vega ha recordado durante la reunión las características particulares del Consejo Consultivo de Castilla y León, explicando que tiene adscrito el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por lo que el previsible aumento de asuntos relacionados con el COVID 19 en esta Comunidad Autónoma será mayor.

En este sentido ha señalado que una de las mayores intranquilidades que se cierne en el ámbito jurídico es el previsible aumento de solicitudes, reclamaciones y demandas que se esperan como consecuencia de las decisiones y medidas adoptadas puesto que todo apunta a que será muy elevado y sobre asuntos variados.

Asimismo ha expuesto que en el caso del Tribunal se esperan numerosos expedientes relacionados con los contratos públicos suspendidos o en ejecución afectados por la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID 19.

Aunque el incremento de asuntos se producirá este año, en la Memoria del pasado, que la próxima semana el presidente del Consejo Consultivo presentará en las Cortes de Castilla y León, ya se recoge algún caso relacionado con la resolución de contratos del sector público por la pandemia.