NOTA INFORMATIVA 19/03/2020, DEL TARCCyL, EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD, TRAS EL REAL DECRETO 463/2020, DE 4 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19


La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tras la modificación realizada por el Real Decreto 656/2020, de 17 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos, establece lo siguiente:

  1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.»
  5. (…)
  6. (…)”.

Y la disposición adicional cuarta, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad, dispone que “Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

A la vista de las disposiciones indicadas, se informa de lo siguiente:

Primero.- Los plazos para la interposición del recurso especial en materia de contratación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, quedan suspendidos durante la vigencia del estado de alarma, salvo que se trate de contratos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Segundo.- El TARCCyL suspende la tramitación de los recursos especiales y de las reclamaciones que se hayan interpuesto, hasta la finalización del estado de alarma, salvo que se trate de contratos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Tercero.- En los demás supuestos, el TARCCyL dictará resolución sobre los recursos especiales y reclamaciones cuya tramitación hubiera concluido y únicamente estuvieran pendiente de resolución.