. La institución ha constatado la reiteración de expedientes tramitados por las entidades locales en los que se aprecia la caducidad del procedimiento

. S. de Vega subraya la labor de apoyo y asesoramiento del Consejo a las administraciones locales

Ángeles Armisén y Agustín S. de Vega

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha entregado hoy la Memoria de la institución a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, destacando la labor de apoyo  y asesoramiento a las administraciones locales.

Ángeles Armisén y consejeros

S. de Vega ha explicado que el Consejo Consultivo, órgano jurídico de relevancia estatutaria que vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento, tiene en Castilla y León unas características que les distingue de otros. Ha señalado que una de ellas es que no solo asesora al Gobierno regional, lo hace a todas las administraciones, autonómica, provincial, entidades locales y universidades; y otra de sus particularidades es que al Consejo se adscribió el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, convirtiéndose en el único caso en España con esta configuración.

En este contexto se ha referido a que tanto en la función como órgano consultivo como en la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, las administraciones locales son las protagonistas de la mayor parte de las actuaciones.

El pasado año el Consejo Consultivo emitió 458 dictámenes, de los que 287, lo que representa más del 60 %, se derivaron de consultas realizadas por ayuntamientos, diputaciones, juntas vecinales y otras entidades locales. Del mismo modo, en relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2020 se presentaron 198 recursos, y la mayor parte de ellos, concretamente 99, se han interpuesto frente a la administración local.

En opinión de S. de Vega, estos datos constatan, por un lado, que las administraciones ven en el Consejo y en el Tribunal una imprescindible garantía jurídica para los procedimientos administrativos y de contratación pública, y por otro, evidencian la confianza de los ciudadanos en la institución para la protección de sus derechos e intereses, a través del control de la legalidad de la actividad administrativa que aporta nuestro trabajo.

El presidente del Consejo Consultivo se ha referido a que la Memoria tiene un apartado dedicado a las mociones y recomendaciones dirigidas a las administraciones con el objetivo de facilitar su funcionamiento en relación con la efectividad de los derechos de los castellanos y leoneses recogidos en el Título I del Estatuto de Autonomía, de especial interés para las entidades locales de menor tamaño. En este sentido ha puesto diversos ejemplos y ha incidido en la una moción recientemente aprobada para que la FRMP difunda entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales el plazo aplicable en los procedimientos de resolución de contratos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 68/21, de 18 de marzo.

El Consejo Consultivo considera que el plazo previsto de ocho meses, tras la sentencia, es inaplicable a las entidades locales por lo que, en consecuencia, ha de regir el de tres meses establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como legislación básica.

S. de Vega ha explicado que se ha constatado la reiteración de expedientes tramitados por las entidades locales en los que se aprecia la caducidad del procedimiento, como consecuencia de la aplicación de la citada sentencia, por lo que es necesario que conozcan el nuevo plazo  aplicable, motivo por el que se ha solicitado a la Federación que contribuya a su difusión entre los municipios.