. El presidente del Consejo Consultivo ha recordado que esta institución propia integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, siendo el único caso en España con esta configuración

. Durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para presentar la Memoria del pasado año, ha explicado las características particulares de la institución en relación con otros Consejos señalando que es el que cuenta con más atribuciones, menos consejeros y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias  

. Como novedad, este año, se integra en un único documento la actividad dedicada a la función consultiva y la del Tribunal, encargado del conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación

. El Consejo Consultivo aprobó 622 dictámenes el pasado año, un 12% más que en 2018, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 215 recursos, un 66% más que el año anterior

. La rapidez en la emisión de los dictámenes y las resoluciones, la auctoritas de la institución y la escasa litigiosidad son tres aspectos que han caracterizado la labor de 2019

  Presidente

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha propuesto hoy a las Cortes la aprobación de una nueva Ley del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que se adscribió al Consejo en 2012 sin una norma específica que regulara el funcionamiento conjunto. Por ello, ha avanzado que se está trabajando en una regulación que integre a Consejo y Tribunal.

Agustín S. de Vega, que ha comparecido esta mañana en la Comisión de la Presidencia para presentar la Memoria 2019, ha recordado que el Consejo

  Presidente

Consultivo es una institución propia que integra dos órganos con dos funciones diferenciadas: la consultiva y la correspondiente al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, remarcando que es el único caso en España con esta configuración y características funcionales y organizativas.

En este sentido, ha explicado que la institución posee determinadas particularidades, siendo la que cuenta con las más amplias atribuciones que se le confieren a un órgano de este tipo en España, menos consejeros, un número comparativamente reducido de empleados públicos, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias.

Asimismo se ha referido a que el control y la garantía de la legalidad presiden ambas funciones, que se ejercitan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado. Las normas y la interpretación jurídica fundamentan las decisiones, que son reflejo de la realidad jurídica que impone el ordenamiento.

  Presidente y Consejeros

Significativo incremento de la actividad

La Memoria de 2019, año en el que la institución ha iniciado un nuevo mandato y la actividad se ha incrementado significativamente, presenta como novedad que integra en un único documento la actividad dedicada a la función consultiva y la del Tribunal, encargado del conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación.

En opinión de S. de Vega, la evolución ascendente en el número de asuntos confirma que cada día es más necesario el Consejo Consultivo. Por parte de las Administraciones, que ven en el Consultivo una importante garantía jurídica para los procedimientos y los actos administrativos. Por parte de los ciudadanos, que advierten la cercanía y rapidez de los dictámenes de cara a la protección de sus derechos. 

En cuanto a la función del Tribunal, el incremento de recursos presentados en 2019 se debe a la rapidez, a la gratuidad, al bajo umbral económico para recurrir y a la especialización de los recurrentes.

El Consejo Consultivo aprobó 622 dictámenes el pasado año, un 12% más que en 2018, que fueron 557, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 215 recursos, un 66% más que el año anterior, que fueron 131.

El 52% (322) de los dictámenes emitidos (622) fueron solicitados por las administraciones locales (Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales); y el 48 % (297) por la administración autonómica. El 78% de los dictámenes aprobados corresponde a asuntos de responsabilidad patrimonial, siendo dentro de ellos los más numerosos los relacionados con el ámbito sanitario.

Por provincias, Valladolid fue la primera en número de solicitudes de dictamen con un 23,2% (136), seguida de León con el 21% (123); Burgos y Salamanca, con un 13 y 12,6% respectivamente, esto es, 76 y 74 solicitudes cada una; les sigue Zamora, con un 10,6% (62); Segovia con un 7,0 % (41); Palencia, con un 6,7 % (39); Ávila, con un 4,3% (25);  y  Soria con un 1,7% (10).

En cuanto al Tribunal, en 2019 se presentaron 226 recursos, de los cuales fueron resueltos 215 mediante 195 resoluciones. Estas cifras denotan un escaso nivel de conflictividad (en torno al 5% del número de contratos licitados), sobre todo si se tiene en cuenta que un mismo contrato puede dar lugar a varios recursos en distintos momentos del procedimiento de contratación.

Aproximadamente el 56% de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (42,48%), impugnándose mayoritariamente los contratos de servicios (56,64%) seguidos de los contratos de suministros (34,07%).

La suma de los importes recogidos en los recursos presentados en 2019 por el Tribunal alcanzó más de 1.550 millones de euros.

Presidentes y consejeros

Rapidez, auctoritas y escasa litigiosidad

En su intervención, el presidente del Consejo Consultivo ha puesto de manifiesto tres aspectos que han caracterizado el pasado año.

En primer lugar, la rapidez con la que se emiten los dictámenes y resoluciones a pesar del incremento de la actividad. Más del 82% se hicieron en un promedio de 14 días hábiles, lo que supone una importante reducción respecto al plazo de 20 días hábiles establecido legalmente. En la misma línea, en el Tribunal la duración media del procedimiento fue únicamente de 29 días hábiles desde su admisión a trámite, tiempo muy inferior al de los procesos judiciales en la materia y al plazo del silencio negativo. 

En segundo lugar, subrayar que sigue siendo indiscutible en 2019 la auctoritas de la institución dado que las decisiones de las administraciones consultantes se toman en casi un 96% de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo.

En tercer lugar, resaltar la escasa litigiosidad que provocan las resoluciones del Tribunal. Solo en 13 ocasiones se ha requerido el expediente con la intención de recurrir ante el TSJ, lo cual no implica que se haya hecho finalmente.

Por otro lado, Agustín S. de Vega ha aludido al esfuerzo adicional realizado durante el estado de alarma para que su funcionamiento, dentro de la gravedad de la situación, se haya enmarcado en una relativa normalidad institucional.  Así, ha expuesto que se ha realizado una intensa labor que se traduce en la emisión durante ese periodo de casi un centenar de dictámenes, la resolución de 34 recursos y la aprobación del Código Ético y de Austeridad, convirtiéndose el Consejo Consultivo en la primera institución propia en contar con este instrumento.