Aclaraciones en relación con los plazos de interposición del recurso especial y la tramitación del procedimiento para su resolución a la vista del Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del covid-2019.

1) Antecedentes

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. No obstante, establecía la salvedad de que las entidades del sector público pudieran acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en la disposición final décima, apartado sexto, modificó la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, añadiendo un nuevo apartado 3 que establece: "Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera.

»En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley."

Por su parte, la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, con rúbrica “Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma”, señala: “A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.

»Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.

»Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos”.

Por ello, la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 17/2020 tiene las siguientes consecuencias sobre el procedimiento para la resolución del recurso especial (artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante, LCSP):

2) Consecuencias de la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 17/2020, el 7 de mayo.

- La referencia a la reanudación de los plazos establecida en Real Decreto-ley 17/2020, se refiere exclusivamente a trámites a realizar en los procedimientos a partir del 7 de mayo o a los recursos especiales contra actos impugnables incluidos en procedimientos de contratación que no estuvieran ya amparados, antes de esa fecha, en la excepciones contenidas en el referido apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.

- Para el resto, los actos impugnables publicados, notificados o de los que se haya tenido conocimiento, según los casos (artículo 50 de la LCSP), antes del 6 de mayo y cuyo plazo de interposición no haya transcurrido ya en su totalidad, el cómputo para presentar recurso se ha iniciado de nuevo e íntegramente el 7 de mayo (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2020).

El plazo de interposición del recurso especial se regirá por las reglas generales dispuestas en el artículo 50 de la LCSP.

- Igualmente para el resto de los procedimientos –los no excepcionados por el Real Decreto 463/2020- los plazos para los trámites legalmente previstos pendientes de realización hasta dicha resolución se han reanudado a partir del 7 de mayo –no reiniciado-, lo que ha sido convenientemente notificado.