. El Consejo Consultivo aprobó el pasado año 458 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 207 recursos  

. El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, ha presentado hoy la Memoria 2020 en las Cortes de Castilla y León tal y como recoge el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución

. El Consejo Consultivo integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, siendo el único caso en España con esta configuración

. S. de Vega ha explicado que, a pesar de ser un año marcado por la pandemia, la labor de la institución como garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos se ha desarrollado con la máxima eficacia

. El año pasado las administraciones locales realizaron 287 consultas, la administración autonómica 168 y las universidades 3

. Valladolid, Burgos, León y Salamanca son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen

. Más de la mitad de los recursos presentados ante el TARCCYL fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros

. El principal acto recurrido en 2020 ha sido el de la adjudicación (44,95 %)

. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.430 millones de euros

Presentación del acto

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha presentado hoy en las Cortes la Memoria del pasado año, tal y como recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución, destacando que más del 95% de los dictámenes son asumidos por las administraciones consultantes, lo que pone de manifiesto la auctoritas del Consejo.

S. de Vega ha añadido que este porcentaje refleja que la intervención del Consejo es percibida y considerada como garantía esencial de legalidad de la actuación administrativa, a la vez que ha subrayado la rapidez con que se emiten los dictámenes y las resoluciones, otra de las señas de identidad de la institución.

  El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, siendo el único caso en España con esta configuración.

S. de Vega ha explicado que el pasado año, en el que se emitieron 458 dictámenes y se resolvieron 207 recursos, a pesar de estar marcado por la pandemia, la labor de la institución como garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos se ha desarrollado con la máxima eficacia.

En cuanto a la función consultiva, de los 458 dictámenes aprobados en 2020, más del 60%, es decir 287, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales -Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales-, 168 de la Junta de Castilla y León – de los que más de un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria- y 3 de universidades.

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 81, León, con 76, y Salamanca, con 74, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 38, Palencia, con 31, Segovia, con 23, Ávila, con 14 y Soria con 8. Además, hay otros 23 expedientes cuyo ámbito territorial abarca varias provincias.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 458 dictámenes, el 76,86%, es decir 352, son de responsabilidad patrimonial; dentro de ellos tienen particular significado los relativos al ámbito sanitario por su especial incidencia en los ciudadanos. Los importes solicitados en los expedientes de responsabilidad patrimonial dictaminados superan los 53 millones de euros.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2020 se presentaron 198 recursos, la mayor parte se han interpuesto frente a la administración local, y se dictaron 198 resoluciones que resolvieron 207 recursos. Estos datos denotan un escaso nivel de conflictividad en la contratación pública de Castilla y León y confirman que este sistema de garantía prejudicial genera una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.

El 63,64% (126) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros, que representan el 33,32% (66). El principal acto recurrido en 2020 ha sido el de la adjudicación (44,95 %).

En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca la Gerencia Regional de Salud con 57 actos recurridos que representan el 28,78 % del total. La provincia a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido fue Valladolid. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.430 millones de euros.

Agustín S. de Vega

Propuesta de una nueva Ley del Consejo Consultivo

Durante la comparecencia, S. de Vega ha recordado que Consejo y Tribunal comparten un mismo objetivo, la garantía de la legalidad, que desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, a la vez que ha explicado que al Consejo, creado en 2002, se adscribió el Tribunal en 2012, sin ninguna norma para el funcionamiento conjunto de los dos órganos, por lo que considera que es el momento de una nueva regulación que los integre, y que permitirá mejorar su actuación y reforzar su autonomía e independencia.

La propuesta de una nueva Ley del Consejo Consultivo, que si los grupos parlamentarios consideran podrá convertirse en Ley en los próximos meses, es fruto de la experiencia acumulada en el desarrollo de las funciones atribuidas a ambos órganos y tiene como objetivo principal servir al mejor ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses.

Consejeros del Consultivo  

Primer informe elaborado a iniciativa propia sobre la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas

Por otro lado, el presidente también se ha referido al primer informe elaborado a iniciativa propia sobre la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas. Así, ha expuesto que el Consejo ha mostrado en reiteradas ocasiones la preocupación por los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León, señalando que ponen a prueba el sistema de derechos reconocido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como un desafío a la igualdad de oportunidades.

En el informe se aconseja a la Junta de Castilla y León que incorpore en los procedimientos de elaboración de normas un informe específico sobre el impacto que las medidas previstas puedan tener para mitigar la despoblación y se incluyen las posibles vías jurídicas para su incorporación en el ordenamiento.

Asimismo, S. de Vega ha resaltado el compromiso de la institución con la transparencia, recordando que el Consejo es la primera institución propia que cuenta con un Código Ético y de Austeridad que establece los criterios necesarios para garantizar la actuación ejemplar en el desempeño de funciones públicas.

Salón del acto

DICTÁMENES 2020

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RECURSOS PRESENTADOS POR TIPO DE CONTRATO, ACTO RECURRIDO, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PROVINCIA  2020

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