Miembros de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública del Estado se reunieron este pasado 1 de marzo en Madrid para analizar los efectos jurídicos que tendrían las Directivas europeas en materia de contratación pública una vez vencido el plazo de transposición, sin haberse aprobado una ley para su incorporación al ordenamiento estatal. En la jornada de trabajo e intercambio de análisis y propuestas participaron el vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, y miembro del Consejo Consultivo, José I. Sobrini, y el secretario del mencionado Tribunal de Recursos, Luis Gracia.

Un instante del encuentro de trabajo El objetivo último de la jornada fue analizar los efectos jurídicos de la falta de transposición en plazo de las directivas de contratación pública, y en particular, su posible efecto directo, teniendo en cuenta el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público actualmente vigente. La Unión Europea (UE) aprobó en 2014 las Directivas de contratos públicos de cuarta generación (Directiva de contratos; D. de concesiones y D. de sectores especiales) y el plazo de transposición de las mismas concluye el 18 de abril de 2016 para la mayor parte de su contenido. La transposición en España, a diferencia de otros estados miembros, se articula mediante la tramitación ordinaria de un proyecto de ley de las Cortes Generales, preparado por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de los contenidos que deban ser incorporados mediante normas autonómicas, de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía.

La actual situación política e institucional hace que sea previsible que, a pesar de que existen varios Anteproyectos de Ley, se supere el plazo de transposición sin que ésta se haya producido. Esta situación, al margen de la responsabilidad por incumplimiento y sus posibles consecuencias patrimoniales, implica que varios preceptos de las Directivas de contratación pública puedan tener efecto directo y desplazar la regulación nacional. Los órganos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación acordaron en la cuarta reunión de coordinación que tuvo lugar en Madrid el 24 de junio de 2015 elaborar un estudio sobre los efectos jurídicos de las nuevas directivas de contratación pública ante el vencimiento estéril del plazo de transposición.

Los participantes en la reunión La Directiva es uno de los instrumentos legislativos de los que disponen las instituciones comunitarias para aplicar las políticas europeas. Se trata de una herramienta que se emplea principalmente en el marco de las operaciones de armonización de las legislaciones nacionales. Es, en resumen, un acto jurídico que necesita para su eficacia de incorporación en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo establecido; transcurrido ese plazo sin que se haya incorporado el contenido de las mismas (o habiéndose incorporado incorrectamente), las consecuencias van desde la posible imposición de multas al Estado incumplidor al pago de indemnizaciones, sin perjuicio de que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE la Directiva tiene un efecto directo, de modo que los particulares pueden alargarla ante los jueces nacionales.

La consecuencia del efecto directo es la aplicación del precepto de la Directiva, desplazando cualquier norma nacional se sentido contrario. Esta consecuencia se impone también a los órganos de recursos contractuales que, aunque de naturaleza administrativa, tienen reconocida jurisprudencia, a los efectos de la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, la condición de "órgano jurisdiccional".

El Tribunal Adminsitrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León es competencia del Consejo Consultivo de Castilla y León desde su creación en el año 2012. Presidido por el también presidente del superior órgano consultivo autonómico, Mario Amilivia, el Tribunal ha aprobado ya más de 300 resoluciones, en plazos muy reducidos, velando por la equidad y la seguridad jurídica en los procesos de contratación pública en la Comunidad Autónoma.


Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León / Consejo Consultivo de Castilla y León