El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) ha aprobado hoy la memoria correspondiente al año 2017, cuando se cumplieron los 5 años de actividad del órgano competente para resolver los recursos especiales en materia de contratación pública en la Comunidad.  En el periodo 2012-2017 ha resuelto 519 recursos por un importe global de 3.749.430.826 euros,  reduciendo litigiosidad, aportando seguridad jurídica y contribuyendo por todo ello al ahorro de dinero público.

Al cumplirse sus 5 años de actividad, se ha realizado una evaluación por parte de la Unión Europea sobre los nuevos procedimientos de recurso en el ámbito de la contratación pública. Evaluación que destaca algunos aspectos del éxito del modelo español, del que forma parte el TARCCyL. En ella se concluye que los órganos administrativos de recurso tienden a ser más eficaces a la hora de resolver un recurso especial en m Mario Amilivia presidiendo el TARCCyL ateria de contratación que los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Los resultados de la encuesta encargada al efecto por la UE sobre esta cuestión  son clarificadores en cuanto al efecto que han tenido las Directivas europeas sobre recursos en el procedimiento de contratación pública: un 80,6% de los encuestados lo consideran más transparente, un 80% más justo, un 77,7% más abierto y accesible y un 82% que proporciona mayores incentivos para cumplir con las normas sustantivas de la contratación pública.

Estadística de 2017

En 2017 se presentaron 126 recursos ante el TARCCyL, resolviéndose 121, un 31,5% más que en 2016. En el citado periodo, dictó 101 resoluciones y 20 acuerdos que decidieron el fondo del asunto. En total, 33 recursos fueron inadmitidos, 38 estimados (12 de forma parcial), 48 desestimados y en dos casos se produjo el desestimiento. De los recursos presentados, cuatro correspondieron a cuestiones de nulidad.

Durante 2017, el 74,4% de los recursos presentados eran dirigidos frente a contratos de servicios (94 del total); seguidos de los de suministros, el 20% (25), Acuerdo Marco, 4% (5) y obras, 1,6% (2). El principal acto recurrido fue el de la adjudicación (41,27%). La duración media del procedimiento fue de únicamente 23,6 días hábiles (desde su admisión a trámite). En el ejercicio 2017 nueve recurrentes acudieron a la vía contenciosa. La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos alcanzó los 455.822.049,56 euros.

Por ente adjudicador, Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, Administración Autonómica y Universidades se presentaron 46, 3, 20, 48 y 9 recursos respectivamente. Según el objeto de impugnación, la adjudicación motivó 52 recursos, los pliegos 47, la exclusión 17, la nulidad 4, el anuncio 1 y otros 5.

Nueva Ley de Contratos del Sector Público

La entrada en vigor el próximo 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, norma que sustituye y deroga el texto normativo vigente, implicará en relación a la regulación del recurso especial una ampliación del ámbito de aplicación, por lo que se prevé un aumento de los recursos.  Ley que incluye nuevos umbrales para los actos recurribles, por ejemplo,  contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tengan un valor estimado superior a cien mil euros. También las concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

Además, se incorporan expresamente, entre otros, como actos recurribles ante el Tribunal, las modificaciones contractuales, ya estén previstas o no en los pliegos, en las que por incumplirse los requisitos legales pueda considerarse que es una nueva adjudicación, y los acuerdos de rescate de las concesiones.

Ante la entrada en vigor de la nueva Ley, el Tribunal celebrará nuevas jornadas formativas conjuntamente con las Diputaciones de Castilla y León, especialmente dirigidas a alcaldes, secretarios y demás asesores jurídicos de los poderes locales. La Ley incorpora numerosas novedades y modificaciones, así como la obligación de utilizar internet en las contrataciones.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León está presidido por Mario Amilivia e integrado por los que también son consejeros del Consejo Consultivo, José I. Sobrini y Francisco Ramos. Adscrito al Consejo Consultivo, respecto del que actúa con separación de funciones, ejerce sus funciones de tutela extrajudicial sobre la contratación pública de Castilla y León  a coste cero para la Administración desde 2012.