Silvia Clemente y Amilivia abren la jornada El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Mario Amilivia, aseguró el jueves 3 de mayo en el inicio de la jornada “Los contratos públicos de servicios a las personas” que se celebró en las Cortes de Castilla y León que la  contratación derivada de la nueva Ley de Contratos supone un “instrumento” para que se generen nuevas políticas públicas de carácter social, medioambiental, innovación, desarrollo y calidad. “Ha habido un cambio de cultura en la contratación pública, hemos cambiado hacia la cultura de contratación estratégica y esto, que tiene que ser positivo si lo hacemos bien, hay que trasladarlo a la sociedad castellano y leonesa”, declaró el presidente del órgano de control.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, también participó en la apertura de la jornada, subrayando la importancia del trabajo que desarrolla el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, órgano adscrito desde 2012 al Consejo Consultivo, que viene depurando la contratación pública de la Comunidad Autónoma, aportando seguridad jurídica y certidumbre a todos los operadores en plazos muy breves.

La presidenta del Parlamento abogó por la profesionalización de la contratación pública y resaltó que la nueva normativa pone en manos de las administraciones diversas herramientas para luchar contra el desempleo y favorecer asuntos como la perspectiva de género, la contratación de discapacitados, así como la inserción laboral a través de la reserva de contratos a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo. El consejero Francisco Ramos modera la mesa redonda

Mario Amilivia apuntó que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, de carácter totalmente independiente, se ha convertido en un “modelo de éxito” para la resolución de la litigiosidad que se produce en la Comunidad Autónoma. Y lo hace, incidió, en plazos muy breves –poco más de 20 días- y con un volumen de resoluciones que apenas son recurridas en la jurisdicción contenciosa.

La nueva contratación del sector público adquiere, como subrayó Mario Amilivia, un concepto estratégico  de crecimiento con derechos que supone un cambio con respecto al anterior sistema, centrado en la oferta económicamente más ventajosa. La evolución por la que ha apostado la nueva normativa posibilita un crecimiento distinto, con la vista puesta en las personas. “Ha habido un cambio de cultura en la contratación pública; hemos cambiado hacia la cultura de  crecimiento estratégico”, que, manifestó, puede servir para una mejor atención a las personas en  la salida a la crisis económica.

Con cerca de 200 asistentes, básicamente operadores jurídicos, personal técnico de las administraciones local, autonómica, y representantes del Tercer Sector, la jornada se celebra en el Parlamento regional. Asisten, entre otros, los presidentes de las Instituciones Propias y el presidente del Consejo Consultivo de Galicia. Uno de los ponentes, gran experto en materia de contratación, es José María Gimeno, director del Observatorio de Contratación.

La contratación pública representa alrededor de un 20% del PIB de Esp Asistentes, en las ponencias aña y una proporción similar en los distintos países europeos. La Estrategia Europa 2020 de la UE, a la vista de las dificultades que la crisis económica ha creado a muchas personas y colectivos sociales, y de sus efectos políticos e institucionales, pretende incorporar el modelo social europeo, caracterizado por el crecimiento con derechos sociales, a la contratación pública en la convicción de que este modelo hará de Europa un espacio más próspero y competitivo.

El objetivo se concreta en las directivas de contratos de la UE, que se transponen e incorporan al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017. De un modelo de contratación centrado en el precio se evoluciona a la contratación pública estratégica (la mejor relación calidad-precio).

Los aspectos sociales de la contratación pública estratégica se pueden resumir en:

Incorporación de cláusulas sociales en todas las fases del proceso de preparación, licitación y ejecución del contrato.

La reserva de contratos, de cualquier tipo y en cualquier materia a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Los conciertos sociales para servicios a las personas de carácter social, cultural y de salud.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al Consejo Consultivo con sede en Zamora, ha resuelto ya 560 recursos por un importe global de más de 4.137 millones de euros.

En lo que va de año ya ha resuelto 37 recursos (31 por resolución y 6 por acuerdo) por una suma total de 387.589.251 euros. El 22% de los recursos resueltos se han estimado total o parcialmente (8), mientras que el 46% fueron desestimados (17), y el resto inadmitidos y archivados.

Cortes de Castilla y León / Consejo Consultivo de Castilla y León