El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció hoy en la Comisión de la Presidencia de las Cortes para dar cuenta de la memoria del año 2015, en el que se emitieron 513 dictámenes, que fueron secundados en un 96,10% por las administraciones consultantes, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución. Ejercicio caracterizado por la “independencia” y la “unanimidad” de sus decisiones, que contribuyen a que “prevalezca el interés general”, “la garantía de los derechos de los ciudadanos”, y al “mejor funcionamiento de las administraciones, es decir, al acierto de las mismas en su toma de decisiones”. 

Mario Amilivia, presidente de esta institución propia de la Comunidad Autónoma encargada del control externo de la Administración, destacó un año más la auctoritas del Consejo, es decir, el alto grado de seguimiento de los dictámenes: “De los 513 dictámenes aprobados, si bien en más de un 76% de los casos había plena coincidencia entre la propuesta de resolución de la administración y el dictamen del Consejo, una vez conocida la decisión finalmente adoptada por la administración, ese dato se eleva hasta el 96,1%”. Comisión de la Presidencia, en las Cortes CyL

El presidente señaló que 2015 fue un ejercicio “marcado por la normalidad en el que se emitió casi el mismo número de dictámenes que en 2014, y ello teniendo en cuenta que se celebraron elecciones autonómicas y municipales, que paralizaron el funcionamiento de las administraciones”. Con los 513 informes de 2015 se superan en la actualidad los 13.400 en el registro histórico de la institución, ya que en lo que va de año el Consejo suma 300 dictámenes.

Las administraciones locales (diputaciones, ayuntamientos y otras entidades) presentaron 239 consultas; la Junta de Castilla y León a través de sus distintas consejerías 271 y las universidades, 3.

Por provincias, León concentró el mayor número de dictámenes (120, el 23,4% del total); seguida de Valladolid (85); Burgos (83); Salamanca (55); Segovia (45); Palencia (33); Zamora (31); Ávila (22) y Soria (12). El resto fueron dictámenes no provincializados.

Conforme a la última memoria aprobada, 402 dictámenes, el 78,3%, derivaron de la responsabilidad patrimonial de las administraciones; seguidos de los relativos a revisión de oficio de los actos administrativos (39 dictámenes, 7,6%); 22 sobre reglamentos ejecutivos (4,3%); 21 sobre contratación administrativa (4,09%); 14 sobre modificación de los planes urbanísticos (2,73%); 10 sobre recursos administrativos (1,9%); 3 sobre anteproyectos de ley (0,58%) y uno, respectivamente sobre concesiones administrativas y proyectos de legislación delegada.

La suma de las indemnizaciones reclamadas a la Administración en las consultas sobre responsabilidad patrimonial que fueron objeto de dictamen alcanzó el pasado ejercicio los 32,2 millones de euros. Y dentro de estas, las consultas de índole sanitario, que se tradujeron en 101 dictámenes, concentraron como en años anteriores las reclamaciones más elevadas, alcanzando los 11,5 millones de euros.

Añadió Amilivia que la institución fue capaz de emitir los dictámenes en el plazo reglamentario de 20 días, “incluso en un 32% de los casos fueron emitidos en un plazo medio de 12 días, lo que pone de manifiesto la eficacia y eficiencia del Consejo”.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Mario Amilivia dio cuenta también de la función ejercida por el Consejo como Tribunal de Recursos, cuyo balance de actividad se incorpora como un anexo a la memoria. Desde la aprobación de este órgano en 2012 a coste cero para la Administración se han dictado –señaló- más de 350 resoluciones, de ellas, 101 más 3 acuerdos que resolvieron el fondo del asunto en 2015, “lo que pone de manifiesto un incremento permanente de su actividad”. En cuanto a los plazos de resolución de los recursos presentados, fueron de 33 días de media, frente a los 2.790 días de media (más de 7 años) que llevaría la duración de un procedimiento en la vía contenciosa-administrativa. Aproximadamente el 50% de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios y el 35% a los de suministros. 27 de las resoluciones aprobadas el año pasado fueron estimatorias total o parcialmente. Los cosnejeros Ramos y Sobrini; García Fonseca y M. Jesús Pascual

Sólo 3 del centenar de recursos resueltos fueron posteriormente impugnados ante la jurisdicción contenciosa. La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos alcanzó el pasado ejercicio los 527.316.613 euros. Mario Amilivia, presidente también de este Tribunal –del que forman parte  Francisco Ramos y José Ignacio Sobrini-, significó el papel ejercido como “control externo de la actuación de la Administración; una función cuasi jurisdiccional que garantiza la libre concurrencia en la contratación, la igualdad de trato entre los licitadores, y que de esta manera depura la contratación administrativa, al tiempo que ahorra dinero público al garantizar que prospere la oferta más ventajosa”. Desde el año 2012 cuando el Tribunal inició sus funciones y hasta la fecha, ha intervenido en recursos que suman 2.740 millones de euros. En lo que va de año, el Tribunal ha aprobado ya medio centenar de resoluciones en un ejercicio que constata el paulatino aumento de actividad en cuanto a la tramitación y resolución de los recursos que le son presentados.

Mociones y recomendaciones

Amilivia dio cuenta también en su comparecencia de hoy en las Cortes acerca del apartado de las mociones y recomendaciones para un mejor funcionamiento de las administraciones, entre otras en relación a la remisión al extracto doctrinal de la página web del Consejo Consultivo (www.cccyl.es), la preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo y las consecuencias de su omisión; petición de dictámenes facultativos, con la constatación de que van aumentando año tras año; la participación del Consejo Consultivo en el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía o cuestiones relacionadas con las disposiciones normativas.

Ciñéndose a las mociones y recomendaciones relacionadas con la responsabilidad patrimonial de la Administración, el presidente del Consejo Consultivo se refirió especialmente a la incidencia de la modificación de la normativa estatal sobre la atribución de responsabilidad en accidentes de tráfico causados por atropellos de especies cinegéticas, con gran incidencia en la Comunidad, y a los daños producidos durante la celebración de festejos populares. En relación al primer asunto, el Consejo Consultivo, por boca de su presidente, propone una modificación en la Ley de Tráfico para que los propietarios de los cotos de caza o los responsables de la explotación cinegética de los mismos sean responsables patrimoniales en supuestos de siniestros de tráfico con animales.

Con esta recomendación se pretende acabar con una situación que está perjudicando a numerosos conductores de Castilla y León, especialmente en algunas comarcas de las provincias de Zamora, León, Palencia, Segovia, Soria o Ávila. Y es que un tercio del millar largo de accidentes de tráfico provocados por animales en España entre 2011 y 2014 tuvieron como escanario las carreteras de la Comunidad, precisó Mario Amilivia.

Consejo Consultivo de Castilla y León