El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció hoy 14 de julio en el Parlamento autonómico, en la Comisión de Investigación sobre el desarrollo de las obras del nuevo Hospital Universitario de Burgos. Comparecencia que había sido requerida por las Cortes de Castilla y León, y que se suma a las que se vienen produciendo a iniciativa de los grupos políticos para poner luz en todo lo relacionado con un contrato de concesión de obra pública "complejo, con discrepancias interpretativas y modificativas llegando a generar hasta ahora siete dictámenes"  por parte del Consejo Consultivo. El presidente de la Institución al inicio de su comparecencia  

El presidente de la Institución destacó en su intervención inicial la pluralidad de este órgano colegiado, caracterizado también por su independencia y objetividad. En relación al contrato del nuevo Hospital de Burgos, citó las cuatro notas fundamentales que caracterizan el contrato de concesión de obra pública, "un instrumento adecuado para compatibilizar los intereses privados y el interés público de una manera eficaz, es decir, para que la Administración pueda acometer grandes inversiones de interés público en colaboración con operadores económicos privados": existencia de obra pública susceptible de explotación; el riesgo concesional; el equilibrio económico de la concesión y la diversificación de la financiación.

Añadió que el contrato de concesión tiene un objeto contractual muy amplio, que además de la construcción y equipamiento del Hospital incluye un completo y complejo número de prestaciones para su explotación. Un plazo concesional de 30 años para un centro que, tras varias ampliaciones, se puso en servicio el 14 de diciembre de 2011. El coste inicial del contrato era de 1.010.133.757,50 euros, donde se incluye el importe de la inversión ofertada y realizada, y el coste derivado de la explotación de la obra pública. El importe de la inversión neta ofertada (INITO), es decir, el presupuesto de licitación de las obras, instalaciones, equipamiento, equipos y mobiliario era de 242.851.578,44 euros (IVA incluido). Integrantes de la Comisión que analiza las obras del HUBU

Los efectos, cumplimiento y extinción, incluida la duración y el régimen de prórroga se rigen por lo previsto en el TRLCAP por su Reglamento y, por supuesto, por lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP). Subrayó Amilivia que se trata de "un contrato complejo, con un PCAP extenso, 141 folios, más 8 anexos con otros 29 folios, expedientes muy voluminosos e informes económico-financieros muy técnicos y amplios, y que tal complejidad ha suscitado discrepancias interpretativas y modificativas entre las partes de no fácil respuesta, como lo demuestra el hecho de que hayan tenido que ser los tribunales los que, en último término, resuelvan las controversias, si bien los órganos judiciales han confirmado la adecuación a derecho de los actos interpretativos y modificativos adoptados por la Administración de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo".

Según se desprende de los expedientes examinados por el Consejo, los procedimientos tramitados para las interpretaciones y modificaciones contractuales se tramitaron correctamente, incluyéndose todos los informes técnicos y demás documentación preceptiva exigida por la normativa. La controversia versó en casi todos los casos de modificación en la valoración de determinadas partidas y conceptos que la concesionaria consideraba que debían incluirse en el reequilibrio económico-financiero, y en los casos de interpretación en la deducción propugnada por la concesionaria, que pretendía reducir sus obligaciones contractuales o ver incrementada su retribución.

El presidente de la Institución enfatizó que "los procedimientos tramitados para proceder a la modificación del contrato se ajustaron a lo previsto en el ordenamiento jurídico: junto a los informes justificativos se concedió audiencia, y en los supuestos en los que era preceptivo se emitió dictamen". En todos los casos -prosiguió- "se consideró que concurrían los requisitos exigidos para aprobar la modificación: interés público claro, patente e indubitado, necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas debidamente justificadas en el expediente e inexistencia de una alteración sustancial del contrato.

Por lo que, concluyó Mario Amilivia, "puede afirmarse que los procedimientos seguidos para aprobar las modificaciones y las interpretaciones contractuales se tramitaron correctamente y que las modificaciones contractuales estaban suficientemente justificadas, en cuanto a su necesidad, por los informes técnicos emitidos y respondía al interés público; apreciaciones éstas que se han recogido en los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo. En las siete consultas realizadas hasta la fecha en relación con el contrato (4 sobre interpretación de sus cláusulas y 3 en relación con modificaciones contractuales), el Consejo Consultivo de Castilla y León, de composición plural, ha emitido sus dictámenes por unanimidad y las consideraciones y conclusiones recogidas en ellos se han ratificado por los tribunales de justicia en los litigios de los que se ha tenido constancia.

En relación a los procedimientos administrativos tramitados para la aprobación de las interpretaciones del contrato, apuntó que en todos los casos el Consejo Consultivo "consideró adecuada y avaló la propuesta interpretativa de la Administración, frente a la interpretación de la concesionaria, que pretendía reducir sus obligaciones contractuales o ver incrementada su retribución por determinados conceptos". Por otra parte, sostuvo, "la postura interpretativa del Consejo sobre las discrepancias existentes en relación con el contrato y con los pliegos, que avalaba la propuesta por la Administración, ha sido confirmada por los juzgados de lo Contencioso Administrativo y por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

Tras la exposición inicial del presidente del Consultivo, se llevaron a cabo tres turnos de preguntas por parte de los integrantes de esta Comisión: Mercedes Martín (PSOE), José Sarrión (IU, Manuel Mitadiel (C´s) y Laura Domínguez (Podemos). Una comparecencia, con sus consiguientes preguntas y contestaciones, que se prolongó durante más de dos horas en el Parlamento autonómico.

Consejo Consultivo de Castilla y León / Fotografías: Consejo Consultivo y Agencia ICAL