Comparecencia del Presidente en las Cortes de Castilla y LeónImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto

El Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció el martes 18 de noviembre por primera vez en la Comisión de la Presidencia del Parlamento autonómico, tal y como establece la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad, para dar cuenta sobre la Memoria de actividad del año 2013. Asistieron a dicha comparecencia también los Consejeros Fernando Rey y Angel Velasco, el Consejero Emértio José C. Nalda, así como la letrada-jefe, María García. Mario Amilivia comenzó su intervención con un breve recorrido por los principales acontecimientos que marcaron en 2013 la actividad de la institución propia con sede en Zamora:

- Se cumplieron los 10 primeros años de la institución, una década en la que se ha consolidado como útil y necesaria, que ha contribuido a una mejor calidad legislativa, al buen funcionamiento de la Administración y a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, y cuya mejor expresión son los ya más de 12.500 dictámenes aprobados, así como la doctrina jurídica de ellos emanada.

- 2013 fue el primer año completo en el que el Consejo Consultivo ejerció funciones como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, único Consejo que ha asumido esta competencia en el ámbito autonómico. El pasado ejercicio aprobó un total de 75 Resoluciones y en lo que va de año ya ha aprobado 78.

-  2013 fue el primer año completo del Consejo Consultivo en su nueva sede en la ciudad de Zamora. Un nuevo edificio que goza de importantes reconocimientos. Y que, dándose cumplimiento a los objetivos planteados, está plenamente abierto a la sociedad. Sirvan de ejemplo las más de 5.000 personas que lo visitaron el último año en los eventos celebrados, destacando entre ellos la celebración de la XV Jornadas de la Función Consultiva.

- Por último, la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 19 de junio, ha supuesto, entre otras modificaciones, la adscripción presupuestaria del Consejo Consultivo, junto con el resto de Instituciones propias a que se refiere dicha Ley, a las Cortes de Castilla y León.

El presidente del Consultivo destacó en este sentido que cualquier modificación que se produzca no puede conllevar en ningún caso una merma de la autonomía orgánica y funcional con la que cuenta el Consejo Consultivo, necesaria para garantizar la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. En referencia al “Informe Cora”, significó que  despejó cualquier duda que hubiera podido plantearse en relación con la función desempeñada por el Consejo. “Instituciones como la nuestra no suponen  una duplicidad respecto de otras instituciones estatales existentes, puesto que el Consejo Consultivo no sólo sustituye al Consejo de Estado en el ámbito de nuestra Comunidad, sino que ejerce competencias que en su momento no eran desempeñadas por aquél, lo que se traduce en un plus de garantía para los ciudadanos castellanos y leoneses”.

Puso como ejemplo de ello los 357 dictámenes jurídico-normativos emitidos desde el inicio de la actividad consultiva en 2003 (proyectos de ley y reglamentos ejecutivos), “función de asesoramiento al Gobierno en materia legislativa que no hacía el Consejo de Estado y que nos ha permitido participar en la función legislativa en su fase pre-parlamentaria de una manera reservada, prudente y eficaz, como demuestra el altísimo grado de aceptación de nuestras recomendaciones. O, entre otros, los cerca ya de 11.000 dictámenes mediante los cuales hemos depurado la responsabilidad patrimonial de las administraciones, garantizando los derechos de los ciudadanos, coadyuvando a que la Administración sirva al interés general y a una buena asignación de los recursos públicos”.

En su repaso por los aspectos institucional y administrativo, desglosó las nuevas competencias asumidas con motivo de la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 19 de junio, como la de elaborar propuestas legislativas cuando así se lo encomiende la Junta, o, por lo que a los dictámenes se refiere, la recuperación de los relativos a las modificaciones de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos. Junto a la elevación de las cuantías de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6.000 euros en el ámbito de la Administración autonómica y 3.000 en el de otras administraciones públicas), mencionó también la solicitud directa de la consulta por parte de las Corporaciones Locales y la reducción de un mes a 20 días hábiles de plazo para la emisión de los dictámenes.

En relación a las funciones como Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, significó que tiene su origen en la normativa de la UE (Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre), con el que se trata de garantizar, de una parte, el trato no discriminatorio y la igualdad de los licitadores y, de otra, que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas y resueltas lo más rápidamente posible. Dichas funciones son ejercidas a coste cero y lo integran los tres miembros electivos del Consejo Consultivo: Mario Amilivia, Fernando Rey y Angel Velasco. De carácter potestativo y precontractual, garantiza una mayor agilidad de la resolución de los recursos, aporta una mayor seguridad jurídica y evita la judicialización de muchos procedimientos. En 2013 dictó 75 Resoluciones: 38 recursos procedieron de la Administración Local, 32 de la Ad. Autonómica, y 5 de las Universidades. En lo que va de año son 78 las resoluciones dictadas.

Actividad consultiva en 2013

En cuanto a los datos relativos a la actividad consultiva, expuso que en 2013 se aprobaron 883 dictámenes, sin que se emitieran votos particulares. De estos 883, 13 fueron sobre anteproyectos de ley y 31 sobre reglamentos ejecutivos.

La mayoría de los dictámenes se derivaron, como en años anteriores, de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, en concreto 742. Y en cuanto al resto: 45 fueron sobre revisiones de oficio; 38 sobre resolución e interpretación de contratos; 11 sobre recursos extraordinarios de revisión; 1 sobre legislación delegada; 1 sobre convenios y una consulta facultativa. En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 fueron desestimatorios; 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales. En un total de 685 ocasiones, un 77,6% del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa de los dictámenes y el sentido final de los mismos, todo ello sin perjuicio de la decisión finalmente adoptada por la Administración, en la que también existió una alta coincidencia, elevándose este porcentaje a más del 97% de acuerdo con las 684 comunicaciones oficiales recibidas por las administraciones sobre las resoluciones finalmente adoptadas. Lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.

Mociones y recomendaciones

En el apartado de mociones y recomendaciones para un mejor funcionamiento de la Administración (artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo) se detuvo en las siguientes: Tramitación de los anteproyectos de ley; contenido de las normas y la técnica normativa; la duración de los procedimientos sometidos a plazo de caducidad; sobre la realidad efectiva de las nuevas competencias atribuidas al Consejo y sobre otras mociones y recomendaciones referidas a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

En relación al contenido de las normas y técnica normativa, insistió en que “deben evitarse disposiciones con escasa fuerza normativa cuyo contenido consista, en gran medida, en meras declaraciones programáticas, que tienden más a una formulación de intenciones que a la ejecución de acciones y que carecen de la adecuada concreción de derechos, garantías y medidas precisas para su efectividad. Y, entre otras recomendaciones, en relación a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, advirtió que el dictamen del Consultivo es un trámite esencial, imprescindible, insubsanable y último, y que su omisión vicia de nulidad el procedimiento tramitado.


Consejo Consultivo de Castilla y León