foto memoria 2012-2014 El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCYL) ha aprobado hoy en una de las salas del Parlamento autonómico su primera memoria de actividad desde el inicio de sus funciones, en marzo de 2012. Una memoria que por ello se retrotrae a ese año, incluyendo toda la actividad generada hasta el año 2014, que se resume en 202 resoluciones, 230 si se incluyen las dictadas hasta la fecha.

Una vez aprobada la memoria, el Tribunal tiene previsto dar traslado de la misma en distintos actos a los poderes adjudicadores y al mundo de la empresa, según aseguró su presidente Mario Amilivia. En cualquier caso, el documento íntegro se podrá consultar a partir de hoy en formato PDF a través de la web http://www.cccyl.es

El Tribunal castellano y leonés fue adscrito de manera pionera en el ámbito autonómico al Consejo Consultivo de Castilla y León por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, modelo que también va a seguir la Junta de Extremadura tras aprobar la pasada semana la creación de un Tribunal adscrito de igual forma al Consejo Consultivo de dicha Comunidad.

La memoria tiene por objeto, no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del Tribunal durante el periodo 2012-2014 en el ejercicio de sus competencias, sino también dar cuenta de los criterios empleados y de la doctrina fijada, tanto respecto de cuestiones relativas a materias de fondo como procedimentales, con el objetivo de que se puedan corregir ex ante prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

El TARCCYL tiene su sede en Zamora y está formado por Mario Amilivia como presidente y los también consejeros del Consejo Consultivo Fernando Rey y Ángel Velasco, siendo asistidos por el secretario Luis Gracia, y por la letrada jefe María García. El establecimiento de este Órgano, que desarrolla su actividad a coste cero para la Administración, y en un ámbito distinto al que le es propio al Consejo Consultivo, tiene su origen en la normativa de recursos de la Unión Europea (UE).

Al Tribunal le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. El recurso especial en materia de contratación es un recurso administrativo y no jurisdiccional, previo a la interposición del contencioso-administrativo. Se trata de un recurso potestativo, de modo que si el interesado lo desea puede acudir directamente a la Jurisdicción. La mera interposición del recurso, cuando el acto recurrido sea la adjudicación, implica la paralización automática del procedimiento de contratación. Contra la desestimación de este recurso los recurrentes podrán acudir a la vía contenciosa-administrativa.

Son objeto de recurso especial los siguientes actos:

  • Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
  • Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
  • Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

Estos actos son objeto de este recurso especial siempre y cuando se refieran únicamente a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades que ostentes la condición de poderes adjudicadores:

  • Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco.
  • Contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros.
  • Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 5 años.
  • Determinados contratos subvencionados.

En cuanto a la cuestión de nulidad, se trata de un recurso dirigido contra un contrato que se haya celebrado con vulneración de las reglas fundamentales de garantía de tutela precontractual.

Las 230 resoluciones aprobadas hasta la fecha se han llevado a cabo sobre una cuantía aproximada de 2.000 millones de euros que totalizaron los contratos recurridos, una cifra que da idea de la trascendencia de las decisiones adoptadas, que “han garantizado la libre concurrencia e igualdad de trato, generando ahorro público y depurando la contratación administrativa”, subrayó Mario Amilivia. El presidente de este Órgano aseguró también que “ejerce una tutela rápida y efectiva, obstaculizando lo mínimo imprescindible el proceso de contratación, de manera que se resuelvan adecuadamente, en el plazo más breve posible, las cuestiones planteadas tanto por particulares como por los órganos de contratación, permitiendo crear un cuerpo doctrinal preciso y próximo”.

Con la puesta en marcha del Tribunal de Recursos de Castilla y León se ha reducido el plazo de resolución de los recursos a los 24 días de media.

Notas características

  • El Tribunal vela una tutela independiente. La independencia además de estar garantizada por su propia composición y mecanismos como la inamovilidad de sus miembros, puede ser cuantificada a través del porcentaje de recursos estimados. Tal y como se recoge en la memoria, en todo el periodo 2012-2014 se estimaron un 27,2% de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 40% si se excluyen los recursos que fueron inadmitidos, aquellos en los que el TARCCYL no entra en fondo del asunto, lo que puede ser considerado un “éxito” dada la práctica ausencia de litigiosidad contenciosa frente a las decisiones del Tribunal. 
  • El TARCCYL ha destacado en este periodo por la rapidez, consiguiendo reducir el periodo medio de resolución de un recurso de 32 a 24 días, plazo que depende esencialmente de la diligencia del órgano de contratación en cumplir los trámites. No obstante, con el objetivo de reducir dicho plazo, el Tribunal implantará en breve un sistema que permitirá la presentación telemática de los recursos y alegaciones. Medida que contribuirá a acelerar aún más los procedimientos y a realizar una comunicación fluida con los interesados, resolver dudas a los recurrentes u órganos de contratación y a ahorrar en el soporte papel. 
  • En el ejercicio de sus funciones, está contribuyendo a garantizar que gane la mejor oferta y, por lo tanto, a ahorrar dinero público de forma directa e indirecta. Primero, valorando e introduciendo correcciones bajo el principio de la oferta económicamente más ventajosa. Segundo, al intervenir de forma rápida y precisa ante los posibles abusos, dota de transparencia al sistema y fomenta la competencia. En la actualidad ya acuden a la contratación los candidatos desconfiados, aquellos que no creían anteriormente en la regularidad de una licitación. 
  • Transparencia: La inmediación de la actuación de los Tribunales produce que el órgano de contratación dé directamente explicaciones –a través del informe preceptivo que se incorpora al procedimiento-, y que mediante su doctrina se vayan eliminando vicios en la contratación. El TARCCYL publica puntualmente sus resoluciones y criterios doctrinales en la página web http://www.cccyl.es (en el espacio reservado al Tribunal).

Estadística 2012-2014

El Tribunal aprobó 202 resoluciones y 67 acuerdos, todas ellas sobre recursos especiales. En dicho periodo no se presentó ninguna cuestión de nulidad.

Se dictaron 31 resoluciones en 2012; 75 en 2013 y 96 en 2014, a las que se suman las 28 dictadas en lo que va del actual ejercicio. Lo que supone un incremento de actividad del 67% en el periodo 2012-2014. De las 202 resoluciones, 82 fueron en sentido desestimatorio, 55 estimatorio y se inadmitieron 64 recursos.

Durante el referido periodo, aproximadamente el 52% de los recursos presentados eran dirigidos a contratos de servicios, seguido de los de suministros. El principal acto recurrido fue la adjudicación (en el 48% de los casos).

Los contratos de la Administración autonómica –especialmente la Consejería de Sanidad- generaron 90 recursos. La Consejería de Sanidad generó 10 recursos en 2012, 14 en 2013 y 38 en 2014.

Los contratos de la Administración Local (Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades locales) generaron 85 recursos; y los de las Universidades y otros poderes adjudicadores 27.



Consejo Consultivo de Castilla y León / (Foto ICAL)