El Consejo Consultivo de Castilla y León, la función consultiva que ejerce en el ámbito autonómico, genera ahorro público porque evita litigiosidad; mejora la calidad democrática porque garantiza el interés general y salvaguarda los derechos de los ciudadanos en el ámbito de una función que es necesaria e irrenunciable. La Institución no complementa a otro órgano del Estado, sino que lo sustituye –en referencia al Consejo de Estado- y lo hace en muchos más supuestos y con mayor cercanía.  Así lo destacó hoy el presidente de esta institución propia de la Comunidad con sede en Zamora, Mario Amilivia, que ha celebrado con el apoyo de la Diputación Provincial de León una jornada formativa en el Edificio Fierro sobre el Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, cuyas funciones también ejerce desde 2012. Majo y Amilivia, en la apertura

Mario Amilivia añadió que mediante los 3.377 dictámenes aprobados desde 2003 sobre consultas iniciadas en la provincia León por las distintas administraciones, la institución ha salvaguardado los derechos de los ciudadanos y la calidad de los servicios públicos. Estos 3.377 dictámenes ‘leoneses’  (27 de ellos correspondientes a la Diputación Provincial) suponen el 25,4% del total de los aprobados por el superior órgano consultivo históricamente.

Un centenar de representantes de entidades locales leonesas (secretarios, interventores, etc) han asistido a esta Jornada formativa. El Consejo Consultivo viene desarrollando jornadas de formación y actos divulgativos como el de hoy en la capital leonesa para dar a conocer el trabajo de la Institución y  concienciar a las administraciones, especialmente a  los ayuntamientos, en la conveniencia de que soliciten los dictámenes preceptivos, especialmente los derivados de asuntos sobre responsabilidad patrimonial. Y es que algunos ayuntamientos, históricamente, no vienen solicitando dictámenes. El comportamiento de las entidades locales a la hora de presentar consultas preceptivas es dispar en Castilla y León. La próxima Jornada se celebrará previsiblemente en Salamanca, anunció Amilivia. Francisco Ramos y María G. Fonseca

Aunque si bien es cierto que las autoridades precisan de cierta discrecionalidad para poder mejor cumplir con los objetivos marcados, esta no puede derivar arbitrariedad, es decir, comportamiento injusto e invasivo de los derechos de los ciudadanos. Por ello, en el transcurso de estas jornadas formativas se incide fundamentalmente en que la instrucción del procedimiento administrativo no es un obstáculo para el funcionamiento de la Administración, sino que constituye una garantía en doble sentido: por una parte, es una protección para que la actuación de la Administración sea conforme con el ordenamiento jurídico, y por otra, para que tal actuación pueda ser conocida y enjuiciada por los interesados, lo que asegura el acierto de la decisión finalmente adoptada.

El dictamen del Consejo Consultivo como instancia auxiliar ajena a la Administración, fundado en derecho, es una garantía para el interés general, ejerce un control previo de legalidad que nace de un procedimiento administrativo, y no es disponible. “Hacemos un esfuerzo muy intenso para que todos los ayuntamientos soliciten los dictámenes de responsabilidad patrimonial; esperamos que se vayan incorporando todos los ayuntamientos que no lo estaban haciendo”, subrayó Amilivia. En el caso de estos dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, que representaron el año pasado el 78,4% del total, no en todos los casos las administraciones tienen la obligación de aceptar las pretensiones de los ciudadanos (supuestos que puedan darse en aquellas entidades locales que dispongan de seguros que cubran este tipo de contingencias). Las indemnizaciones  recogidas en las consultas sobre responsabilidad patrimonial tramitadas en 2015 alcanzaron los 32,2 millones de euros. La jornada tuvo lugar en el ILC

El presidente de la institución significó en la apertura de la Jornada que eludir un dictamen preceptivo del Consejo Consultivo podría conllevar un vicio de nulidad de la decisión que pudiera adoptar la administración correspondiente. Además animó a los representantes de las entidades locales a solicitar dictámenes facultativos, "un instrumento de carácter institucional y político" que puede coadyuvar a solucionar problemas y conflictos a las corporaciones.

En la Memoria del último año, el porcentaje de seguimiento de los dictámenes del Consejo Consultivo por parte de las administraciones fue del 96,10%, lo que es expresión de la auctoritas de la Institución y la razón de ser de la misma. “Siendo nuestros dictámenes, mayoritariamente no vinculantes, a excepción de los referidos a las revisiones de oficio, y teniendo la Administración la posibilidad de desviarse de los mismos, el hecho de que sigan nuestros postulados en casi un 97% de los casos demuestra el sentido y la razón de ser del Consejo Consultivo”, subrayó. José I. Sobrini y Luis Gracia

La apertura de la Jornada corrió a cargo del presidente de la Diputación leonesa, Juan Martínez Majo y el del Consultivo, Mario Amilivia. La importancia del dictamen preceptivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y la actividad creciente del Tribunal de Recursos Contractuales fueron las ponencias impartidas por los representantes del Consejo (María García y Luis Gracia), moderadas por los consejeros Francisco Ramos y José Ignacio Sobrini. Posteriormente, la intervención sobre las novedades de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que corrió a cargo del secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino, cerró la Jornada.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con una actividad cada vez más importante, cuya competencia también ejerce el Consejo Consultivo desde su sede en Zamora, ha resuelto desde su puesta en marcha sin coste alguno para la Administración  332 recursos, 7 de ellos relativos a contratos de la Diputación leonesa. En la etapa 2012-2015 dictó 303 resoluciones (31 en 2012; 75 en 2013; 96 en 2014 y 101 en 2015).  La explicación del funcionamiento del Tribunal corrió a cargo del secretario del mismo, el letrado Luis Gracia. Cirenia Villacorta y Valentín Merino

En lo que va de 2016 ya ha aprobado 29 resoluciones. El Tribunal, de naturaleza cuasijurisdiccional, se está consolidando como un instrumento de transparencia y buen gobierno mediante el control de la legalidad en la contratación pública.

Es un órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Su papel es no solo de reparación de las situaciones ilegales, gozando para ello de fuerza ejecutiva sus resoluciones, sino que también desempeña una labor doctrinal que sirve de pauta a todos los que participan en los procedimientos de contratación, tanto a los órganos de contratación como a los letrados e interventores que participan en las mesas de contratación.

Mediante su labor, se descongestiona la jurisdicción contenciosa administrativa en el ámbito de la contratación pública. En estos más de 4 años de actividad del TARCCyL sólo un mínimo porcentaje de sus resoluciones han sido recurridas. La motivación y calidad de sus resoluciones constituyen la principal arma disuasoria para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El plazo medio de resolución fue de 33 días naturales, dependiendo de la diligencia en el cumplimiento de los trámites por parte del órgano de contratación y los interesados, y de los incidentes procedimentales que puedan suscitarse.

En el periodo 2012-2015 el Tribunal intervino en recursos que alcanzaron los 2.633.976.969 euros, lo que da idea de la transcendencia de sus decisiones. Los 29 recursos resueltos  en lo que va de año por el órgano totalizan 61 millones de euros.

Consejo Consultivo/Agencia ICAL