Son frecuentes los dictámenes relativos a supuestos de daños sufridos a consecuencia de una deficiente pavimentación (entendida por tal una irregularidad relevante, es decir, superior a 2 o 3 centímetros) en el que la víctima es una persona que tiene dificultades para caminar. 

En estos casos la diligencia exigible a esta persona, entendida como capacidad para salvar obstáculos en la acera, será inferior a la que pueda requerirse a una persona en plenas condiciones físicas, por lo que la minoración de la responsabilidad será, en atención a ello, inferior. Este criterio se ha recogido en numerosos dictámenes, sirvan de ejemplo los dictámenes 14/2013, 107/2013, 153/2013 o 745/2013, entre otros. En concreto, el citado en último lugar se refiere a un supuesto en el que la persona afectada tenía 80 años, circunstancia que fue tomada en consideración para poner de manifiesto que “la capacidad deambulatoria y de hacer frente a los obstáculos que se encuentran en la vía pública disminuye a medida que la edad es avanzada”. 

Postura que el Consejo comparte con la mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en Sentencias significativas al respecto, como su Sentencia de 26 de enero de 2007, ha expuesto: “(…) No es de aceptar la alegación de la falta de responsabilidad de la administración sobre el estado de la vía pública sobre la idea de que los defectos podían ser obviados por la atención de los viandantes, desde el momento en que las declaraciones testificales ponen de relieve la existencia de caídas varias de los usuarios, que es incompatible con dicha alegación de poder ser evitadas las consecuencias nefastas del mal estado de la calle, y mucho menos es admisible con respecto a personas cuyas capacidades sensoriales suelen estar mermadas por el propio paso del tiempo y que merecen, por ello, un mayor cuidado y atención en sus necesidades ambulatorias”. 

Por ello, a la vista de lo expuesto se recomienda que estas circunstancias sean tenidas en cuenta para fijar la determinación de la responsabilidad que, en su caso, corresponda a la Administración y para determinar el importe de la indemnización que pudiera corresponder a los perjudicados. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2013).