Los procedimientos de responsabilidad patrimonial pueden concluir en algunos casos mediante la denominada terminación convencional, por la que, a la par que la Administración reconoce su parte de responsabilidad en los hechos que motivan la reclamación, el interesado muestra su conformidad con la cantidad que aquélla le ofrece como indemnización. 

En estos casos, la Administración reconoce que concurren los requisitos que la ley exige para dar lugar a su responsabilidad, y consiguiente obligación de indemnizar, y fija la cuantía de ésta que, de ser aceptada por el reclamante, dará lugar, previo dictamen del Consejo Consultivo, a la finalización del procedimiento. 

Esta forma de terminación convencional es loable en cuanto tiene de conciliación de los intereses y posturas de las partes implicadas, con lo que se evita así que el conflicto perdure e incluso se extienda a la vía judicial. 

Sin embargo, es necesario que figure en el expediente la documentación o razonamientos adecuados que permitan considerar que la cuantía acordada finalmente como indemnización aparece plenamente justificada. No se trata, por tanto, de un simple reconocimiento pactado de la responsabilidad con el fin de eludir la continuación del procedimiento sino sobre todo de que el interesado obtenga la reparación del daño sufrido mediante una justa indemnización.

(Memorias del Consejo Consultivo de los años 2009 y 2010)