El TRLCAP contemplaba esta causa de resolución en la letra b) del artículo 111 y regulaba sus efectos en los apartados 2 y 7 del artículo 112, preceptos que fueron modificados por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La causa recogida en la redacción inicial del artículo 111.b) era “La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera”.

La redacción primera del apartado 2 del artículo 112 del TRLCAP era la siguiente:

“La declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de fallido en cualquier procedimiento originará siempre la resolución del contrato.

»En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de que en los supuestos de modificaciones en más del 20 por 100 previstos en los artículos 149, letra e); 192, letra c), y 214, letra c), la Administración también pueda instar la resolución”).

El apartado 7 disponía que “En la quita y espera y en la suspensión de pagos la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para la ejecución del mismo”.

Tras la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se adapta la causa de resolución del artículo 111.b) a dicha ley y se limita la resolución del contrato por imperativo legal, en los casos de concurso, a aquellos supuestos en los que se haya acordado la apertura de la fase de liquidación. La nueva redacción del artículo 111.b) y de los apartados 2 y 7 del artículo 112 del TRLCAP era la siguiente (redacción que se mantiene en el artículo 223.b) y en los apartados 2 y 5 del artículo 224 del TRLCSP):

Artículo 111.b): “La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento”

Artículo 112.2: “La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato.

»En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7”.

Artículo 112.7: “En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución

Este Consejo Consultivo ha emitido dictamen en supuestos a los que era de aplicación la redacción primitiva del artículo 112.2 del TRLCAP y en otros bajo la vigencia de la nueva redacción de dicho precepto.

  • Como ejemplo de los primeros, se analizó un caso de declaración de concurso de la empresa contratista, que, realizada por órgano judicial competente, obligaba a la Administración local a proceder de acuerdo con las consecuencias dimanantes de esa declaración y, en este sentido, a declarar la resolución del contrato por imperativo legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.2 del TRLCAP vigente en ese momento.

    Ha de tenerse en cuenta que la actuación del Consejo Consultivo lo es en razón de la naturaleza jurídica del supuesto sometido a su dictamen, y, desde este punto de vista, es preciso distinguir entre la resolución potestativa del contrato en la que el contratista formula su oposición, supuesto en el que sería preceptiva la emisión del dictamen por parte de este Órgano Consultivo, y la resolución por causas objetivas, como en el caso que se analizó, en el que basta la simple constatación de la existencia del auto judicial de declaración de concurso remitido por el Ayuntamiento para proceder a la resolución del contrato, que resultaba “obligada” para la Administración contratante de acuerdo con el artículo 112.2 del TRLCAP, en la redacción vigente en esa fecha (criterio sostenido en distintos pronunciamientos judiciales, así la STSJ de Madrid número 618/2002, de 30 de mayo, en relación con la falta de preceptividad del dictamen del Consejo de Estado, o la STSJ del País Vasco número 662/2001, de 22 de junio, relativa a la innecesariedad de tramitación de un procedimiento de resolución contractual en estos supuestos).

    Es decir, al tratarse de un supuesto de resolución contractual en el que no existe procedimiento administrativo propiamente dicho, sino una declaración del órgano judicial competente que obligaba a la Administración a declarar la resolución del contrato por imperativo legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.2 del TRLCAP, ha de concluirse que la intervención del Consejo Consultivo de Castilla y León no es preceptiva.

 (Dictamen 718/2006, de 19 de octubre)


  • Como ejemplo de los segundos (redacción posterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal), se analizó un supuesto en el que, por Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 4 y Mercantil, de 5 de junio de 2012, se declaró a la empresa XX, S.A. en concurso de acreedores, y por Auto del mismo juzgado de 24 de junio de 2014 se acordó la apertura de la fase de liquidación.

    Si bien la declaración de concurso del contratista constituye causa de resolución del contrato, su aplicación, en tanto no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, es, ahora, potestativa para la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 112.2 del TRLCAP. El apartado 7 dicho artículo establecía que “En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquella para su ejecución”.

    En el caso dictaminado, acordada la apertura de la fase de liquidación, procedía acordar la resolución del contrato.

(Dictamen 619/2014, de 15 de enero de 2015)