*Con anterioridad a la LCSP, el artículo 111.g) del TRLCAP enunciaba como causas de resolución, “El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales”, es decir, no se exigía que estuvieran calificadas como tales en los pliegos. La esencialidad de la obligación era, por tanto, un concepto jurídico indeterminado que debía apreciarse por el órgano de contratación y por este Consejo Consultivo en los casos sometidos a dictamen. Por tanto, sólo cuando la obligación incumplida constituya un aspecto esencial en el contexto de la relación jurídica entablada entre las partes contratantes, podrá llegarse a la resolución del contrato.

Así, se consideró que procedía la resolución del contrato por concurrir el incumplimiento de una obligación esencial en el Dictamen 670/2009, de 30 de julio.

Por el contrario, no se consideró que la obligación incumplida fuera esencial en el Dictamen 636/2006, de 3 de agosto.

*Tanto la LCSP como el TRLCSP exigen, para que pueda apreciarse como causa de resolución el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, que éstas estén calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

Así, por ejemplo, en algunos procedimientos de resolución de contratos de obra se señaló que “aunque bien pudieran haberlo hecho, ni el pliego de cláusulas administrativas particulares ni el contrato califican expresamente como obligación contractual esencial, a los efectos del artículo 206.f) de la LCSP, la de dar comienzo a la obra en un momento determinado, por lo que no parece necesario acordar la resolución del contrato a su amparo, máxime cuando dicha resolución contractual puede fundamentarse claramente en otra causa”.

(Dictámenes 1.541/2011, de 22 de diciembre, y 217/2012, de 19 de abril)


No obstante, en algunos supuestos se ha considerado que una obligación es esencial, pese a que no figure como tal en los pliegos y en el contrato, atendiendo al carácter básico de dicha obligación. Por ello, acreditado su incumplimiento, se dictaminó la procedencia de la resolución contractual por tal causa.

Así se ha apreciado en algunos procedimientos de resolución de contratos de obra, en los que se ha considerado que el abandono de la obra por parte de la empresa contratista constituye el incumplimiento de una de las obligaciones contractuales esenciales, pues aun cuando no está calificada como tal en el contrato, resulta evidente que la obligación esencial del contratista es la ejecución de la obra.

(Dictámenes 1.222/2009, de 26 de noviembre, y 32/2010, de 18 de febrero)


A la misma conclusión se llegó en un procedimiento de resolución de un contrato de servicios, en el que estaba acreditado el incumplimiento del contratista de su obligación de prestar el servicio de bar restaurante, que llevaba cerrado varios meses. Tal obligación, en cuanto era el objeto del contrato, era esencial y su incumplimiento determina la concurrencia de la causa de resolución prevista en el artículo 206.f) de la LCSP.

(Dictamen 528/2013, de 18 de julio)


Igualmente, en el procedimiento de resolución de un contrato de servicio de notificaciones y servicios postales, la obligación de notificar en debida forma, en cuanto era el objeto del contrato, se consideró como esencial, a pesar de que dicha obligación no aparecía así calificada de manera expresa en los pliegos o en el contrato.

Para ello se tuvo en cuenta lo establecido en los pliegos. En el pliego de prescripciones técnicas del contrato el apartado 1 (“objeto de la contratación”) señalaba que la práctica de las notificaciones se realizaría “en las condiciones exigidas por el procedimiento administrativo” en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y sus apartados 2 (“forma de prestación del servicio”) y 3 (“precisiones en torno a la práctica de notificaciones”) describían de manera detallada el modo concreto en que el servicio debería prestarse para adecuarse a lo exigido por la citada ley (plazo de notificación, constancia de la recepción por los interesados, obligación de realizar un segundo intento de notificación si el primero hubiera sido infructuoso, así como las actuaciones a realizar en caso de ausencia del destinatario o rechazo de la notificación). Asimismo, el pliego de cláusulas administrativas particulares establecía, en su cláusula 12ª, que se calificaría como incumplimiento muy grave del contratista “la prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio y el retraso sistemático del mismo”, y también “el fraude en la forma de prestación del servicio, no utilizando los medios adecuados o elementos esenciales exigidos en el mismo” (apartado a, números 3º y 4º); y como incumplimiento grave “el retraso en la prestación del servicio de forma reiterada y no sistemática” (apartado b, número 1º).

(Dictamen 742/2013, de 18 de octubre)


También se consideró así en un procedimiento de resolución de un contrato de gestión de servicio público. En tal supuesto el pago del canon no se calificó expresamente como obligación esencial ni en los pliegos ni en el contrato, lo que podría limitar a priori la resolución del contrato por tal causa. Sin embargo, la omisión de la calificación del carácter esencial no obsta para que la Administración, justificando debidamente la esencialidad de la obligación, pueda proceder a la resolución contrato por este motivo.

Esta posibilidad de atribuir carácter esencial a obligaciones no calificadas como tales en el contrato o en los pliegos se admite también por otros órganos consultivos. Así, el Consejo Consultivo de Madrid, en el Dictamen 408/2011, señala: “En este punto, la indiscutida exigencia legal (art. 206 g) y jurisprudencial (SSTS, Sala 3ª, de 26/1/01, 14/6/02 y 25/5/04) de que los incumplimientos se refieran a obligaciones `esenciales´ del contrato limita en buena medida la potestad resolutoria de la Administración, pero ello no significa que la Administración no pueda hacer uso de esa facultad ante incumplimientos del contratista esenciales pero no calificados como tales en los pliegos o en el contrato. Como ha señalado el Tribunal Supremos en numerosas sentencias (así por ejemplo SSTS, Sala 3ª, de 6/4/87 y 14/11/00), en su determinación deben ponderarse las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias, valorando, conforme a la buena fe y la equidad, el grado de infracción de las condiciones estipuladas y la intención del contratista. Además, se impone que por parte de la Administración se lleve a cabo una adecuada justificación del carácter esencial de cada uno de los incumplimientos alegados”. En el mismo sentido se pronunció la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 20/2011, de 12 de septiembre.

De acuerdo con ello, resulta evidente que el pago del canon constituye, junto a la explotación del servicio, una de las obligaciones básicas del contrato suscrito, por lo que se consideró en este caso como obligación esencial.

El carácter esencial de la obligación de abonar el canon, cuyo incumplimiento se reiteró dos años consecutivos, junto a la aparente voluntad rebelde del contratista al pago, determinó que en este caso se apreciara la concurrencia de una causa de incumplimiento imputable al contratista, incardinable en la letra f) del artículo 206 del LCSP, y, por ello, la procedencia de la resolución contractual.

(Dictamen 115/2014, de 11 de abril)