Naturaleza de la comunidad de regantes. 

(…) cabría plantearse supuestos en los que, en cierta medida, pudiera ser de aplicación a las comunidades de regantes la legislación de contratos administrativos, teniendo en cuenta las funciones o potestades de carácter público que ejercen en lo concerniente a la utilización del dominio público hidráulico. Sin embargo, en el presente supuesto, a la vista del objeto de la contratación y del papel llevado a cabo por la comunidad de regantes en ésta, y a la luz de los artículos 77, 79, 81, 83 y 84 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León; del artículo 68.4 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario; y del Decreto 2.050/1973, de 5 de julio, cabe concluir que el contrato en cuestión no exigiría su plena sujeción al régimen previsto en la Ley de Contratos. 

(…) 

El artículo 4.1.h),3º de la Ley 1/2002 exige, para que el Consejo Consultivo deba ser consultado por la Administración, no sólo que la materia sea la recogida en este ordinal –en este caso, resolución de contrato administrativo en los supuestos establecidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas–, sino que se trate de un expediente tramitado por la Junta de Castilla y León o por las Administraciones locales. Lo cierto es que esta expresión no comprende, en un examen lógico de su contenido, la comunidad de regantes XX, corporación de derecho público adscrita a la Confederación Hidrográfica del YY, en virtud del ya citado artículo 82.1 de la Ley de Aguas. Y, a la vista de cuanto se ha explicado en los párrafos precedentes, no se descubren razones para quebrar la regla general resultante de dicha adscripción aplicada al presente supuesto: la no sujeción a consulta del Consejo Consultivo, puesto que la forma y circunstancias de contratación, pese a implicar, obviamente, el nacimiento en este caso de una estrecha relación –requisitos y condiciones, en el marco de un Plan autonómico– entre la comunidad de regantes y la Junta de Castilla y León, no son suficientes para concluir que entre ambas haya surgido el vínculo de tutela necesario a fin de entender incluida a la comunidad de regantes en la expresión “Junta de Castilla y León” utilizada por el artículo 4.1.h),3º de la Ley 1/2002, efecto, por otro lado, que sería difícilmente compatible con la actual configuración legal de las comunidades de regantes, comunidades de usuarios con el carácter de corporaciones de derecho público adscritas al organismo de cuenca.

(Dictamen 985/2005, de 26 de enero)