UNIVERSIDADES. 

  1. Preceptividad del dictamen.

    El artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, establece que las Universidades se regirán por dicha Ley, por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, así como por sus estatutos. Idéntica remisión se contiene en los Estatutos de la Universidad de XXX, aprobados por el Acuerdo XX/200X, de YY de octubre.

    El artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que “las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación”.

    Desde esta perspectiva, el sistema de responsabilidad de la Universidad de XXX es el regulado en los artículos 139 a 146 de la citada Ley 30/1992 y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, que constituye un único sistema de responsabilidad para todas las Administraciones Públicas.

    Por lo tanto, podemos concluir que estamos ante una Administración Pública en los términos contenidos en la referida Ley 30/1992, así como que está sometida al sistema de responsabilidad recogida en la misma.

    Hay que plantearse en este punto si en estos casos es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, al no recogerse expresamente en su normativa reguladora, y más concretamente en la Ley 1/2002, de 9 de abril, cuyo artículo 4 (que regula los asuntos en los que debe ser consultado el Consejo Consultivo por la Administración), al referirse a los expedientes de responsabilidad patrimonial, únicamente hace referencia a los tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Corporaciones Locales. Habrá que acudir a la cláusula de cierre recogida en el citado artículo, que señala que será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo “en general, en todos los casos en que por precepto expreso de la Ley se establezca la obligación de consulta”, y analizar si en el caso de estos expedientes de responsabilidad patrimonial incoados por la Universidad es o no preceptivo el dictamen del Consejo.

    En el presente caso, la consulta vendría constituida por el bloque normativo integrado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, ya que éste opera como un elemento desgajado de la Ley 30/1992, la cual se remite al mismo para el establecimiento de los procedimientos (artículo 142.3), resultando además dicho Reglamento de aplicación a los procedimientos que inicien, instruyan y resuelvan todas las Administraciones Públicas (artículo 1.2).

    En el artículo 12 del Reglamento se dice que se recabará informe cuando sea preceptivo, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Esta Ley dispone en su artículo 22.13 que la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada “en las reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración del Estado”. Desde una perspectiva histórica, esta expresión abarca todo supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración. Así, el Consejo de Estado debería dictaminar en todo procedimiento dirigido a determinar la posible existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

    En consecuencia, debe emitirse dictamen con el carácter preceptivo que se deriva de la consideración de la Universidad de XXX como Administración Pública, cuyo sistema de responsabilidad patrimonial se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada, y demás disposiciones de desarrollo.

    (Dictamen 228/2004, de 12 de mayo)


  2. Cauce para la consulta.

    Es preciso analizar si la Universidad puede o no solicitar dictamen al Consejo directamente. Al respecto, hay que acudir al artículo 4.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, que señala que “las consultas preceptivas a que se refiere el apartado anterior serán recabadas por el Presidente de la Junta de Castilla y León o el Consejero competente por razón de la materia”. No se hace referencia expresa a Administración distinta, salvo a las Corporaciones Locales a las que se refiere en otros artículos de la Ley, no recogiendo mención alguna respecto a las Universidades.

    Por lo tanto, desde una interpretación gramatical de la Ley, puede entenderse que no podría la Universidad solicitar dictamen al Consejo Consultivo, sino a través del Consejero competente (que en este caso sería el de Educación), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2/2003, de 3 de julio, sobre reestructuración de las Consejerías de la Junta de Castilla y León y el Decreto 79/2003, de 17 de julio, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación.

    Haciendo un análisis comparativo de lo que ocurre en otros Consejos Consultivos, hay que señalar que en el de La Rioja este tipo de consultas se hace a través del Consejero de Educación (Dictamen nº 20/2000, de 4 de mayo), recogiéndolo expresamente en su normativa reguladora, al igual que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (Dictamen nº 424/1998, de 24 de septiembre) que, aun no teniendo previsión normativa expresa al respecto, entiende lo mismo, así como el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (Dictamen nº 24/2003, de 5 de marzo).

    Frente a ello, el Consejo Consultivo de Andalucía, con una normativa similar a la nuestra en este punto, admite las consultas planteadas directamente por la Universidad (Dictamen nº 65/1997, de 8 de mayo), así como el Consejo Consultivo de Galicia (Dictamen nº 546/2001, de 14 de septiembre). Consejos estos últimos que en su normativa no son tan taxativos en cuanto a quiénes están legitimados para elevar consulta al Consejo.

    A la luz de lo expuesto, puede concluirse que las Universidades Públicas de la Comunidad deben plantear las consultas al Consejo Consultivo a través del Consejero de Educación, de manera análoga a lo previsto en el artículo 6 de la Ley reguladora del Consejo, en relación con las Entidades Locales y la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

    (Dictamen 228/2004, de 12 de mayo)