El artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) dispone en su apartado 1 que son causas de nulidad de derecho administrativo de los contratos las previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y enumera en su apartado 2 otras causas, entre ellas, las previstas en el apartado a):“La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71”. 

Según el artículo 41.1 de la LCSP, “La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

(Dictamen 249/2020, de 3 de septiembre) 

En cuanto al procedimiento revisorio, el artículo 41.1 de la LCSP, remite el procedimiento para la revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos a lo establecido en el capítulo I del título V (artículos 106 y siguientes) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (…) el artículo 106, (…) no contempla un procedimiento específico para la revisión de oficio de los actos administrativos, sino que se limita a exigir el dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Por ello, resultan de aplicación las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, contenidas en el título IV de la citada Ley. 

(Dictámenes 82/2020 a 85/2020, todos de 26 de marzo)